Digeridos los sapos del pacto PSOE-PP para renovar las instituciones, lo próximo es el cambio en la presidencia del Constitucional que, según la tradición, recae en el magistrado más veterano. Designado por el Gobierno en junio de 2013, al conservador Pedro José González-Trevijano le esperan otros anfibios después de que el tribunal de garantías se haya convertido en un escenario más de la pelea política. Los recursos contra la ley de educación, de eutanasia y hasta la del aborto, que lleva pendiente 11 años y parece que van a sacar del cajón en plena efervescencia judicial, le van a mantener muy ocupado.
Hecho. El PSOE y Unidas Podemos ya han digerido el sapo que el PP les ha hecho tragar con la promesa de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se renovará después de tres años en funciones. No se ha concretado, pero se hará.
Desde ahora, el Tribunal Constitucional (TC) cuenta con cuatro nuevos magistrados. Dos propuestos por el PSOE y dos por el PP. Entre ellos, el ‘indigesto’ Enrique Arnaldo; once diputados, entre ellos el socialista Odón Elorza, se han expuesto a una multa de 600 euros con su voto en contra porque no les pasaba la bola.
El peso en las votaciones en el alto tribunal, por tanto, no debería variar. A no ser que alguno de ellos se salga del presunto carril por el que discurren los magistrados según sean sus filias políticas. Le ha pasado al hasta ahora presidente, Juan José González Rivas, que aterrizó a propuesta del PP y votó con los progresistas a favor del estado de alarma. O a la vicepresidenta saliente, Encarnación Roca, que llegó de la mano del PSOE y se ha posicionado del lado conservador.
En la vicepresidencia le acompañará un progresista y en la presidencia de las secciones tercera y cuarta, dos conservadores
De la Rey Juan Carlos a dirimir recursos contra el Gobierno
Así las cosas, queda elegir la nueva cúpula del TC, donde cobra especial importancia el nombre del presidente, que tiene voto de calidad y puede ser decisivo en caso de empate.
Según la tradición, la presidencia, la vicepresidencia y las presidencias de las secciones Tercera y Cuarta deben recaer sobre los magistrados más veteranos del tribunal. De cumplir con esta norma no escrita, y así se viene haciendo desde su creación con la llegada de la democracia, al frente del Constitucional estará Pedro José González-Trevijano Sánchez, que tiene una antigüedad de más de ocho años desde su entrada en 2013 a propuesta del Gobierno entonces presidido por Mariano Rajoy.
Hasta entonces y durante más de diez años había sido rector de la Universidad Rey Juan Carlos, con largos y estrechos vínculos con cargos políticos, fundamentalmente del PP –más discretos desde el estallido del caso Cifuentes–.
De hecho, González-Trevijano dirigía la institución cuando la expresidenta de la Comunidad de Madrid habría cursado su máster, también el hoy presidente del PP, Pablo Casado, e incluso la socialista Carmen Montón, que tuvo que dimitir como ministra de Sanidad por un escándalo semejante. También, durante el ejercicio de su cargo, el catedrático de Derecho Constitucional se hizo acompañar por alguno de los invitados que pasaron por la universidad, como el expresidente popular, José María Aznar.
El estallido de estas polémicas le pillaron ya en el TC, donde no ha arrojado sorpresas como las de González Rivas y Roca en sus votaciones. De hecho, y a propósito del recurso de inconstitucionalidad contra el estado de alarma presentado por Vox, fue el ponente de la sentencia que califica de inconstitucional la decisión adoptada por el Gobierno para tratar de frenar la expansión de la pandemia provocada por el Covid.
Los otros
El ponente de la sentencia contra el segundo estado de alarma es Antonio Narváez, otro magistrado del tribunal de garantías que cambia su estatus con la renovación y que, como González-Trevijano, fue nombrado magistrado por el Gobierno conservador.
Siguiendo el orden de antigüedad, le correspondería la presidencia de la sección Tercera. Otro conservador –propuesto por el CGPJ–, el expresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Santiago Martínez-Vares, debería estar al frente de la sección Cuarta, avanzó Europa Press.
La vicepresidencia del Constitucional recaería en cambio sobre un progresista. Magistrado del TC designado por el Poder Judicial, Juan Antonio Xiol Ríos fue alto cargo de los gobiernos de Felipe González como director general de Relaciones con la Administración de Justicia y vocal del CGPJ a propuesta del PSOE entre los 80 y los 90. Después pasó por el Supremo, donde llegó a ser presidente en funciones tras la dimisión de Carlos Dívar por el escándalo de sus viajes de lujo.
Si no vuelve a haber bloqueo, Trevijano debería salir del Constitucional en junio, cumplido el plazo de nueve años como magistrado
Actor político
Si la voluntad de desbloqueo de los dos grandes partidos se extiende, al menos, a lo que queda de legislatura, el mandato de Trevijano vencería en junio de 2022, fecha en que se cumplen los nueve años en que un magistrado permanece en el tribunal de garantías.
Pero para eso quedan siete meses y tanta interinidad como permita un nuevo bloqueo. Si les ha dado tiempo a tumbar los dos estados de alarma del Gobierno y sin haber habido cambios en los equilibrios del Constitucional a pesar de la renovación, puede darles tiempo a tomar una decisión sobre los recursos contra las leyes de educación o de eutanasia, presentados ambos por los conservadores.
Vox también les ha dado tarea. La formación de ultraderecha presumía el pasado agosto de haber interpuesto una veintena de recursos ante el TC desde que formara grupo parlamentario. Contra las fórmulas de juramento de algunos parlamentarios en el Pleno constitutivo del Congreso y, después del verano, contra la ley de vivienda.
Aunque lo más inmediato puede ser la ley del aborto. Contaba El País hace unas semanas que alto tribunal debatirá el recurso contra la reforma aprobada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, 11 años después de que el PP presentara su recurso. González Rivas habría dejado indicaciones a su ponente, el conservador y exdiputado popular, Andrés Ollero, para que tenga lista su propuesta de resolución en los próximos meses.
Mientras tanto, la oposición exige despolitizar la justicia y el Supremo –en funciones– le dice a los partidos que desjudicialicen la política. Viendo el resultado, cualquiera se atreve a apostar desde la bancada del Gobierno que éste han sido el último sapo que se traga.
