Alba del Prado.
El nuevo capítulo en la llamada ‘guerra del agua’ por el caudal a trasvasar entre los ríos Tajo y Segura pone una nueva nota discordante en las, ya de por sí, previsiblemente tensas campañas electorales de este año. El palo a los regantes levantinos ha sido duro y el coste en imagen también: el crítico García-Page se muestra -sin ambages- como el vencedor de la guerra del agua, mientras el conciliador Puig sale perjudicado.
La victoria de la sentencia del Supremo y el dictamen del Consejo de Estado, que amparan la decisión del Gobierno central de modificar el volumen de agua que llegará al Levante (Comunitat Valencia, Murcia y Andalucía) desde Castilla-La Mancha subirá aún más la temperatura dentro de las propias filas socialistas. Mientras afianza los argumentos del presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page -tradicional crítico de Pedro Sánchez-; coloca en una situación electoralmente difícil al líder del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV), Ximo Puig que, en los últimos tiempos se había convertido en un claro apoyo de Sánchez.
No es de extrañar pues que, ante los próximos comicios, las fuerzas y los intereses del partido en el gobierno muevan ficha para reforzar la posición de Ximo Puig. El recurso más sencillo sería redoblar los esfuerzos del partido en las campañas valencianas, con más presencia de altos cargos del PSOE, ministros o, incluso, del propio presidente del Gobierno en favor del candidato socialista a la Generalitat valenciana. Sin embargo, éste no sería, hoy, un movimiento especialmente bien recibido en la Comunitat Valenciana.
El recurso más sencillo sería redoblar los esfuerzos del partido en las campañas valencianas, con más presencia de altos cargos, ministros o, incluso, del presidente del Gobierno; pero no todos en el PSPV creen que interese
Por mucho que el dictamen del Consejo de Estado indique que es equivocado hablar de dictamen ‘favorable o desfavorable’, el palo a los regantes levantinos ha sido duro y el coste en imagen también: el crítico García-Page se muestra -sin ambages- como el vencedor de la guerra del agua, mientras el conciliador Puig sale perjudicado.
El Gobierno de Pedro Sánchez asegura que ha elaborado un plan de inversiones de 8.000 millones de euros hasta 2027 pero, al menos de momento, no parece que eso vaya a convencer a su electorado. Si hay que hablar de compensaciones, la “clamorosa infra financiación” como la describen en fuentes valencianas sería -probablemente- el único argumento que sería escuchado en ese territorio que, por lo demás, es clave para preservar el equilibrio de fuerzas autonómico frente al PP.
De hecho, el presidente valenciano destacaba este punto como una de las claves políticas del Estado en una entrevista concedida a ‘El Siglo’ el pasado mes de diciembre, en la que no descartaba que pudiera renovarse la financiación autonómica en tiempo electoral. “Hay una certeza – decía- : la Comunitat Valenciana es la que menos financiación per capita tiene, algo refrendado por todos los indicadores y estudios. Por tanto no se puede cronificar la injusticia. Esta es una cuestión que tiene que ver con la igualdad, con la cohesión territorial y con el cumplimiento de la Constitución. Ha de haber un acuerdo entre los territorios y entre las fuerzas políticas para que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades. El Gobierno de España ha presentado una propuesta, a partir de la cual cada comunidad autónoma ha de hacer sus aportaciones y eso es un paso importante. Nadie debe aparcar la reforma del modelo de financiación. Sé que nunca parece el momento de los acuerdos, pero sin duda, es una exigencia moral acabar con la discriminación”.
La “clamorosa infra financiación” como la describen en fuentes valencianas sería
–probablemente– el único argumento válido ante el tenso ambiente en un territorio clave para el equilibrio de fuerzas autonómico
La cuestión, ahora, es si el gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a abrir ese ‘melón’.
La ecuación electoral incluye una doble incógnita. Además de saber qué nivel de beligerancia reivindicativa adoptará el PSPV respecto al agua del trasvase, es de prever también que el socio en el gobierno valenciano y un apoyo imprescindible del gobierno central en el Parlamento, el nacionalista valenciano Compromís ataque esa política que supone la reducción del suministro de agua, en este caso, al campo valenciano.
Antecedentes
Pero, a juzgar por las últimas declaraciones del President valenciano, esto es un paso más en la guerra del agua.
El desencadenante de este nuevo capítulo empieza en noviembre del año pasado. Una sentencia del Tribunal Supremo señalaba: “Debemos ya dejar sentado que todas las alegaciones que se hace por las partes en relación a los efectos del trasvase para las respectivas economías de la propia cuenca emisoras y receptoras del agua está condicionado por la misma existencia de caudal para abastecer todos esos intereses”. Y añadía que “si el caudal necesario es insuficiente para atenderlos, debe ser la norma jurídica la que determine la forma en que ha de realizarse el reparto del agua, en una evidencia más de que se trata de un elemento escaso”. No es la primera vez que el alto Tribunal ratifica el cambio de normas en la explotación del trasvase Tajo-Segura frente a recursos presentados por los gobiernos de Castilla-La Mancha, Murcia (en julio de 2022) y más tarde por los regantes valencianos.
Tras esa sentencia, el pasado 19 de enero, el Consejo de Estado daba otra puntilla al avalar, por unanimidad, el recorte del trasvase Tajo-Segura con la aprobación del dictamen sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se revisan doce planes hidrológicos de cuenca y que respalda que el Tajo cuente con un caudal ecológico mínimo que le permita mantenerse en buen estado.
Aunque el dictamen del Consejo de Estado -máximo órgano consultivo del Gobierno- no es legalmente vinculante también es cierto que es políticamente poco defendible no seguir sus indicaciones. La consecuencia del nuevo Proyecto de Real Decreto es que el caudal ecológico a su paso por Aranjuez (Madrid) sube de seis a siete metros cúbicos por segundo desde el 1 de enero y pasará a ocho metros cúbicos por segundo en 2026 y a 8,65 metros por segundo en 2027.
Para los regantes levantinos su aplicación haría inviable una agricultura que durante décadas ha dependido del agua trasvasada. ASAJA-Alicante, por su parte, muestra su tajante disconformidad a la decisión del Consejo de Estado y lamenta que no se haya contemplado la disposición que abría la puerta a negociar a la baja en 2026 la cantidad de agua del caudal ecológico del río.
Page, nuevos objetivos
Tras conocerse la decisión del Consejo de Estado, el Gobierno de Emiliano García-Page expresó su satisfacción: “Es muy difícil que algo sea más legal que aquello que da respuesta a cinco sentencias de Tribunal Supremo que obligan a incluir en la planificación del Tajo los caudales ecológicos”, dijo el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo.
García-Page ha subrayado que “nos hemos peleado para conseguir algo que parece mentira que hayamos tenido que ir a los tribunales. El problema del agua no es un problema de que tenga razón Page o la tenga el presidente de otra comunidad. No es una decisión caprichosa, hoy el problema no es político sino estrictamente legal”, dijo en respuesta al dictamen del Consejo de Estado.
Page: «El problema del agua no es un problema de que tenga razón Page o la tenga el presidente de otra comunidad (..) Hoy el problema no es político sino estrictamente legal”
Tras un consejo de gobierno celebrado en la localidad ciudadrealeña de La Solana, García-Page aseguraba que: “Después de muchos años, hemos ganado pleitos gracias al acuerdo con el Estado para derogar el memorándum de la vergüenza”, en alusión al Memorándum del Tajo que se aprobó en la etapa del Gobierno de Dolores de Cospedal.
De hecho, el presidente castellanomanchego, consciente de los réditos políticos que le aporta el agua, mira ahora hacia el Alto Guadiana y la tubería manchega, el enlace que abastecerá ya en la próxima primavera a y en puertas de la campaña de elecciones autonómicas, a quince municipios (once de Cuenca, dos de Albacete y dos en Ciudad Real).
El capítulo ¿final?
Ahora se espera la respuesta judicial del gobierno valenciano. El Ejecutivo regional alega que el plan del Tajo tiene defectos de tramitación y se cambió de forma unilateral. Y ha pedido a la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, que emita un informe desfavorable sobre el proyecto de real decreto que afecta al plan hidrológico.
Según la Abogacía de la Generalitat valenciana, el proyecto de plan hidrológico del Tajo “cuestiona el trasvase y no tiene en cuenta los impactos económicos que ocasiona”, ha sufrido “defectos en su tramitación, determinantes para su nulidad de pleno derecho”, y adolecen además de “falta de criterio y rigor técnico”.
Para el servicio jurídico valenciano, se ha tomado una decisión “arbitraria basada en la libre voluntad de la Administración redactora de la norma” y que durante el proceso “se han vulnerado los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, lealtad institucional, buen gobierno y transparencia”, principios amparados por la Constitución y por el régimen jurídico de las administraciones públicas.
La Generalitat valenciana se aferra a la recomendación que el Consejo de Estado ha lanzado al Gobierno de que garantice “la coherencia entre las cuencas cedente y receptora”, lo que limitaría el recorte. Por ello, Puig ha pedido que el Gobierno de Pedro Sánchez reconsidere el real decreto desde “el rigor y el diálogo”, sin descartar la vía judicial.
La Abogacía de la Generalitat valenciana cree que “se han vulnerado los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, lealtad institucional, buen gobierno y transparencia»
A principios de enero, la Generalitat aseguraba que, después de un encuentro con la vicepresidenta Teresa Ribera, se redactó un nuevo texto, que no es el que se debatió y votó en el Consejo del Agua, en el que se que imponen unos incrementos fijos e inamovibles de los caudales ecológicos para el Tajo hasta 2027, “sin tomar en consideración ningún análisis previo del estado de las aguas, con el consiguiente y grave perjuicio para los regantes de la cuenca del Segura”.
Por su parte, la vicepresidenta Ribera insiste en que el proyecto de decreto ley ‘bendecido’ por el Consejo de Estado es el “que consiguió el respaldo mayoritario del Consejo Nacional del Agua”, y añade que “en la documentación previa se introdujo alguna modificación con respecto a lo que había sido ya consensuado entre territorios, con regantes” para cumplir con las cinco sentencias del Tribunal Supremo que obligaban a fijar un caudal ecológico para el Tajo; y aseguró que de aquí a 2027 se acometerán inversiones para garantizar 120 hectómetros cúbicos de agua adicionales para Almería, Murcia y Alicante.
De momento, la respuesta política del President valenciano ha sido responder a las críticas del trasvase con una ayuda al agua desalada ya que la Generalitat subvencionará 10 céntimos por metro cúbico para bajar el precio del agua hasta los 24 céntimos el metro cúbico.
El anuncio se suma al del Gobierno central que ya ha avanzado que fijará el precio del agua desalada en 34 céntimos por metro cúbico, por debajo de los 36 céntimos que planteaba inicialmente. El agua desalada aparece como la solución reivindicada por el Ministerio de Transición Ecológica tras el recorte del trasvase, con un estímulo para bajar su coste, uno de los problemas con el que se topan los regantes para optar a este recurso.
Además, el president ha avanzado también que pedirá la constitución inmediata de la Comisión de Seguimiento de las Infraestructuras para garantizar «agua para siempre» en la Vega Baja y que en ésta estarán representados los regantes. “
Pese a todo Ximo Puig ha mostrado su tono más conciliador con la medida del Ejecutivo central al asegurar que en el acuerdo «hay cosas positivas» y entre ellas está la subvención de parte del agua desalada que hará el Gobierno de España. «Necesitamos más fuentes y a un precio asequible», ha incidido el jefe del Consell quien ha señalado que la «hoja de ruta» del Eejcutivo autonómico será «tener más soberanía hídrica».
El Gobierno ejecuta el recorte del trasvase pero, in extremis, abre una rendija a la esperanza con unas cláusulas que, al menos en teoría, permiten revisar y suavizar la reducción de los aportes desde el Tajo
Es decir, el Gobierno ejecuta el recorte del trasvase Tajo-Segura, pero in extremis abre una rendija a la esperanza con unas cláusulas que, al menos en teoría, permiten revisar y suavizar la reducción de los aportes desde el Tajo y con un compromiso para que haya agua desalada a precio razonable.
Las esperanzas del gobierno valenciano se centran en una de las disposiciones adicionales del Real Decreto que obliga a que, en dieciocho meses, el ministerio de Teresa Ribera elabore una Orden en la que se fijen los «criterios técnicos» para determinar los caudales ecológicos; lo que en la práctica supone elaborar un nuevo plan hidrológico dentro de año y medio.
La oposición se mueve
El recorte del suministro de agua ha vuelto a llevar las protestas a la calle. Las movilizaciones de agricultores se han producido desde principios de año con miles de agricultores convocados por organizaciones como Asaja o el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) para pedir que no se recorte el agua que riega la agricultura de las provincias de Alicante, Murcia y Almería. En ellas, la representación política fue total con la unidad de prácticamente todo el espectro. PP, PSOE y los gobiernos de la Región de Murcia, la Generalitat valenciana y la Junta de Andalucía enviaron sus delegaciones a la concentración ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que encabeza Teresa Ribera y a la manifestación realizada frente al Palacio de la Moncloa la semana pasada.
Como era de prever, este nuevo marco legal es aprovechada por la oposición política. De hecho, el presidente de la Diputación de Alicante y del PP valenciano, Carlos Mazón, definió la revisión del plan hidrológico como “el mayor hachazo” al trasvase Tajo-Segura de su historia. “La muerte anunciada del trasvase se consuma con los planes del PSOE, estamos ante un daño irreparable a la provincia de Alicante que va a afectar a la huerta de Europa, a la sostenibilidad, a la agricultura, a la economía de las miles de familias que viven del trasvase y a los precios de consumo”, dijo.
En esa línea, el popular Fernando López Miras, presidente de Murcia, se ha mostrado radicalmente en contra y aseguró que “no hay ni un solo informe científico ni técnico que justifique o avale que si se recorta el trasvase esto va a tener una consecuencia positiva medioambiental”. López Miras avisa de la devastación económica que supondrá para los agricultores de la región la medida y tras asegurar que el Gobierno de Pedro Sánchez maltrata a su comunidad autónoma, vaticina que el agua “se va a convertir en un bien de lujo”.
Consecuencias económicas y ambientales
La oposición y los temores del campo levantino se deben a que, según los empresarios y regantes hoy solo cuentan con agua desalada para cubrir un 25% del recorte del trasvase.
Según el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, el recorte del trasvase haría inviable la agricultura desarrollada durante décadas: este colectivo asegura que la infraestructura genera más de 100.000 empleos y que su industria agroalimentaria aporta 3.000 millones de euros al PIB nacional. Otro dato que destacan es que las tres provincias que se benefician de la obra —inaugurada en 1979 y de 292 kilómetros de longitud— producen el 71% de las exportaciones nacionales de hortalizas y el 25% de frutas. El precio es clave: según el sindicato, el agua del trasvase es tres veces más barata que la procedente de desaladoras. La semana pasada miles de personas se manifestaron en Madrid en contra del recorte.
Solo en Alicante, la organización agraria Asaja-Alicante y la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal) advierten de que a los empleos perdidos hay que sumar una pérdida de patrimonio agrícola cifrado en cerca de 6.000 millones de euros derivado de las cerca de 30.000 hectáreas que van a pasar a barbecho o secano por la falta de agua. Algo que puede dar lugar una nueva batalla jurídica contra el Ministerio para la Transición Ecológica en forma de reclamación de indemnizaciones multimillonarias.
Para la organización ecologista Xúquer Viu la nueva normativa condena al Júcar a un «deterioro progresivo». La entidad ecologista alerta de que la persistencia de la sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental, los insuficientes caudales ambientales, el trasvase en el Vinalopó o la perpetuación de la precariedad de la Albufera dejan el Júcar «en una situación de deterioro progresivo». Por ello ven amenazado el futuro del Júcar y de la Albufera. Y consideran que los escasos aspectos positivos conseguidos respecto al anterior plan «son claramente insuficientes, en un contexto de cambio climático que afectará notablemente a los recursos hídricos, y no va a servir para frenar el deterioro de nuestras masas de agua. Aspectos fundamentales no se han resuelto de manera satisfactoria y no solucionará la situación precaria en la que nos encontramos».
Con las posiciones enfrentadas y las campañas electorales a la vuelta de la esquina, PSOE y PSPV, Sánchez, Puig y García-Page afrontarán con diferentes argumentos sus propuestas al electorado. Se abre la negociación.
