Socialistas y populares al servicio de Su Majestad. Como ocurriera hace más de 40 años, los partidos mayoritarios han cerrado filas en torno a la Corona. Sin dejar cabos sueltos ni espacio para el debate. Pedro Sánchez anunciaba en diciembre de 2020 que la monarquía presentaría una “hoja de ruta de renovación” hacia la “transparencia y ejemplaridad” y, año y medio después, Felipe VI ha hecho público su patrimonio y el Gobierno ha anunciado un decreto que, acordado con el PP, introduce como principal novedad la auditoría del Tribunal de Cuentas del dinero de la Casa Real. El resto de formaciones políticas han quedado al margen de este acuerdo. Particularmente, las fuerzas independentistas, a las que Zarzuela ha ninguneado de forma ostensible y que, como Unidas Podemos, se han quedado sin la posibilidad de fiscalizar a la monarquía en el Congreso.
A última hora de la tarde del pasado lunes, Zarzuela hacía público un comunicado donde, guiado por su “espíritu de servicio y compromiso cívico”, Felipe VI anunciaba “su decisión personal de hacer público su patrimonio, que asciende a la cantidad de 2.573.392,80 euros”.
Una hora antes, la noticia había llegado a las principales redacciones del país. Y, previamente, a los partidos con representación parlamentaria. Pero no a todos. Hubo excepciones.
Los diputados republicanos son menos de la quinta parte del Congreso, pero suficientes para provocar un debate público que los partidos mayoritarios han cortado de raíz
A preguntas de la prensa, Casa Real dijo que excluyó a ERC, Junts per Catalunya, EH Bildu, CUP y BNG. Todos ellos, partidos soberanistas, aunque en su explicación responsabilizó a la ya expresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que en los asuntos referidos a la Corona informaba a lo que llamaba ‘partidos constitucionalistas’ –incluso a Vox, aunque su intención sea acabar con el Estado de las autonomías– o a los que formaron parte del consenso constitucional del 78. Zarzuela aclaró que Unidas Podemos fue informado porque forma parte del Gobierno.
En el Congreso hay 66 diputados abiertamente republicanos o críticos con la monarquía española. Del grupo de Unidas Podemos, del grupo EH Bildu, de ERC, de Junts per Catalunya, de la CUP, del BNG y de Más País. Menos de una quinta parte de la Cámara baja, una proporción insuficiente para haber bloqueado un proyecto de ley y hasta una reforma constitucional, pero sobradamente capaz de mantener vivo un debate público dentro y fuera del Hemiciclo sobre la forma del Estado si se hubiese dado vía libre a una tramitación parlamentaria.
Oportunidad perdida
Así se lo reclamaron a Pedro Sánchez sus socios de Gobierno en diciembre de 2020, cuando Moncloa comenzó a hablar de cambios en la monarquía para tratar de contrarrestar el daño de Juan Carlos I a la institución. El presidente de UP en el Congreso, Jaume Asens, aseguraba en una entrevista en La hora de la 1 de TVE que su formación registraría una ley de la Corona para regular “qué puede hacer el rey y qué no”.
Asens no ocultó la intención de su formación. “Hay un partido monárquico, el PSOE, y uno republicano, Unidas Podemos, que respeta las instituciones y que cree que la ciudadanía merece decidir la forma de Estado”, dijo a propósito de abrir un debate entre monarquía y república. Pero hizo algunas observaciones, como que “no puede ser que nos enteremos de las cuentas corrientes que tiene el rey emérito por una investigación criminal” o que el monarca no puede tener cuentas en el extranjero porque “el jefe del Estado tiene que dar ejemplo y tiene que tributar en España”, que no han caído en saco roto.
Los socialistas ya descartaron una ley que atendiera a los intereses republicanos de sus socios y, como hace en la Mesa del Congreso cada vez que registran alguna iniciativa para fiscalizar o investigar el origen del patrimonio del emérito y del propio rey, ha bloqueado la posibilidad de que el Congreso se convierta en una amenaza para la Corona.
Se han asumido algunas de las demandas de UP y, además de revelar su patrimonio –aunque sin entrar en detalles–, Zarzuela asegura que Felipe VI que no tiene cuentas ni propiedades fuera de España. Pero el PSOE no ha dado voz ni voto a sus socios en todo este asunto.
Según el portavoz parlamentario de UP en la Cámara baja, Pablo Echenique, Moncloa no les avanzó que la Casa Real haría público el patrimonio del jefe del Estado y tampoco compartió con el grupo el real decreto que reforma su estructura para avanzar en su transparencia y rendición de cuentas –si fue informada la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz– hasta minutos antes de hacerse pública la noticia.
Lección democrática
Los partidos excluidos de la comunicación previa de Felipe VI le recuerdan que sus votantes también le pagan el sueldo
Los socialistas en el Gobierno sólo informaron al PP por ser “monárquico”, se quejó Echenique en rueda de prensa, que calificó el anuncio de “mero maquillaje”. Tras la suya, llegaron el resto de críticas. El monarca ha decidido ser “sólo rey de una parte”, decía el portavoz de En Comú-Podem, Gerardo Pisarello.
Si sólo decide informar a algunos partidos, debería exonerar a los votantes del resto de pagarle el sueldo, añadía el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. A Junts no les “agrada” Felipe VI “ni lo que representa, igual que a él no le agradamos nosotros ni lo que representamos”, consideraba Miriam Nogueras, que a pesar de ello exigía que rinda cuentas “a todos los partidos”.
Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, ironizaba diciendo que “es un honor” que “no les considere súbditos de la monarquía”; Joan Baldoví, de Compromís, lamentaba también las excepciones que había hecho la Casa Real en su comunicación previa porque “todos tienen el mismo derecho”; e Íñigo Errejón, de Más País, acusaba a Zarzuela de que “se vanaglorie” de informar a unas formaciones y no a otras, porque se trata de una “institución pública que pagamos entre todos”.
Se trató de una formalidad, pero el gesto de la jefatura del Estado mereció la censura de los partidos elegidos democráticamente en las urnas y que, a pesar de ello, no podrán ejercer el derecho a defender otra forma de Estado en un instrumento tan democrático como una tramitación parlamentaria.
