A pesar de las interacciones positivas de la comunidad científica con los poderes públicos, así como las mejoras administrativas, persisten importantes deficiencias. Incluso teniendo en cuenta la transitoriedad de la situación política en 2019 que no está propiciando reconducciones positivas, no se han apreciado gestos de calado que anticipen voluntad de incrementar la financiación de la I+D+i ni de agilizar suficientemente su gestión.
Entre los aspectos más negativos cabe constatar, en primer lugar, la continuada precariedad de la inversión en ciencia, con pobres asignaciones (similares a las de la convocatoria anterior) en los proyectos del Plan Estatal de Investigación resueltos durante 2019, retrasos en las convocatorias e implementación de las ayudas y situación precaria de los estudiantes de doctorado y científicos jóvenes.
En segundo lugar, la falta de compromiso para revisar las prioridades en los presupuestos Generales del Estado (PGE) y para eliminar las partidas adscritas a I+D+i que no se ejecutan y garantizar que todos los fondos presupuestados lleguen a los investigadores y a las instituciones que los albergan. La Real Academia de Ciencias también echa en falta un programa para la estabilización del personal investigador y para el desarrollo de su actividad investigadora de manera continuada e independiente, facilitando los medios económicos y administrativos para ello.
Junto a estos problemas, el documento subraya la insuficiente calidad, transparencia o justificación en el proceso de evaluación de proyectos. Ello es particularmente relevante cuando la financiación es insuficiente. Una evaluación correcta es estimulante y, al contrario, una evaluación desacertada genera un desánimo muy negativo, en particular en los científicos jóvenes.
Entre los aspectos más negativos: la continuada precariedad de la inversión en ciencia, retrasos en las ayudas y situación precaria de los estudiantes de doctorado y científicos jóvenes
Además, falta un análisis de las conexiones entre ciencia y sistema educativo, que pudiera mejorar la calidad de la docencia superior y aspirar a la formación de profesionales de alta cualificación; e iniciativas para creación de nuevas empresas basadas en el conocimiento, que tanto beneficiaría al sector productivo, con invenciones sobre instrumentación y metodologías, con redes colaborativas entre Universidades, OPIs y empresas.
Por último, aparece la ausencia de iniciativas para armonizar la participación de los diversos actores sociales implicados en la investigación científica. Ante esta situación, la RAC reafirma la necesidad de un cambio de actitud respecto a la ciencia y hace un llamamiento para abordarlo conjuntamente con poderes públicos implicados en su planificación.
Necesidad de ejecución de los presupuestos destinados a I+D+i
La inversión pública en I+D+i incluye subvenciones (destinadas a proyectos ordinarios, generalmente en investigación básica) y créditos (concedidos por el CDTI, en investigación aplicada, desarrollo e innovación). La mayoría de fondos destinados a créditos no se ejecuta, contribuyendo a la falta de investigación en las empresas, una de las principales carencias de nuestro sistema de I+D+i. El cociente gasto privado/gasto público mide, de alguna manera, el grado de desarrollo del país en cuestión. Mientras que para países como Reino Unido o Alemania dicho cociente está en torno a 2, en Escandinavia se observan cifras muy superiores. En España el cociente escasamente supera la unidad. Una cifra baja de este cociente plantea serias dudas sobre la utilización de los resultados de la investigación básica y de la aplicada por parte del sistema productivo.
Las razones de esta baja inversión en I+D+i de las empresas han sido discutidas en distintos foros sin alcanzarse una coincidencia suficiente en los análisis. A pesar de que en los últimos tiempos los PGE en su Capítulo VIII han efectuado un esfuerzo al incluir créditos muy ventajosos a empresas para actividades en I+D+i, las tasas de ejecución han sido muy bajas, siempre inferiores al 50% llegando, a veces, a tasas ridículas. Cuando una partida tan importante se ejecuta en tan baja proporción, la autoridad competente debe plantearse urgentemente los motivos de tal desajuste. El análisis del informe RAICEX (Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior) muestra que la actividad en otros países se cataliza facilitando contactos entre el mundo académico e industrial, una visión amplia de los temas científicos merecedores de apoyo, financiación híbrida industria-centros de investigación con estancias de investigadores en empresas, etc.
Aunque en España las administraciones públicas, universidades y otros organismos de investigación vienen desarrollando numerosas iniciativas de este tipo, lo cierto es que los pasos dados hasta ahora no parecen suficientemente efectivos. La RAC ofrece su cooperación a las autoridades competentes para llevar a cabo un estudio urgente en profundidad de las causas de la baja utilización de los créditos I+D+i y asegurar que todos los fondos presupuestados sean aprovechados para la investigación. También muestra su disposición a estudiar conjuntamente vías de colaboración eficaces entre el mundo académico y los sectores productivos y de estimular el aumento de gasto en investigación del sector privado.
Modificación de la Ley de Mecenazgo
A pesar de que la inversión pública y las conexiones mundo académico-empresa resultan fundamentales para estimular el desarrollo científico y tecnológico de un país, existen medidas complementarias que podrían aumentar la actividad científica en España. Una de ellas es una adecuada formulación de la Ley de Mecenazgo que permitiera obtener beneficios fiscales de donaciones para la ciencia. La actual Ley 49/2002 de 23 de diciembre, “de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo”, no enfatiza las ayudas a la ciencia como un importante bien social con repercusiones para el devenir del país y sitúa tales ayudas a lo sumo al mismo nivel que las ayudas para prestaciones sociales y actividades deportivas.
El examen del informe RAICEX sobre el mecenazgo de la ciencia en otros países, muestra un considerable número de asociaciones cuya prioridad es la financiación de la ciencia (ejemplos: Wellcome trust, CRUK, Leverhulme Trust o la British Heart Foundation en el Reino Unido o CIFRE y Labcom ANR en Francia) o modalidades de exención fiscal vigentes en otros países que favorecen el mecenazgo de la investigación científica. Un contribuyente norteamericano puede deducir hasta siete veces más en impuestos que en España para el mismo tipo de donación a la ciencia.
En España existe un sustrato de actividad fundacional que podría incentivarse para un apoyo más efectivo a la investigación científica. Según el informe “El Sector Fundacional en España” (Juan José Rubio Guerrero y Simón Sosvilla Rivero, publicado por la Asociación Española de Fundaciones, octubre de 2016), el 21% de las fundaciones registradas en España dicen apoyar la educación e investigación. La financiación de I+D por parte de las fundaciones se ha incrementado un 52% en los últimos 10 años según el informe “La financiación de la I+D por el sector de las instituciones privadas en España”, escrito por Luis Sanz-Menéndez y Laura Cruz-Castro. En el informe se destaca el liderazgo de fundaciones como LaCaixa, BBVA, Banco Santander, Ramón Areces o la Asociación Española contra el Cáncer. El recientemente creado “Consejo de Fundaciones para la Ciencia” pretende activar las interacciones entre las fundaciones que apoyan a la investigación.
En otros países se catalizan más contactos entre el mundo académico e industrial, una visión amplia de los temas científicos merecedores de apoyo y financiación híbrida industria-centros de investigación, con estancias de investigadores en empresas, etc.
A pesar de estas actividades esperanzadoras, de nuevo según el citado informe, la inversión total en ciencia (incluyendo formación y divulgación) es muy limitada ya que representa aproximadamente un 2% del total de los fines fundacionales.
La RAC es consciente de que una reforma de la Ley del Mecenazgo que incentivara donaciones para la ciencia tiene numerosos componentes jurídicos y administrativos de considerable complejidad. Dada la importancia de incorporar el mecenazgo a las medidas de modernización de España basadas en ciencia e innovación, la RAC ofrece su ayuda a los expertos ministeriales para estudiar reformas realistas y factibles a corto plazo para promover un mecenazgo efectivo de la ciencia en España.
Propuesta de interacción de la RAC con estamentos políticos y sociales
La RAC expresa su deseo de colaboración con los poderes públicos relevantes para el análisis conjunto de acciones realistas para abordar la ejecución de los presupuestos destinados a los distintos capítulos de I+D+i en los PGE, incrementar la interacción entre el mundo académico y los sectores empresarial y fundacional, a fin de estudiar modificaciones de la vigente Ley de Mecenazgo española para estimular donaciones para la ciencia.
La interacción entre la RAC y las fundaciones que contemplan ayudas a la ciencia podría abarcar, además, asesoramiento por expertos de la RAC para comités de planificación, diseño de nuevos programas y convocatorias, así como su evaluación. Las convocatorias podrían incluir proyectos de colaboración entre el mundo académico y la industria para facilitar conexiones entre investigación básica y aplicada y complementar acciones gubernamentales (convocatorias del CDTI, Torres Quevedo, Doctorado Industrial, Plan Estatal, etc.).
Además proponemos la armonización de acciones y propuestas con otros agentes con larga experiencia en asuntos de política científica como son la COSCE, Fundaciones COTEC y Gadea, la CRUE, Ciencia en el Parlamento RAICEX como representante de las comunidades de científicos españoles en el exterior, etc.
