Cristina Narbona
La “receta estrella” (prácticamente la única) de la política económica del Partido Popular –y por supuesto de Vox– es la bajada generalizada de impuestos. Incluso hemos asistido, durante estas últimas semanas a afirmaciones sorprendentes por parte del nuevo líder del PP, a propósito del destino de los impuestos sobre los carburantes, acusando de “forrarse” al Gobierno de la nación, cuando más del 50% del importe de dichos tributos corresponden a las Comunidades Autónomas (incluida Galicia, hasta ahora gobernada por Feijóo).
Pero disparates aparte, el PP insiste en mensajes que pueden resultar atractivos para muchos ciudadanos, y que conviene aclarar.
Los recortes en las políticas sociales pasan factura, aunque una parte importante de la población no parece ser consciente del correspondiente aumento de la desigualdad
Lo primero es recordar que lo crucial no es cuánto se recauda, sino quienes pagan los impuestos y a quiénes benefician. En España, el grueso de la carga impositiva recae sobre las clases medias y trabajadoras, por lo que cualquier reforma que persiga una fiscalidad más justa, exige una revisión del tratamiento de las rentas del capital y de los segmentos más altos de las rentas del trabajo. Una reducción generalizada de impuestos supone o bien un aumento de la deuda pública o bien una disminución del gasto público en educación, sanidad, dependencia, infraestructuras…, que perjudica, precisamente, a quienes más están contribuyendo a los ingresos tributarios. No puede haber justicia social sin justicia fiscal.
El ‘mantra’ neoliberal según el cual al bajar los impuestos aumenta la actividad económica, el empleo e incluso la recaudación global es simplemente falso. Invito a la lectura de los recientes artículos del profesor Carlos Manera, consejero del Banco de España (1), en los que se desmonta la supuesta correlación entre la reducción de los impuestos con el crecimiento económico. Basta mirar a los países de nuestro entorno, con una presión fiscal significativamente mayor que la española, donde los datos macroeconómicos (y la solidez de su aparato productivo), además de la calidad de sus servicios públicos, superan sin duda a los nuestros.
La experiencia de la Comunidad de Madrid, donde desde hace años los gobiernos del PP combinan rebajas fiscales –para los más pudientes– con recortes en los servicios públicos, en particular sobre la sanidad y la atención a la dependencia, debe ser conocida. Tristemente, ha sido la Comunidad que ha registrado el mayor exceso de mortalidad durante la etapa del Covid-19. Los recortes en las políticas sociales pasan factura, aunque una parte importante de la población no parece ser consciente del correspondiente aumento de la desigualdad: un proceso que tiene efectos sociales y económicos negativos, pero también políticos, ya que la desigualdad es el mayor caldo de cultivo de los populismos que cuestionan las instituciones democráticas.
Lo cierto es que ningún país de la Unión Europea, ni siquiera los gobernados por partidos conservadores, han acordado rebajas generalizadas de impuestos como respuesta a un incremento de la inflación, provocada por una combinación de causas (en la que destaca la elevadísima dependencia del gas ruso). Hay varias razones, que el PP debería tener en cuenta; entre otras, los altos niveles de deuda pública desaconsejan reducir los ingresos públicos, en un momento en el que se necesita incrementar las ayudas para los más vulnerables; y eso de “donde mejor está el dinero es en los bolsillos de los ciudadanos”… puede comportar un incremento de la demanda y por tanto un ulterior aumento de la inflación, teniendo en cuenta que nos enfrentamos a dificultades para incrementar la oferta en muchos sectores productivos.
Hay que tener en cuenta, también, que una parte significativa de los impuestos recaudables va a parar a paraísos fiscales; y que un porcentaje de los impuestos efectivamente recaudados, a quien beneficia es a los corruptos, detrayendo recursos para aquellos que más necesitan de las políticas públicas.
Por tanto, la erradicación de la evasión fiscal y de la corrupción contribuirían de forma notable al fortalecimiento del Estado del Bienestar, garantizando mucho mejor los derechos básicos de nuestra ciudadanía. Y, de paso, las instituciones democráticas recuperarían credibilidad: algo prioritario en el contexto actual, donde la desinformación y la demagogia favorecen el éxito de los partidos políticos partidarios del desmantelamiento de tales instituciones, y por lo tanto del imperio de la ley del más fuerte.
(1) Carles Manera: “Recortar servicios pasa factura”, ‘Diario.es’, 4 febrero 2022“.
¿Impuestos, Estados y economía liberal?”, ‘Diario.es’, 8 de abril 2022.
Presidenta del PSOE, partido del que es miembro desde 1993. Vicepresidenta Primera del Senado. Doctora en Economía por la Universidad de Roma, ha sido, entre otros cargos, secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (1993-1996) y ministra de Medio Ambiente (2004-2008), así como embajadora de España ante la OCDE (2008-2011). Desde enero de 2013, y hasta su elección como presidenta del PSOE, ha sido consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Es miembro del Global Sustainability Panel del secretario general de Naciones Unidas (2010-2012), de la Global Ocean Commision y de la Red española de Desarrollo Sostenible. También forma parte del colectivo Economistas frente a la Crisis.
