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Rey rico, rey pobre

Felipe VI busca presentarse como un monarca modesto frente a un emérito adinerado con el capital institucional en números rojos

por Virginia Miranda
28 abril, 2022
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Felipe VI hace público su patrimonio antes de que su padre regrese a España. / DAVID ZORRAKINO. EUROPA PRESS

Felipe VI hace público su patrimonio antes de que su padre regrese a España. / DAVID ZORRAKINO. EUROPA PRESS

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Después de 25 años percibiendo un salario de casi 4,3 millones de euros, el patrimonio de Felipe VI asciende a cerca de 2,6 millones. Más que la mayoría de los españoles, pero menos que sus pares europeos y menos que su padre. Previo al real decreto aprobado por el Gobierno para avanzar en la rendición de cuentas de la Corona, Zarzuela emitía un comunicado donde informaba de los bienes del jefe del Estado. La cifra plantea algunas objeciones; no incluye fondos, cuentas corrientes o joyas a nombre de doña Letizia y tampoco computa los inmuebles que, como el complejo de la Zarzuela, son de Patrimonio Nacional pero disfrutan en exclusiva el monarca y su familia. La institución ha querido contraponer al rey modesto con el emérito adinerado, pero se ha quedado a medias. Los honorarios son los que son, pero sigue sin revelarse cuánto dinero público pone el Ejecutivo al servicio de Su Majestad.

 

Desde que Pedro Sánchez anunciara que el jefe del Estado deseaba modernizar la monarquía y someterla a la rendición de cuentas ha pasado casi año y medio. “Ahí está trabajando Felipe VI. Vamos paso a paso. Ya irán conociendo como se materializa la hoja de ruta de renovación de la Corona en cuanto a transparencia y ejemplaridad”, sostenía el presidente del Gobierno durante su última comparecencia de 2020, un auténtico annus horribilis que, bien entrado 2022, se le está haciendo particularmente largo al monarca: la denuncia de una presunta comisión saudí de Juan Carlos I por el Ave a la Meca, la aparición de unas fundaciones radicadas en paraísos fiscales, los audios y declaraciones de Corinna Larsen acusando al emérito de tener máquinas de contar efectivo en Zarzuela, las tarjetas black, la cuenta en Jersey, los ocho millones de euros en vuelos privados pagados por un primo lejano, el exilio en Abu Dabi y la investigación de la Fiscalía del Supremo.

El Ministerio público le daba carpetazo a finales de febrero alegando que la inviolabilidad de Juan Carlos I, la prescripción de los presuntos delitos y las regularizaciones fiscales le habían librado de ser procesado. El exmonarca recibía así la exoneración penal, pero la culpabilidad moral le pareció a Sánchez incontestable, que le pidió explicaciones por unos negocios éticamente reprobables.

La relación de la Corona con el dinero es lo que más la penaliza y, sin embargo, los avances en materia de transparencia son lentos e incompletos

El emérito pudo haber contestado cuando, a principios de marzo y tras hablar con Zarzuela del desenlace de las pesquisas de la Fiscalía, hacía público un comunicado donde anunciaba que va a seguir residiendo “de forma permanente y estable en Abu Dabi” pero, “como es natural, “volveré con frecuencia a España” para visitar a familia y amigos. En cuanto a lo que él mismo denomina comportamientos “impropios”, formuló una lacónica disculpa. “Soy consciente de la trascendencia para la opinión pública de los acontecimientos pasados de mi vida privada y que lamento sinceramente”, se limitó a decir.

 

Los 2,6 millones

Despejado el futuro judicial de Juan Carlos de Borbón, la “hoja de ruta” que mencionaba Sánchez se retrasaba más de un mes hasta que, este pasado lunes, la Casa Real hacía público un comunicado donde se remitía al discurso de proclamación del 19 de junio de 2014, cuando Felipe VI dijo aquello de “una monarquía renovada para un tiempo nuevo”, para anunciar su “decisión personal de hacer público su patrimonio, que asciende a la cantidad de 2.573.392,80 euros”.

Según Zarzuela, está principalmente constituido por las retribuciones que ha percibido de los presupuestos de la Casa Real a lo largo de estos últimos 25 años; primero y a partir de 1998 como Príncipe de Asturias y, desde hace casi ocho años, como rey. En total, “estas retribuciones ascienden a la cantidad bruta de 4.275.796,94 euros”.

“Dicho patrimonio”, continúa el comunicado, “está integrado por 2.267.942,80 euros en depósitos en cuenta corriente o de ahorro y valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier entidad” y por “305.450,00 euros en objetos de arte, antigüedades y joyas de carácter personal que han sido objeto de la correspondiente tasación”. A preguntas de la prensa, Zarzuela aseguró que el jefe del Estado no tiene cuentas ni inmuebles en el extranjero.

Gestionar el comportamiento del pasado y presente del emérito –foto de archivo– es la principal preocupación de Casa Real. / EP

Minutos antes de hacerse público el valor de las propiedades a nombre de Felipe VI, había trascendido ésta y otra noticia: el Gobierno llevaría al Consejo de Ministros un real decreto de reestructuración de la Casa Real para avanzar en su transparencia y rendición de cuentas del rey.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, fue el encargado de anunciar esta acción coordinada entre la jefatura del Estado y del Gobierno, lo que él mismo denominó “trabajo compartido”, con la que “la monarquía española da un paso adelante y se homologa a los más altos estándares con otras casas reales europeas” y permite avanzar “en la ejemplaridad, integridad, honestidad y transparencia que la ciudadanía pide hoy por hoy a todas las instituciones, también a la jefatura del Estado”.

A preguntas de los periodistas y a falta de conocer los detalles que al día siguiente aparecerían publicados en el BOE, las expectativas empezaron a desinflarse. Así, la declaración de bienes que horas antes hacía pública Zarzuela “no está regulada, será el propio monarca con la periodicidad que establezca, quien la publicará”, dijo el ministro. Tampoco va a abordarse la “inviolabilidad” del rey, la que permitió al emérito librarse de un proceso penal por los delitos de fraude y blanqueo de capitales, porque requeriría de una reforma constitucional que no entra en los planes del PSOE.

La principal novedad y el cambio más significativo es que el Tribunal de Cuentas auditará las cuentas de la Casa Real, que publicará la auditoría en su web. Además, los altos cargos deberán hacer una declaración de bienes al ser nombrados y tras dejar el puesto y los contratos estarán sujetos al principio de publicidad.

Otras medidas dan rango legal a prácticas o decisiones adoptadas con anterioridad, como inventariar los regalos recibidos para repartirlos entre Patrimonio Nacional, ONGs o la Familia Real teniendo en cuenta las normas de cortesía, tal y como establecía el código de conducta que el monarca aprobó a finales de 2014.

El Gobierno sigue sin detallar cuánto destina a la seguridad, los viajes internacionales y la conservación del patrimonio que disfruta la Familia Real

A propósito de la declaración de bienes, sólo será obligatoria para el personal directivo contratado. La de Felipe VI es voluntaria y el resto de la Familia Real permanece al margen. A pesar de que percibe una asignación procedente de los Presupuestos Generales del Estado, Zarzuela alega que la reina Letizia no ostenta la titularidad de la Corona y, por lo tanto, entiende que no ha de hacer público el patrimonio que viene acumulando desde que en 2004 se convirtiera en princesa de Asturias.

Tampoco va a desvelar a cuánto asciende la fortuna de Juan Carlos de Borbón, el secreto mejor guardado de la Corona y la principal razón del tímido destape de su hijo. A pesar de que circule desde 2012 la cifra de 2.000 millones de euros, una estimación poco fiable de The New York Times que nadie se ha molestado en desmentir –ni siquiera el propio interesado a golpe de whatsapp–.

 

Lo que no se cuenta

Los 2,6 millones de euros que Felipe VI ha acumulado a lo largo de 25 años representando a la jefatura del Estado ofrecen la imagen de un rey modesto y profesional. Y aunque Zarzuela ha querido desvincular el anuncio de cualquier otra coyuntura, la relación causa-efecto no da lugar a dudas y basta tomar como referencia los ocho millones que gastó Juan Carlos I sólo en vueltos privados sufragados por la Fundación Zagatka para apreciar en contraste.

Pero no sólo entre padre e hijo. La reina Isabel II, que a sus 96 años no se ha visto en la obligación de revelar su fortuna para salvar la monarquía británica, tendría según The Times cerca de 500 millones de euros. Alberto de Mónaco acumularía 930 millones de euros y Enrique de Luxemburgo sería el monarca más rico con 3.700 millones. El que menos dinero habría reunido sería Felipe de Bélgica con 12,5 millones y, aún así, serían diez más que su ‘homólogo’ español.

Entre los socios –hasta ahora– del PSOE han surgido algunas suspicacias sobre los datos facilitados por Zarzuela. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, bromeaba tras conocer su patrimonio diciendo que “ahorra tanto” porque la hipoteca o el alquiler “se la pagamos nosotros”.

Sánchez ha hecho un decreto a la medida de lo que el rey estaba dispuesto. / Carlos Luján. EP

Del mantenimiento del complejo de la Zarzuela se encarga Patrimonio Nacional, dependiente del Ministerio de la Presidencia. De Marivent, donde sigue veraneando la reina Sofía, la comunidad autónoma de las Islas Baleares, titular de un palacio a disposición del monarca y su familia. La seguridad corre a cargo de los departamentos de Defensa y de Interior, incluso en el caso del personal que trabaja al servicio del emérito en Abu Dabi. Y de los viajes internacionales se ocupa Exteriores.

Zarzuela tiene asignado un presupuesto de 8,43 millones de euros para 2022, pero sólo ha de hacerse cargo de los gastos de la Casa, incluidos los sueldos de Felipe VI, las reinas Letizia y Sofía y el personal contratado para tareas administrativas y directivas.

De pagar a los policías y guardias civiles que velan por la integridad de los miembros de la Familia Real las 24 horas del día; de costear los vuelos y los gastos que llevan aparejados los viajes al extranjero como dietas o alojamientos; y de hacer frente a los recibos, obras de acondicionamiento y nóminas de los trabajadores de cocina o jardinería de Zarzuela se hacen cargo los presupuestos de distintos ministerios que no detallan qué partidas dedican al jefe del Estado, a su mujer, a sus hijas y a sus padres, beneficiarios todos ellos del dinero público aunque sólo el monarca haya desvelado ahora su patrimonio y no volverá a hacerlo hasta que lo considere oportuno.

Atendiendo a las cifras manejadas por la Fiscalía durante su investigación al emérito y los 2,6 millones que Felipe VI dice haber ahorrado a lo largo de su vida laboral –no reconoce herencia alguna en esa cantidad–, la diferencia entre padre e hijo es más que evidente. Rey rico, rey pobre. Demasiado pobre, tal vez. Demasiada opacidad, aún.

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