Tema de Portada de El Nuevo Lunes / Ana Sánchez Arjona
Arrancar el compromiso de ERC para que apoye los Presupuestos de 2020 es el principal objetivo del Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez. Sería un balón de oxígeno que, como mínimo, permitiría al Ejecutivo llegar al ecuador de la legislatura. Está claro que un pacto de investidura que no estuviera vinculado a los Presupuestos estaría abocado a cerrarse e falso y provocaría la vuelta a la inestabilidad que se ha traducido en la cuarta prórroga de las cuentas más longevas de la democracia. Unas cuentas que van a condicionar las decisiones económicas que se tomen durante los primeros meses del año y que deben ajustarse a los compromisos de déficit acordados con Bruselas.
Salir del bucle presupuestario que lleva la firma del Cristóbal Montoro, es el principal objetivo del Gobierno de coalición encabezado por Pedro Sánchez. Será el tercer ejercicio consecutivo en que estas cuentas públicas de 2018 estén en vigor, aunque solamente sea por unos meses. Se trata de un proyecto diseñado por el anterior ministro de Hacienda,y aprobado por la actual titular del departamento, María Jesús Montero. Es, además, la cuarta prórroga presupuestaria en el último lustro, fiel reflejo de la tremenda inestabilidad política que vive España desde 2015.
Los Presupuestos son el principal instrumento de política económica de un Gobierno, y unas cuentas públicas prorrogadas por la dificultad del Ejecutivo de turno de aprobar un proyecto en el plazo legal, limita el margen de actuación y retrasa el ajuste del déficit y la deuda pública.
Así que ,el PSOE, consciente de que pisa un terreno pantanoso, quiere que ERC no solo se abstenga en la investidura sino que busca asegurarse su apoyo a los PGE de 2020. Un balón de oxígeno que, como mínimo, permitiría al primer Gobierno de coalición llegar al ecuador de la legislatura. Porque un pacto de investidura que no estuviera vinculado a los Presupuestos sería una “investidura en falso”, consideran los expertos. Hasta Pablo Casado ha asegurado que se implicaría en la gobernabilidad con el apoyo del PP en pactos de Estado sobre pensiones, Defensa e Infraestructuras.
Lo cierto es que la prórroga afectará al saneamiento de las cuentas públicas. Aunque los gastos contemplados en 2018 son inferiores, la aprobación de los decretos de los viernes sociales, la subida de las pensiones del 0,9%, prevista para principios de enero —en cuanto se constituya formalmente el Gobierno—, y la subida del sueldo de los funcionarios dificultarán el cumplimiento de la meta de déficit comprometida con Bruselas para 2020, una cifra equivalente al 1,1% del PIB. Para acercarse a ese objetivo, el Ejecutivo tendrá que aprobar a lo largo del próximo año ajustes, ya sean subidas de impuestos o recortes de gastos.
El ciclo de prórrogas presupuestarias comenzó en 2017. Ese año se inició con las cuentas extendidas del año anterior por las dificultades de Mariano Rajoy para formar Gobierno. No fue hasta mediados de ese ejercicio cuando se aprobaron las cuentas públicas ordinarias de ese año.
El apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya a los Presupuestos supone un balón de oxígeno que, como mínimo, permitiría al primer Gobierno de coalición llegar al ecuador de la legislatura
El procés también ha influido en la prórroga de las cuentas de los últimos años. El 28 de junio de 2018, con seis meses de retraso, se aprobaron los Presupuestos Generales de ese mismo año. El Gobierno de Rajoy decidió retrasar la tramitación de las cuentas públicas, que debía iniciarse en septiembre del año anterior, por el recrudecimiento del pulso secesionista tras el convulso 1-0 en Cataluña. Y aunque esas cuentas de 2018 fueron diseñadas por Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda que más tiempo ha ocupado el cargo y que ha participado en la elaboración de más Presupuestos, el proyecto legal fue aprobado finalmente por el Gobierno de Pedro Sánchez, que llegó a La Moncloa tras la moción de censura. Sánchez no logró sacar adelante el proyecto de 2019, lo que desembocó en la convocatoria electoral. Ahora habrá que esperar a la próxima primavera para ver si se alcanza cierta estabilidad política que alcance a los Presupuestos.
Prioridades económicas
En ellos se fijarán sus prioridades políticas y económicas, de acuerdo con su socio de Podemos, Pablo Iglesias. Ambos están de acuerdo en que la orientación tiene que ser distribuir la riqueza generada durante 6 años de crecimiento superior al 3%: “Hay que poner fin al austericidio que habían impuesto los gobiernos de Mariano Rajoy y su ministro de Hacienda”. El problema es que España es uno de los países con mayor déficit y, desde luego, con más deuda de la Unión Europea y, además, Bruselas se ha empezado a cansar de tanto incumplimiento.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desde junio de 2018, y actualmente en funciones, se empleó a fondo para elaborar los Presupuestos para el 2019. Incluso se consensuaron con Unidas Podemos, el PNV y con los partidos que apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy.
Sin embargo, no pudieron aprobarse porque Esquerra Republicana de Catalunya votó en contra. El gran argumento que empleó entonces su secretaria general Marta Rovira, actualmente fugada de la justicia española, fue que su libertad no podía pagarse con ninguna partida presupuestaria. Aquel no precipitó las elecciones anticipadas.
Bruselas ya ha advertido que existen muchísimas posibilidades de que España no cumpla con el déficit público comprometido en el 2020, a pesar de los 2.268 millones que se va a ahorrar por el pago de intereses de la deuda. Esto significa que habrá que hacer un ajuste fiscal de 6.500 millones, que podría elevarse a 10.000 millones de euros si no se actúa con rapidez.
El ciclo de prórrogas presupuestarias comenzó en 2017. Ese año se inició con las cuentas proyectadas del año anterior por las dificultades de Mariano Rajoy para formar Gobierno
Según el programa de Gobierno de PSOE y Podemos, su propósito es ejecutar un fuerte aumento del gasto social (pensiones blindadas con el IPC, aumento del gasto en dependencia, aumento de las bajas por paternidad, etc.) que se financiará con un incremento de impuestos como el IRPF a las rentas altas; el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades -que será del 18% para los bancos-; y la creación de dos nuevas figuras tributarias: la ‘tasa Google’ y la ‘tasa Tobin’.
La recaudación tributaria no parece suficiente, según los expertos, para financiar el gasto, lo que comprometerá la capacidad para reducir el déficit público y conseguir que baje del -2,5% del PIB, después de un año en el que no se ha corregido nada pese al buen comportamiento del ciclo.
Incluso, si se eleva la recaudación hasta el 40% del PIB, todavía habrá un elevado déficit público.
La previsión del Ejecutivo es que el país cierre el año con un gasto público superior al 41,3% Esto significa que los nuevos ingresos todavía no conseguirán cuadrar las cuentas, de modo que será necesario un esfuerzo mayor para controlar el desfase presupuestario vigilando el crecimiento del gasto público.
La Comisión Europea ha pedido un esfuerzo fiscal a España del 0,65% del PIB para el próximo año, unos 8.000 millones de euros. Esto supone una cuantía superior a la subida de impuestos, lo que significa que también será necesario apretarse el cinturón. También la propia Constitución Española recoge que, a partir de 2020, y como consecuencia de la reforma del Gobierno de Zapatero de 2011, será necesario cumplir con los márgenes establecidos por Bruselas. Esta suma de factores provoca que el escenario presupuestario de cara a los próximos años quede muy reducido.
Siete CC AA empiezan el año también sin cuentas públicas
El Gobierno central y el de siete comunidades autónomas —Madrid, Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja— comienzan el año con los Presupuestos prorrogados después de que los respectivos gobiernos incumplieran el mandato constitucional de aprobar las nuevas cuentas antes del 31 de diciembre.
Este escenario de prórrogas impide la aprobación de nuevas inversiones y partidas de gasto y el cambio de los tipos impositivos de los diferentes tributos, así como la actualización de las nóminas de funcionarios y pensionistas.
Aragón y Asturias fueron las dos últimas comunidades autónomas en aprobar a tiempo sus Presupuestos para 2020. Ambas regiones apuraron al máximo los plazos y celebraron sendos plenos el pasado lunes 30 de enero para entrar en el nuevo año con cuentas nuevas. El presupuesto de Aragón fue refrendado por los votos del cuatripartito formado por PSOE, Podemos, Chunta y PAR más el apoyo del único diputado de IU.
En Asturias, hubo incertidumbre hasta el último minuto. PSOE e IU alcanzaron un acuerdo que se quedaba a un voto de la mayoría absoluta. Finalmente, las cuentas fueron apoyadas por la abstención de uno de los diputados de Foro Asturias, el otro votó en contra, y una diputada de Ciudadanos que rompió la disciplina de voto, disconforme con la decisión de la dirección nacional del partido naranja de imponer el rechazo a unas cuentas que habían sido negociadas por el grupo parlamentario de Ciudadanos en la Junta del Principado.
En Andalucía, la llave de la gobernabilidad la tiene Vox pero, al contrario de lo que ocurre en otras comunidades gobernadas por PP y Cs, el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla habla de estabilidad
El repunte de las prórrogas se da especialmente en años electorales y cuando se prorrogan los Presupuestos Generales del Estado, que marcan una serie de directrices económicas que las comunidades deben seguir a la hora de confeccionar sus cuentas.
Un buen ejemplo de ello fue 2017, año en que el Gobierno central y 11 CCAA no presentaron sus Presupuestos antes del 31 de diciembre y, por tanto, empezaron el ejercicio en prórroga.
Las autonomías alegaron que sin Presupuestos Generales del Estado no podían elaborar los suyos propios, al carecer de información básica como el techo de gasto, las entregas a cuenta y las transferencias a las CCAA o el margen de déficit.
A lo largo de aquel año, tanto el Gobierno central como los autonómicos fueron aprobando sus nuevos presupuestos y todos los gobiernos acabaron aquel 2017 con nuevas cuentas, última vez que se dio esta circunstancia.
Algo parecido ha ocurrido en este año que ahora acaba, aunque con un resultado diametralmente opuesto. La incapacidad de Pedro Sánchez a la hora de recabar los apoyos necesarios para sus Presupuestos, lo que le llevó al adelanto de los comicios de abril y a la consiguiente repetición electoral de noviembre, y las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo están detrás del hecho de que el Ejecutivo central y seis CCAA acaben 2019 con los Presupuestos prorrogados, récord absoluto en democracia. Solo Extremadura y Andalucía fueron capaces de aprobar nuevas cuentas para 2019 con el año ya empezado.
La entrada de Podemos en el Gobierno valenciano que la legislatura pasada compartían el PSOE y Compromís le ha aportado solidez en un contexto político nacional de incertidumbre
Cataluña evidencia sin lugar a dudas el incumplimiento de plazos a la hora de presentar sus cuentas. Desde que aprobó los Presupuestos de 2010 antes de acabar el año anterior, la Generalitat ha aprobado las siguientes cuentas anuales con el año ya empezado y ha tenido cuatro años de prórroga total en esta década: 2013, 2016, 2018 y 2019. De hecho, Cataluña comenzará el nuevo año con los Presupuestos prorrogados de 2017.
Sin embargo, el acuerdo para las cuentas de 2020 se da por cerrado. Los comunes han logrado arrancarle al Govern, pese a la resistencia de los sectores más conservadores del PDeCAT, algunos retoques fiscales que permitirán una subida de impuestos de 543 millones de euros cada año.
Asturias, también con cuatro años de prórrogas (2012, 2014, 2016 y 2018), y Navarra, con tres ejercicios (2013, 2014 y 2015), han sido las otras dos comunidades con mayores dificultades a la hora de cumplir con el mandato constitucional durante esta década.
En el lado opuesto aparecen la Comunidad Valenciana y Canarias, que llevan tres décadas ininterrumpidas en que aprueban sus Presupuestos antes del 31 de diciembre. La última vez que el Ejecutivo insular aprobó sus cuentas con el año ya empezado fue 1989, mientras que el valenciano hizo lo propio al año siguiente, en 1990.
Podemos facilita los presupuestos del País Vasco. El PNV y el PSE-EE sacaron adelante el viernes los presupuestos para 2020 con el voto en contra de PP y EH Bildu y la abstención de los de Iglesias. Podemos ha creado un eje con el PNV y los socialistas en todo lo relativo a las políticas sociales durante el proceso del articulado del nuevo Estatuto vasco en la Ponencia de Autogobierno, en el que se han aparcado las discrepancias identitarias.
