Destacado Económico / N. L. ■
La decisión del presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, la tercera fortuna española, con 3.800 millones de euros, según ‘Forbes’, ha sido tan brutal, tan taimada, perpetrada con premeditación y alevosía, que no parece que haya sido decidida por razones estrictamente económicas.
El consejo de administración de Ferrovial ha propuesto una fusión entre la matriz y Ferrovial International (Fise), una sociedad anónima europea neerlandesa que ya es titular del 86% de los activos y pasivos de la compañía, lo que supondrá que la matriz “se extinguirá mediante su disolución sin liquidación” y el domicilio social se trasladará de España a Países Bajos. Cuando esto suceda, Fise constituirá una sucursal en España y asignará un número determinado de activos a esa filial. O sea: la multinacional española, joya de la Corona y orgullo nacional por su poderosa presencia en el Mundo Mundial, queda reducida a una filial a la que la matiz holandesa concederá alguna limosna en activos.
Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pedirá la doble admisión a negociación en ese país, cotizando también en España, para cotizar posteriormente también en Estados Unidos. La operación todavía está sujeta a la aprobación de los accionistas en la próxima junta en la que los Del Pino juntan el 32,2% apoyados en los fondos Lazard, BlackRock, Christopher Anthony Hohn y The Children Investment Master Fund, que suman el 29% En total, Rafael del Pino cuenta con más del 53%, una holgada mayoría absoluta. Los que voten en contra podrán ejercitar el derecho de separación, que en ningún caso podrá exceder de 500 millones de euros, ya que en ese caso no se llevaría a cabo.
El efecto sede
Los argumentos expresados por la empresa han sido: la alta internacionalización de la compañía, cotizar en bolsas potentes como Nueva York con facilidades o para financiar una inmensa deuda. Según indicó Miguel Sebastián en ‘Al Rojo Vivo’: «Se van porque es una empresa muy endeudada» y recordó que esto se remonta a 2006, cuando decidió comprar «los aeropuertos británicos que valían tres veces más que Ferrovial».
Puestos estos argumentos en un platillo de la balanza pesan menos que las consecuencias negativas, empezando por el fuerte deterioro de su popularidad, de la reputación de la marca, un objetivo prioritario para las grandes compañías. Y con efecto más inmediato, la irritación del gobierno de la nación.
El ‘efecto sede’ que, entre otras ventajas, facilita la relación del empresario con el Gobierno, es un factor difícil de evaluar pero de gran importancia para el país y para la empresa, por eso los gobiernos, aunque se manifiesten en favor de las exigencias de la globalización, o en el caso de España las que proceden de formar parte de la Unión Europea, hacen todo lo posible en evitar la salida del país.
Sánchez, indignado
“En España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con el país. No es el caso del señor Del Pino”, ha comentado Pedro Sánchez desde Dinamarca y ha ratificado lo anunciado por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño: que se analizará a fondo la decisión “para comprobar si cumple con la legalidad”. Y, desde Finlandia, Sánchez ha manifestado su indignación recordando que Del Pino ha amasado su fortuna en buena medida gracias a los españoles; que su empresa ha crecido con contratos públicos pagados con impuestos de todos. Y ha sentenciado: “La patria no es sólo hacer patrimonio; es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar cuando tu país lo necesita, estamos hablando de la tercera fortuna de España”.
Y en España remachó el mensaje: “Esta decisión golpea la imagen de España. El Gobierno no puede tolerar que una empresa que ha crecido con contratos públicos ahora ponga en cuestión la seguridad jurídica de su país, precisamente en un momento en el que se está multiplicando la inversión extranjera.
Por su parte, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha calificado de “acto político” la salida de la empresa, una decisión que considera “injusta”.
El hecho de que la decisión haya sido preparada sigilosamente durante un año, sin hablar antes con el Gobierno de la nación, refuerza el carácter político de la medida. Y el hecho mismo de las explicaciones dadas en su defensa, como que la decisión de marcharse a los Países Bajos no reducirán los impuestos que paga en España ni las inversiones previstas, refuerza la idea de que no trata de reducir costos, o sea, que actúan políticamente.
Como política fue la razón de que importantes empresas españolas, entre ellas las del grupo La Caixa abandonaran Cataluña. Lo que no ha tenido sensibles consecuencias económicas o laborales, pero resultan sensibles en el plano político.
Paga pocos impuestos
En lo que a Ferrovial se refiere, las promesas de que no descenderá su aportación fiscal y laboral a España están en contradicción con el hecho de que Ferrovial, según fuentes oficiales citadas por ‘El País’, sólo ha tenido que pagar el impuesto sobre beneficios en tres ejercicios durante la última década, según se desprende de las cuentas anuales consolidadas de la matriz. Desde 2010 sólo ha tributado por este impuesto sobre las ganancias durante los años 2014, 2018 y 2019. El resto de ejercicios se ha librado de pagar al registrar pérdidas en España y aplicarse créditos fiscales (una deducción que rebaja la factura con el fisco). Según este periódico: “Veteranos inspectores de Hacienda recuerdan que en algunos seminarios de tributación se pone como ejemplo a Ferrovial y a la familia Del Pino para ilustrar cómo funciona la ingeniería fiscal y financiera para reducir al mínimo el pago de impuestos”.
La prueba más evidente de la decisión de hacer daño al Gobierno y proporcionar un regalo valioso al dirigente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, es dar a entender que Ferrovial huye para defenderse de una deficiencia escandalosa en una democracia: la seguridad jurídica.
Puestos estos argumentos en un platillo de la balanza pesan menos que las consecuencias negativas, empezando por el fuerte deterioro de su popularidad, de la reputación de la marca, un objetivo prioritario para las grandes compañías. Y con efecto más inmediato la irritación del gobierno de la nación. / EP
Según Villarejo, “vulnera el orden constitucional”
Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal anticorrupción, va más allá en la interpretación de los hechos como decisión política al afirmar que “Ferrovial vulnera el orden constitucional” en un artículo publicado en el ‘Diario.es’ el pasado 3 de marzo.
Sostiene Villarejo: “Estamos, pues, ante un sistema de “orden socioeconómico” que el legislador debe amparar y proteger frente a aquellas conductas que lo perturban gravemente. Como la que resulta de la decisión de la Dirección de Ferrovial S.A. de trasladar su sede de España a los Países Bajos tras fusionarse con otra sociedad, de igual denominación, constituida previamente. Una sociedad, con un capital social de 149 millones de euros y unos 24.000 trabajadores, cuya aportación fiscal a la economía española es de, aproximadamente, 40 millones de euros. Y con una presencia institucional y laboral en EE UU, Canadá, Reino Unido, Polonia, Turquía, India… Con una actividad empresarial en todos los ámbitos imaginables, aeropuertos, construcción, agua, infraestructuras, movilidad y transporte, negocios, servicios, etc. Una empresa más que, lesionando gravemente la economía española, opta por regímenes fiscales mucho más favorables, después de haberse constituido (en 1950) en nuestro país y haber progresado y extendido su actividad y su enriquecimiento gracias a la “economía de mercado” y a los correspondientes beneficios fiscales, en la etapa de la dictadura y ya en democracia. Ejemplo: su presidente, Rafael del Pino Calvo-Sotelo, que percibió en 2022 una retribución de 5,2 millones de euros, debe ser objeto de una investigación para clarificar las causas y los fines de tan grave y lesiva decisión”.
