Sánchez, de perfil, se la juega frente al electropoder

José García Abad

Ante este poderío se achantaron sus antecesores socialistas, empezando por Felipe González, que fue premiado con un puesto en el Consejo de Administración de Gas Natural (hoy Naturgy) como su vicepresidente Narcís Serra.

En tiempos de González tuvo lugar un prodigioso ejemplo de la dialéctica entre eléctricas y política cuando el Gobierno regaló a la Hidroeléctrica Española de Íñigo de Oriol y al Iberduero de Manuel Gómez de Pablos, por sugerencia de Txiki Benegas, a la sazón secretario de Organización del PSOE, y de Francisco Fernández Marugán, ambos del sector guerrista en convivencia con el conseguidor Antonio Navalón contratada por ambas compañías, una fusión con plena optimización fiscal y dinero para el partido y para Navalón, que cobró el uno por ciento del valor en Bolsa de la sociedad resultante de la fusión.

José Luis Rodríguez Zapatero cometió la infamia de entregar Endesa, joya de la corona, a Enel, la empresa pública italiana, sirviendo Miguel Sebastián, su mano derecha, a los intereses especulativos del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales.

Los señores del kilovatio me mostraron lo encantados que estaban con Sebastián, “nuestro ministro”. Lo calificaban como el mejor ministro del ramo de la historia de España.

Solbes y Salgado, sin complejos

Su vicepresidente económico, Pedro Solbes, simultaneó entre 2011 y 2014 cargos de consejero en Endesa. Fue reclutado como consejero en Enel en abril de 2011, dos años después de salir del gobierno de Zapatero. Percibía 85.000 euros de retribución fija y otros 47.000 euros por su pertenencia a distintas comisiones: 26.000 como miembro de la Comisión de Retribuciones y otros 21.000 por su pertenencia al Comité de Partes Vinculadas.

A Solbes no le atosigaron los complejos en su viaje del servicio público al privado. Defendió en el Congreso de los Diputados la existencia de las puertas giratorias “siempre que se definan muy bien las condiciones de entrada y de salida, tanto en tiempos como en incompatibilidades”. En su opinión son la única forma de conseguir gente válida.

Hasta ahora el presidente no ha dado la cara en este campo de batalla esencial pues la energía no es un sector más, como el textil o la siderurgia, sino un ingrediente universal que condiciona todas las actividades económicas y afecta de lleno a las reglas de una justa y pacífica convivencia

La sucesora de Solbes en la vicepresidencia económica, Elena Salgado, fue capturada por Endesa como consejera tres meses después de dejar su cargo.

Reclutan a políticos de izquierdas y de derechas

Los señores del kilovatio, conscientes de las debilidades humanas, han mostrado sus dotes seductoras reclutando a políticos a la izquierda y a la derecha. Los de la derecha no necesitan seducción y los de la izquierda se entregaron superando sus complejos sin pensárselo más de unos segundos.

Cayeron en el peligro señalado por el escritor y politólogo británico Harold Laski, que fue presidente del Partido Laborista. Laski previno a las organizaciones de izquierda  y especialmente a los dirigentes sindicales contra el “abrazo aristocrático” señalando que el peligro no residía en el despido o en persecuciones sino en  ser invitados a la mesa del plutócrata.

Ha sido en el sector eléctrico donde más se ha notado la integración de políticos en sabrosos cargos y donde ha escandalizado especialmente la presencia de dos presidentes del Gobierno de España: José María Aznar en Endesa y Felipe González en Gas Natural, hoy Naturgy.

“No nos sirven para nada”

Un portavoz de una eléctrica me aseguraba que estos políticos no les servían para nada y cargaba la culpa, ‘off the record’, sobre los políticos que optaban, por encima de sus respectivas formaciones, por la solidaridad interpartidaria de las lentejas.

“Ninguno de esos políticos –me decía el portavoz– ha hecho nada relevante para mi compañía. Lo habitual es que no ya el Gobierno al que pertenezca el contratado, sino el partido contrario nos decía: “Oye, esta persona que te recomiendo es muy válida y se ha quedado colgada. Joder a ver si le podéis buscar un acomodo en un Consejo… Yo no conozco ningún caso de lo que los periodistas denomináis “puerta giratoria” que haya valido para algo. Acuérdate de Felipe, que confesaba: “Me aburro como una mona”. ¿Qué han hecho por nosotros Aznar, Guindos, Solbes o Salgado?  Nada especial”.

Algo habían hecho todos ellos cuando gobernaron: la entrega de 300.000 millones de euros para la difusa “transición ecológica” y la aceptación del concepto tramposo del “déficit tarifario”.

El fichaje de Aznar para asesorar a Endesa sobre cuestiones latinoamericanas fue especialmente criticado por haber sido el privatizador final de la empresa aunque la perjudicó al impedir la fusión con Iberdrola. No lo hizo él directamente pero no impidió que su equipo obstaculizara lamentablemente lo que hubiera sido una operación de interés económico y político que hubiera impedido que la joya de la Corona cayera en manos de Enel.

Concentración de políticos en Endesa

Fue en Endesa donde se han colocado el mayor número de ministros y personalidades políticas, lo que se explica por su origen como empresa pública. Cuando Aznar concluyó la privatización colocó en Endesa, como en otras empresas de control estatal, a gente del Partido Popular, próxima al partido o amigos dispuestos a seguir sus instrucciones.

El Estado, contra lo que pretende el electropoder,  tiene que estar bien presente para defender los intereses generales. El eléctrico es un servicio, un bien, del que no se puede prescindir

Colocó como presidente de Endesa en 1997 a Rodolfo Martín Villa, un político incombustible  miembro de la Ejecutiva Nacional del PP y en 2002 a Manuel Pizarro, que formaba parte del núcleo duro empresarial de José María Aznar.

Tras la opa de Enel, Endesa siguió contratando políticos, tanto del PP como del PSOE: Luis de Guindos y Pio Cabanillas del PP; Pedro Solbes vicepresidente económico con Zapatero, en Enel,  y su sucesora en el cargo Elena Salgado en Endesa Chile. Endesa y Enel han tenido en nómina a tres ministros de Economía de los gobiernos de Zapatero y Rajoy: Guindos, Salgado y Solbes.

Luis de Guindos, campeón de las puertas giratorias

Luis de Guindos fue consejero de Endesa justo antes de ser nombrado ministro de Economía y Competitividad por Mariano Rajoy pero después de ocupar altos cargos en el gabinete de José María Aznar, con Rodrigo Rato de ministro de Economía con categoría de vicepresidente, entre los que destacan el de secretario general de Política Económica y Defensa de la Competencia (2000-2002) y secretario de Estado de Economía y secretario de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (2002-2004).

Guindos fue consejero de Endesa desde el 25 de junio de 2009 hasta el 21 de diciembre de 2011. No fue un consejero cualquiera como puede comprobarse por su pertenencia a la Comisión Ejecutiva, su condición como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y, sobre todo, por su sueldo fijo y el variable atribuido en razón de sus responsabilidades. Fue el tercer consejero mejor pagado.

En 2011, el último año en Endesa antes de ser nombrado le subieron el sueldo un 65%. El  ministro cobró un fijo de 48.081 euros anuales y otra retribución variable de 224.665, más 95.667 en concepto de dietas. Casi cinco veces más que lo que cobraría como ministro. A esta cantidad se le sumaban 65.000 euros como consejero del Banco Mare Nostrum y lo que cobró como director del Centro del Sector Financiero de PwC y del IE Business School. Tuvo el detalle de donar la retribución variable cobrada de Endesa en 2011 a Cáritas. Fue el político mejor pagado por Endesa, seis veces más que lo que cobró Elena Salgado como consejera de la filial Chilectra.

Comprando independentistas

Endesa, con fuerte presencia en Cataluña, de donde proceden el 40% de sus ingresos, y donde están instaladas sus dos centrales nucleares, la de Ascó y la de Vandellós, tomó sus medidas para navegar en el proceloso mar del independentismo, entre ellas el fichaje del independentista David Madí en septiembre de 2011 como presidente de su Consejo Asesor para Cataluña, con un sueldo de 200.000 euros al año.

Si se produce un apagón la gente no reclama a las compañías, reclama al Estado. Y, aunque un Estado haya decidido confiar el sector al mercado, una palabra muy manipulada por cierto, las empresas y los ciudadanos son conscientes de que, desregulado o no, la responsabilidad última y a veces primera es del Estado

Sustituía al ‘españolista’ Antón Costa, catedrático de política económica de la Universidad de Barcelona próximo a José Luis Rodríguez Zapatero.Incluía también en el mismo al dirigente de UGT, José María Álvarez; al de Comisiones Obreras, Joan Carles Gallego; a Joan Majó, que, había sido ministro de Industria con Felipe González pero que se pasó a un independentismo matizado que lo llevó a abandonar el PSC en octubre de 2017.

De los 13 miembros del Consejo, seis eran independentistas confesos y tres, compañeros de viaje. Los confesos son: Madí, Germà Bel Queralt, Carles Sumarroca, Inma Tubella, Albert Mitjà Sarvisé, y el exministro socialista Joan Majó, ahora convertido al nacionalismo más radical.

Los compañeros de viaje son Joan Hortalá, presidente de la Bolsa de Barcelona, militante de ERC, y los dirigentes de UGT y Comisiones Obreras, José María Álvarez y Joan Carles Gallego, respectivamente, que apoyan un referéndum sobre la independencia y que fueron renovados como miembros del Consejo.

¿Con quién hay que hablar?

En julio de 2017, cuando el ‘procés’ se convierte en rebelión, el entonces presidente de la compañía,  Borja Prado, al parecer por la presión de Soraya Sáenz de Santamaría, prescindió de Madí, de su consejo catalán, calificado en privado por la entonces vicepresidenta del Gobierno de “nido de independentistas”, y de todos los consejos territoriales que mantenía la compañía en otras regiones como Canarias, Andalucía, Aragón y Baleares.

David Madí prestó servicios muy apreciados por la compañía. Endesa necesitaba a alguien que le avalara cuando tenía que hablar con el entorno independentista. Si Endesa tenía un problema, Madí decía: “No os preocupéis. ¿Con quién hay que hablar? ¿Con ‘La Vanguardia’? ¿Queréis que publiquen un artículo defendiendo la posición de Endesa?. A mí me paga Endesa así que mañana tenéis una columna de opinión en ‘La Vanguardia’ aclarando las cosas. Oye, si te hace falta algo del Barça, dímelo”.

Sánchez se pone de perfil

Hasta ahora el presidente no ha dado la cara en este campo de batalla esencial pues la energía no es un sector más, como el textil o la siderurgia, sino un ingrediente universal que condiciona todas las actividades económicas y afecta de lleno a las reglas de una justa y pacífica convivencia.

Luis Atienza, en unas jornadas sobre la energía organizadas por ‘El Nuevo Lunes’, se preguntaba y preguntaba a la sala: “¿Cuál es la razón sociológica para que en este país la tarifa eléctrica se haya convertido en el último reducto de la lucha de clases?”.

No hubo respuesta pero es un hecho evidente que la tarifa se encuentra en primera línea de los programas de los partidos y de sus reclamaciones parlamentarias. Uno de los conceptos que se ha impuesto es el de “pobreza energética”.

En estas mismas jornadas, el catedrático de la Universidad de Comillas, José Ignacio Pérez Arriaga, sostenía la necesidad de tomar medidas poco convencionales. “Al ser el precio insuficiente –argumentó– hoy día se necesitan medidas suplementarias en forma de estándares, limitaciones, programas de concienciación, ayudas directas…No hay que tener reparo en aplicar estas medidas…”

Luis Atienza, en unas jornadas sobre la energía organizadas por ‘El Nuevo Lunes’, se preguntaba y preguntaba a la sala: “¿Cuál es la razón sociológica para que en este país la tarifa eléctrica se haya convertido en el último reducto de la lucha de clases?”

Pablo Iglesias se aparece

El silencio de Sánchez contrasta con los mensajes de sus socios podemitas, que han ido afinando sus posiciones inicialmente anticuadas, nacionalizaciones y demás y que ahora han hecho propuestas viables para atajar la escalada de los precios, que ha llegado a limites desvergonzados.

Pablo Iglesias, que se había retirado a un plano semiprivado, se ha aparecido para predicar en esta cuestión de primer orden. Le recuerda a Sánchez que el acuerdo que él firmó con él contemplaba «cambios normativos» para bajar la factura de la luz. «No hay mayor lealtad –sentencia– que exigir que se cumpla el acuerdo de Gobierno» que establecía “bajar la factura de la luz haciendo los cambios normativos necesarios para acabar con la sobrerretribución».

Teresa Ribera se enroca

Confieso que profeso admiración por Teresa Ribera y he señalado el acierto de que el presidente resaltara su poder con la categoría vicepresidencial, pero tengo que confesar que me está defraudando. La fuerte subida del precio de la electricidad durante el mes de agosto que ha provocado la subida del IPC en un 3,3% no le ha movido su rojo corazón para cambiar su negativa a tomar medidas serias.

De su intervención en el Congreso de los Diputados el pasado 30 de agosto ha quedado la regañina a los eléctricos por su falta de empatía social que es como recurrir a la caridad, al tiempo que en un entrevista para ‘El País’ del pasado miércoles reconocía: “También hay ganancias excesivas en favor de grandes compañías. Más allá de la valoración ética que haga cada uno, esto resulta obvio. Hay negocios de generación que tienen unos costes operativos muy por debajo del precio al que son retribuidos. Al final, acaba pagando el consumidor”.

El silencio de Sánchez contrasta con los mensajes de sus socios podemitas, que han ido afinando sus posiciones inicialmente anticuadas, nacionalizaciones y demás, y que ahora han hecho propuestas viables para atajar la escalada de los precios, que ha llegado a limites desvergonzados

Teresa Ribera dejó claro en el Parlamento que, contra lo que propone Podemos, el Gobierno no intervendrá sobre el mercado mayorista rechazando lo que le propuso la semana pasada Unidas Podemos. No se toparán los precios que obtienen las plantas eléctricas y nucleares. Ha reconocido que el recibo para un usuario medio se va a disparar este año un 25%. Propone reducir la vinculación de la tarifa semirregulada del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) del mercado mayorista, al que está directamente indexada. No ha cogido el toro por los cuernos. Se ha limitado a poner tiritas en una cuestión que exige cirugía fina.

Apelar al marco europeo, una escapada vergonzosa

Su respuesta a la presión de Podemos y a la indignación popular apelando al marco europeo me parece patética, una disculpa de mal pagadora, un desplazamiento de su responsabilidad formulada con la flacidez vergonzosa de quien en el fondo no cree lo que está diciendo, de quien lanza una verdad a medias, casi una mentirijilla, pues no se le oculta que el problema no está tanto en Bruselas como en el palacio de la Moncloa, en el coraje gubernamental para enfrentarse a la prepotencia eléctrica ante la que se han achantado todos los gobiernos.

Como dice Jorge Fabra, que presidió Red Eléctrica, en una entrevista en ‘ElDiario.es’: “Así que cuando se dice esto, en mi opinión, no se quiere plantear la batalla. Se escuda uno en que esto es la Unión Europea. No: hay que ir y si es necesario dar un puñetazo en la mesa. España no es una cosa despreciable en los acuerdos europeos. Otra cosa son los muy poderosos intereses que están detrás de todo esto. La UE no puede ser el pretexto para hacer una buena regulación”.

Fabra no se cansa en denunciar los efectos nocivos que a su juicio provoca el modelo marginalista del mercado eléctrico, que «corresponde a la época más radical del neoliberalismo más sectario en la historia de la política económica europea». E insiste en que “la energía hidroeléctrica es la explotación de bienes públicos, de la fuerza cinética de las cuencas españolas. Se produce una especulación sobre concesiones públicas para la explotación de bienes públicos”

No obstante, Teresa Ribera puede felicitarse de que mi admirado Jorge Fabra, que hasta la llegada de Sánchez al poder era la más inteligente y valerosa cabeza crítica, haya bajado el diapasón de sus críticas, calificando bondadosamente en dicha entrevista el proyecto del Gobierno de “un paso necesario y valiente en la dirección del buen gobierno y la buena regulación”. Afortunadamente contamos con la elocuente voz de su hija, Natalia, que mantiene los principios familiares en sus artículos en ‘El País’.

La respuesta de Ribera a la presión de Podemos y a la indignación popular, apelando al marco europeo me parece patética, una disculpa de mal pagadora,  un desplazamiento de su responsabilidad formulada con la flacidez vergonzosa de quien en el fondo no cree lo que está diciendo, de quien lanza una verdad a medias, casi una mentirijilla, pues no se le oculta que el problema no está tanto en Bruselas como en el palacio de la Moncloa, 

Jordi Sevilla, con Podemos

Jordi Sevilla, que fue ministro con Zapatero, y que con Sánchez presidió Red Eléctrica –como Fabra–, que respira por la herida de que le despidiera Ribera, ha ido mas lejos que Fabra al asumir la última propuesta de Unidas Podemos como «una buena base» para «cambiar las reglas del mercado eléctrico y bajar los precios». Y ha lanzado una jaculatoria: «A ver si Moncloa toma las riendas del asunto».

Concretamente, el grupo confederal de Podemos propone la fijación de un precio fijo para la energía nuclear y un precio máximo para la energía hidroeléctrica, tecnologías con una capacidad de generación más barata y que, por tanto, obtienen mayores márgenes de beneficio en el mercado de electricidad.

Se ha achantado hasta la CNMC, cuya presidenta, Cani Fernández, estaba creando fama de implacable frente a los grandes poderes, multando sus abusos y triquiñuelas entre otros aspectos especialmente vergonzosos como ponerse de acuerdo para estafar al sector público pero que en su denuncia de las estafas realizadas por las comercializadoras eléctricas no se ha atrevido a pronunciar los nombres de las pecadoras. Sus multas son escasas, ridículas si las comparamos con los beneficios ilícitos de las mismas, pero su eficacia reside justamente en hacer públicos sus nombres.

Argumentan con el miedo

El argumento subyacente cuando llegó la democracia, para que no se pusiera en cuestión el statu quo eléctrico, fue el del miedo. No lo dicen con las siguientes palabras pero procuran que así se entienda: “Ojo que como os pongáis muy escrupulosos desembocaremos en un apagón general y duradero con las consecuencias sociales y políticas que se pueden suponer”.

De hecho, no sólo en España, sino en otros países de nuestro entorno, y reconocido por la propia Unión Europea, se consagró la seguridad del abastecimiento energético como una cuestión de orden público que sigue residiendo en cada Estado, con prevalencia sobre las demás consideraciones: vigilancia de la competencia y otras precauciones fijadas en las reglas europeas.

Como replica Jorge Fabra, que presidió Red Eléctrica: “Así que cuando se dice esto, en mi opinión, no se quiere plantear la batalla. Se escuda uno en que esto es la Unión Europea. No: hay que ir y si es necesario dar un puñetazo en la mesa”

Un caso que ilustra este planteamiento lo protagonizó E.On cuando decidió comprar Ruhrgas, propietaria del gasoducto que transportaba el gas desde Rusia hasta Alemania. El Tribunal para la Competencia de la República Federal Alemana, cuyas decisiones son constitucionalmente inapelables, se opuso a esta adquisición. Entonces el gobierno, presidido por el socialista Schroeder, recurrió en defensa de la absorción a un precepto constitucional que encomienda al Gobierno la preservación del orden público y que entiende que la garantía de suministro es una cuestión de orden público. Y el Constitucional anuló la decisión del de la Competencia.

Se necesita una fuerte regulación

Este mismo ejemplo sirve para rubricar la simbiosis entre el sector eléctrico y los Gobiernos, lo que hace necesaria una fuerte regulación en contra de la tendencia experimentada durante los últimos años. Los intereses privados no se compadecen siempre con el interés general. No siempre lo que es bueno para Iberdrola es lo mejor para España.

El Estado, contra lo que pretende el ‘electropoder’,  tiene que estar bien presente para defender los intereses generales. El eléctrico, llamémosle sector esencial o servicio público, que tienen diferente significado jurídico pero son lo mismo desde una perspectiva económica, es un servicio, un bien, del que no se puede prescindir. Todo lo que hagamos está rodeado de electricidad procedente del petróleo, del carbón, de la energía nuclear, del viento, del sol, etc. Todo lo que se haga sobre el subsector eléctrico se expande como mancha de aceite a todo el sector energético.

Y más allá del sector, pues ejerce importantes repercusiones sobre la economía nacional y el bienestar ciudadano.

Si se produce un apagón la gente no reclama a las compañías, reclama al Estado. Y, aunque un Estado haya decidido confiar el sector al mercado, una palabra muy manipulada por cierto, las empresas y los ciudadanos son conscientes de que, desregulado o no, la responsabilidad última y a veces primera es del Estado.

Cuando en el verano de 2003 se produjo un gran apagón en la zona más rica del mundo, donde los derechos de propiedad son completamente sagrados, ya sea Nueva York, Ohio, o Columbia,  tuvo que salir el presidente Bush a dar explicaciones.

El Estado se manifiesta incluso desde la desregulación, que no deja de ser un modo de regular. Josep Piqué, ministro de Industria y Energía en el Gobierno Aznar, presumía en un coloquio organizado por el semanario económico ‘El Nuevo Lunes’ con humor un tanto provocador: “En mi época liberalizamos el sector a base de intervenir”.