Tema de Portada de El Nuevo Lunes / Nuria Díaz
Todo el sector coincide en que esta ministra es la primera que coge la cartera del departamento de energía y se cree de verdad que el futuro será renovable. Desde hace un año, Teresa Ribera viene advirtiendo de que para que este objetivo se cumpla hay que poner coto a la burbuja que se está formando a pasos agigantados, con proyectos meramente especulativos, proyectos que no llegan nunca a puerto y reventa de puntos de conexión a precios desorbitados. Para poner coto al desmadre y apoyar de verdad a la industria y que baje el recibo del consumidor, la ministra ha puesto en marcha una nueva regulación con nueva metodología para las subastas que el sector aplaude, aunque también le hacen alguna que otra crítica.
El Congreso acaba de convalidar el Real Decreto-ley 23/2020 por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, y que suponen la medida estrella de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, porque sienta las bases del mercado eléctrico de la próxima década. Son muchas las medidas que incluye, pero el sector destaca, como fundamentales las encaminadas a pinchar una burbuja, la renovable, que hace tiempo que asoma y que tiene nefastas consecuencias para el consumidor para el que el recibo de la luz no para de subir.
Vuelven las subastas… pero diferentes
En concreto la ministra Ribera ha anunciado que vuelven las subastas para las renovables, pero totalmente diferentes a las que había hasta ahora promovidas por el PP.
De los que se trata es de poner fin a los movimientos especulativos en la utilización de los permisos de acceso a la red eléctrica, y asegurar que los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica, dos autorizaciones que los promotores necesitan para poner en marcha sus plantas de renovables, estén asociados a proyectos reales y firmes., y no por inversores atraídos por los precios desorbitados a los que han llegado a venderse esos permisos.
La reventa de estos puntos de acceso se ha disparado en los últimos meses alcanzando precios de 150.000 euros por MW
Una fuente del sector nos explica que la reventa de estos puntos de acceso se ha disparado en los últimos meses alcanzando precios de 150.000 euros por MW, cuando el precio medio esta en el entorno de los 45.000. “Una barbaridad”, concluye. Esto ha provocado que algunos inversores se acerquen como abejas a un panal de miel: actualmente, el número total de solicitudes suma más de 430.000 megavatios (MW), de los que únicamente 295.000 MW se consideran correctamente presentadas. Multiplican por más de siete el objetivo de en torno a 60.000 MW de potencia renovable en España fijado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) a 2030. REE que es quien recibe las solicitudes, rechaza una tercera parte de las que recibe. En el propio Real Decreto se habla en estos términos: “en un elevado número de casos, una vez obtenido el permiso de acceso, los titulares del mismo no han solicitado los permisos de conexión, lo que en muchos casos es debido a la inexistencia un proyecto real o a una falta de madurez del mismo”. El Gobierno está convencido que en la mayoría de proyectos de renovables existe un movimiento especulativo que lo único que consigue es encarecer los proyectos de renovables. “El fenómeno de crecimiento inusitado de las solicitudes de permisos de acceso y conexión, con el referido componente especulativo, acarrearía un incremento artificial y evitable de los costes de construcción de las nuevas centrales que, en último término, terminarían pagando los consumidores de electricidad”, asegura el Gobierno en el RDL.
Por eso, la nueva regulación de Ribera establece una moratoria de nuevas solicitudes de acceso, por lo que no se podrán pedir hasta que se apruebe una nueva regulación sobre estos permisos, que deberá exigir a los solicitantes mayor maduración de los proyectos y estudios previos, y que Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) deben aprobar en un plazo de tres meses a partir de este decreto.
Si se incumplen los plazos, la licencia caduca
Pero aún hay más. Con estos cambios legales, los titulares de los permisos deben ir acreditando el cumplimiento de una serie de hitos, como la obtención de la declaración de impacto ambiental favorable y la autorización administrativa de construcción en los tiempos fijados, para evitar que los permisos caduquen de forma automática y se proceda a ejecutar los avales económicos exigidos. El último de los plazos concluye a los cinco años de iniciarse el cómputo para el primer hito.
Actualmente, el número total de solicitudes suma más de 430.000 MW, de los que únicamente 295.000 MW se consideran correctamente presentados
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la norma, tanto los titulares como los solicitantes de estas autorizaciones podrán renunciar a ellas, procediéndose a la devolución de las garantías. En lo que respecta al nuevo sistema de subastas de renovables, pendiente de desarrollo reglamentario, la variable sobre la que se pujará será el precio de la energía, con la previsión de que a lo largo del segundo semestre habrá ya subastas de este tipo, que tienen el camino despejado al incluirse en este decreto, sin necesidad de esperar a la aprobación de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Este nuevo sistema pone fin al marco vigente desarrollado en 2013, un momento en el que el coste de generación de un kilovatio-hora renovable era más caro que el precio al que se vendía en el mercado.
En estos años se ha visto de todo. Desde compañías casi desconocidas en el sector, como Forestalia, que se hacían con prácticamente todos los MW subastados, pero que después han procedido a vender prácticamente todo a fondos de inversión, pero también a compañías como Repsol, hasta operaciones particulares que llamaron mucho la atención. El ex ministro y ex presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, por ejemplo, vendía el verano pasado, en pleno boom del sector, por unos 62.000 euros el 90% de su sociedad La Atalaya 52 SL, que promovía una pequeña planta de 0,9 MW en su hípica en Toledo.
La Fundación Renovables tiene su fórmula
La Fundación Renovables aplaude la iniciativa de la ministra pero también propone un nuevo diseño de las subastas de renovables, teniendo en cuenta los criterios y, señalan “el paso en la buena dirección del ministerio con el RDL 23/2020, para abandonar completamente el modelo de las que se hicieron el año 2016 y 2017 a causa de: no suponer la incorporación del potencial de reducción de precios de generación, no ser 100% ejecutables y no incorporar la diversidad de actores y tamaños.
“La reciente aprobación del RDL 23/2020, sin dejar de ser una buena noticia, es poco exigente con respecto a la posibilidad de mantenimiento de los derechos de acceso y conexión en iniciativas que no han alcanzado durante el tiempo transcurrido avance administrativo significativo”, señalan por ejemplo. “Lo que supone que el acceso a red se haya convertido en un bien escaso que limita la competitividad de las subastas. Esto va totalmente en contra de la introducción y participación de nuevos actores y pequeños proyectos. No podemos tener un diseño de subastas que previamente esté condicionado con respecto a los puntos de acceso y conexión”, explican.
Además proponen que la subasta de energía sea por tecnología, con un precio finalista para cada propuesta según su oferta, es decir, abandono del marginalismo en la subasta. El uso de fórmulas marginalistas para la adjudicación hace que se pierda el criterio de competitividad en el desarrollo, provocando, como en las últimas subastas, que el volumen subastado final sea superior a la inicial.
El mecanismo de adjudicación de la subasta debe ser mediante ‘’pay-as-bid’’.
Además la Fundación Renovables cree que debe haber elementos adicionales que sirvan para adecuar su desarrollo, como, por ejemplo: exigir un desarrollo administrativo mínimo de los proyectos para poder acceder a la subasta y la obligatoriedad de la presentación de garantías por parte de los ofertantes con el fin de cubrir todos los elementos de riesgo.
Y también, que es necesario establecer limitaciones de transmisión de derechos de instalaciones no finalizadas y establecimientos de gravámenes del valor para evitar la transmisión de actos administrativos.
Y, por último, el precio no debe ser el único elemento que se debe considerar.
