Jesús Lizcano.
La evidente desaceleración económica que se está dando a nivel internacional, de la cual no está exenta España, propicia que explicitemos en estas breves líneas algunas reflexiones sobre la economía española y su entorno.
Desde hace ya muchos meses estamos conociendo diversos datos realmente significativos sobre el sistema económico y financiero internacional, tales como el importante aumento del nivel de endeudamiento de diversos países, la variabilidad de los tipos de cambio, el muy bajo nivel de inflación (sin llegar en todo caso a la deflación), o un bajo crecimiento (e incluso decrecimiento) de numerosas economías europeas, lo cual evidencia importantes desafíos y problemas económicos a resolver a escala supranacional. Es por ello que resulta realmente complicado tomar de forma individual o nacional medidas coherentes y con carácter supuestamente estable en un contexto en el que los mercados están globalizados y no son en absoluto controlables desde una óptica local.
Las posibles vías para combatir esta desaceleración económica y al ser un problema global han de tener necesariamente una dimensión igualmente global, y más concretamente en nuestro entorno, una dimensión supranacional sobre todo a escala europea. La solución ha de pasar así por las autoridades políticas y de los organismos financieros internacionales. Tanto los políticos de la Unión Europea como las autoridades del Banco Central Europeo, así como de organismos internacionales como el FMI, habrán de estar a la altura de las circunstancias, y en consonancia con lo que los países europeos necesitan.
Cabría exigir a los expertos de la UE y el FMI tanto evidencia como transparencia en cuanto a las sucesivas medidas y recetas, incluso recortes, que pudieran recomendar o imponer a países como el nuestro
Dentro de este escenario supranacional, y ante la posibilidad de eventuales medidas y recetas que se pudieran proponer en un futuro cercano desde la Unión Europea o el propio FMI para impulsar y/o controlar la marcha de nuestra economía (tal como se hizo hace algunos años), y de cara a evitar situaciones como las acaecidas por aquel entonces de imposición de medidas en nuestra política económica sin la debida claridad y una mínima justificación explícita y documentada de las mismas, cabría exigir a los expertos de estas instituciones tanto evidencia como transparencia en cuanto a las sucesivas medidas y recetas, incluso recortes, que pudieran recomendar o imponer a países como el nuestro.
Sería así necesario asegurarse de que las medidas de estos organismos estén fundamentadas desde un punto de vista científico y/o empírico, y que se pudieran estimar mínimamente sus efectos positivos para las economías nacionales, entendiendo que el sistema económico es un todo, y que no se pueden adoptar medidas macroeconómicas parciales sin tener en cuenta sus efectos en el resto del sistema, esto es, en las empresas, en las familias, en los índices de desempleo, en la demanda interna, en la producción, incluso en la recaudación fiscal y el déficit público de ulteriores ejercicios. Y por supuesto, además de haber fundamentado científicamente estas medidas impuestas, deberíamos exigir que nos hiciesen llegar los datos y estimaciones subyacentes, ya que si no, los ciudadanos de estos países podríamos malpensar que las medidas se pudieran haber tomado sin el necesario rigor científico, lo cual sería bastante preocupante, dados los dramáticos efectos que algunas de estas medidas llegaron a originar en tantos ciudadanos europeos.
Por otra parte, en algunos sectores fundamentales de la economía, como es el sector financiero, sería igualmente necesario aumentar los niveles de transparencia existentes, habiendo muchas cuestiones que analizar, debatir y dar a conocer a los ciudadanos, y ello de cara a evitar situaciones y escándalos como los habidos en algunas entidades y mercados de este sector. Además, y es algo que no sólo afecta al sector financiero, sino a otras diversas entidades y gobiernos, también sería bueno acometer un esfuerzo por transparentar muchos aspectos de las Agencias de calificación: su evolución, quiénes son y han sido sus directivos, las relaciones con sus clientes, la naturaleza y composición de sus ingresos, sus propietarios, los casos y calificaciones realizadas (y su grado de acierto), etc.; simplemente por conocer mejor estas importantes empresas, cuyas valoraciones resultan sustanciales en el devenir de muchos países e instituciones.
Por otra parte, una carencia importante del sistema económico y de las políticas que lo acompañan es el escaso nivel de participación social. Sería necesario a este respecto propiciar un sistema para dinamizar el rol social de los ciudadanos y aprovechar su experiencia, sus ideas y creatividad en aras del progreso económico y el bienestar. Es algo que los ciudadanos echan de menos: que se les ayude a opinar y participar en el devenir de la sociedad. Se deberían institucionalizar de forma amplia los cauces de opinión, y realizar periódicamente y difundir ampliamente estudios y encuestas a nivel general, así como dirigidas a grandes colectivos, como los desempleados, para conocer sus ideas y propuestas, así como a los funcionarios, para preguntarles, por ejemplo, cómo racionalizar gastos en sus instituciones, etc.; ello podría crear unas sinergias de incalculable valor económico y social.
Para poder desarrollar iniciativas como las citadas, así como otras muchas medidas que resultan necesarias para un adecuado progreso económico y social en este país, sería necesario, en suma, alcanzar un Pacto de Estado sobre Economía. De cara a una instrumentación operativa del mismo, sería conveniente que la elección previa de los propios contenidos del Pacto, los estudios preparatorios, la formalización de los análisis, el sucesivo desarrollo de los estudios y contenidos, etc., fuesen llevados a cabo no por los propios partidos políticos, sino por un órgano o entidad independiente, cuyos miembros estuvieran libres de sospecha de adscripción política o sesgo ideológico alguno (la credibilidad en este contexto sería fundamental). En el supuesto no obstante de que los partidos políticos deseasen asumir directamente el protagonismo de la instrumentación del Pacto, deberían formar un grupo o comisión realmente plural y equilibrada en cuanto a colores políticos (creemos en todo caso que la primera opción levantaría menos suspicacias), o bien poner en marcha un mix de ambas modalidades. Lo más importante sin duda, y al margen de los detalles operativos, es que pudiese llevarse a efecto dicho Pacto, con el fin, en definitiva, de dar respuesta a una clara y clamorosa voluntad de los ciudadanos de un acuerdo a tal efecto entre los responsables políticos de este país.
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid. Académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Es miembro fundador y expresidente de Transparencia Internacional España. Director de dos revistas: Encuentros Multidisciplinares y Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión, y codirector de la Revista Internacional de Transparencia e Integridad. Entre 1989 y 1991 fue Catedrático en la Universidad de León. Es autor de catorce libros y de más de ciento cincuenta artículos en publicaciones tanto nacionales como internacionales. Forma parte del Consejo de Redacción o editorial de otras cinco revistas (nacionales y extranjeras). Ha recibido diversos Premios, y ha dirigido y/o participado en numerosos trabajos y proyectos de investigación, siendo miembro de varias Asociaciones académicas nacionales e internacionales.
