El Acento/ Inmaculada Sánchez.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido esta semana con el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, en un significativo encuentro que ha alumbrado un anuncio de alcance sideral: la aceptación por parte de los obispos de devolver cerca de un millar de inmatriculaciones de bienes inmuebles, entre los más de 35.000 que se adjudicó entre 1998 y 2015 gracias a una reforma legal del gobierno de José María Aznar, que Moncloa ha aplaudido y festejado. Modesto presente, no obstante, para agradecer la primera visita del jefe del Ejecutivo, con su ministro estrella, el titular de Presidencia, Félix Bolaños, a la sede de los obispos españoles.
El Gobierno ha querido resaltar la aceptación de la Iglesia de lo indebido de esas apropiaciones, pese a su limitado número, aunque la Conferencia Episcopal lo haya querido calificar de meros ‘errores’, y ha entregado a la Federación de Municipios la información disponible para identificar a los auténticos propietarios. La exigua rentabilidad de la foto de la cúpula monclovita junto a la eclesial, siempre valiosa en la agenda política, mueve, sin embargo a la perplejidad por mucho que estemos inmersos ya en aguas preelectorales.
Sorprende que el primer gobierno de coalición de izquierdas de la reciente historia de España continúe hincando la rodilla ante la jerarquía católica dando por buena su ridícula devolución de menos de mil inmatriculaciones indebidas y aún se piense si apoyar la comisión de investigación en el Congreso por los abusos a menores
Sorprende que este primer gobierno de coalición de izquierdas de la reciente historia de España continúe hincando la rodilla ante la jerarquía católica dando por buena esa ridícula devolución de inmatriculaciones, aunque si se repasa la historia del PSOE siempre topamos con una incomprensible genuflexión ante la púrpura y la cruz. Ya en tiempos de Zapatero, cuando los obispos hicieron piña con el PP y organizaban manifestaciones en contra del Gobierno y sus leyes de ampliación de derechos, su vicepresidenta Fernández de la Vega suscribió la ‘paz’ con los obispos concediéndoles la ampliación de la asignación tributaria el IRPF, del 0,57 por ciento al 0,7 que todavía perdura, a cambio de que empezasen a pagar el IVA en sus transacciones, tal como obligaba Bruselas.
No hablaremos de los nunca revisados Acuerdos con la Santa Sede suscritos por el franquismo, y tantas veces anunciados por los socialistas en sus congresos o campañas electorales. Ni de sus cargos orgánicos encomendados a conseguir una auténtica laicidad del Estado (el exministro Rodríguez Uribes, hasta octubre pasado, y desde el 40 congreso federal, el exlehendakari Patxi López, flamante secretario federal de Memoria y Laicidad), cuya agenda de logros deja mucho que desear.
Solo apelaremos a la solicitud de comisión de investigación parlamentaria sobre los abusos a menores en la Iglesia española registrada por sus socios y aliados, Unidas Podemos, ERC y Bildu, esta misma semana y sobre la que los socialisatas no se han manifestado. Tras el aluvión de sangrantes testimonios públicos de víctimas (el escritor y Premio Nadal Alejandro Palomas el pasado martes) el presidente Sánchez ha tenido que anunciar que el PSOE está abierto a estudiarla y ha dicho que se reunirá con Palomas para tener más datos.
Y eso que conferencias episcopales de países como Francia o Alemania ya están llevando a cabo sus propias investigaciones, que el Papa Francisco está por la labor y que su ‘delegado’ en Madrid, el cardenal Omella, es de los suyos, que si no…
Periodista y directora de ‘El Siglo’ desde 2011, revista que contribuye a fundar, en 1991, formando parte de su primer equipo como jefa de la sección de Nacional. Anteriormente trabajó en las revistas ‘Cambio 16’ y ‘El Nuevo Lunes’ y en la Cadena Ser. Actualmente también participa asiduamente en diferentes tertulias políticas de TVE y de Telemadrid.
