Sánchez decide caminar solo

“No hemos hablado de impuestos a las grandes eléctricas, hemos hablado del modo de conseguir una energía más barata”. Así se expresaba la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, sobre la reunión que mantuvieron el pasado martes ella y el presidente del Gobierno con la plana mayor del sector. A la cita en Moncloa acudieron los presidentes de Iberdrola, Naturgy y Acciona, Ignacio Sánchez Galán, Francisco Reynés, José Manuel Entrecanales, respectivamente; los consejeros delegados de Endesa y Repsol, José Bogas y Josu Jon Imaz; y la consejera delegada de EDP, Ana Paula Marques. Quien no estuvo, por cierto, fue Yolanda Díaz.

¿Qué se pidió a estas compañías? “Un esfuerzo adicional” para abaratar la luz, según Ribera, que además dejó caer en la rueda de prensa posterior, por dónde puede ir el real decreto del próximo martes con la receta para abaratar el recibo de la luz de hogares y empresas: “Lo más sencillo es introducir una referencia al precio máximo al que puedan ofertar electricidad las centrales de ciclo combinado”, las de gas, que son las que están disparando la factura.

La propia Ribera reculó en su idea de limitar el precio del megavatio a los 180 euros y Pedro Sánchez está comprobando que pese a haber sumado aliados de calado en su propuesta de sacar el gas del sistema de fijación de precios de la factura, los gobiernos de Alemania, Países Bajos o Dinamarca se oponen frontalmente. En el cajón, por tanto, se queda la posibilidad de aumentar los impuestos a las eléctricas, pero habrá batalla en el seno del Gobierno. Yolanda Díaz ha conseguido recomponer la situación con el resto de ministros de UP y plantear un plan que tiene la subida de impuestos a estas compañías como propuesta estrella.

Un ‘match point’ como el de la reforma laboral

En UP llama la atención que con Iglesias el presidente sí mantuviera encuentros más o menos programados y periódicos, prácticamente semanales, pero que no lo haga con Díaz

Hace pocos días, en una entrevista concedida a RNE, la vicepresidenta segunda esbozaba su programa político -acordado con el resto de ministros de Unidas Podemos- para los días que vienen. Según explicaba Díaz, las tres grandes del sector, Iberdrola, Naturgy y Endesa, han incrementado sus beneficios antes de impuestos un 47%, del año 20 al 21. “Me parece que tienen que contribuir”, y subrayaba: “Ha llegado el momento de incorporar un impuesto extraordinario a las eléctricas”. La vicepresidenta segunda también apuesta por congelar los alquileres de vivienda y actuar en el IRPF de forma selectiva, no con hipotéticas rebajas generalizadas de impuestos.

No hay que perder de vista que el decreto que salga del Consejo de Ministros dle día 29 debe ser convalidado en el Congreso, en una votación que puede suponer un match point para el Gobierno como ya lo fue la reforma laboral. En esa votación, socios de investidura como ERC y EH Bildu se desmarcaron y el decreto sólo se salvó de descarrilar por el error de un diputado del PP. De haber sido rechazado, el Gobierno habría quedado muy tocado, probablemente Díaz habría dimitido y quién sabe si Pablo Casado seguiría al frente del PP. En mayo, cuando el texto se vote en el Congreso, puede darse una votación similar, porque la posición de ERC y EH Bildu está lejos de la del Gobierno.

Tanto Gabriel Rufián como Mertxe Aizpurua ya le han transmitido al Ejecutivo, en las reuniones que ha mantenido esta semana con los grupos parlamentarios que, como Díaz, quieren poner en marcha un impuesto a las eléctricas como respuesta al impacto económico de la guerra de Ucrania. Y en una línea parecida, el portavoz de Más País, Iñigo Errejón, ha pedido al Gobierno que se incrementen los ingresos fiscales gravando más “a los que más tienen”, para evitar los recortes que, según él, se avecinan por las rebajas de impuestos que se han puesto en marcha.

El temor a una gran ‘coalición blanda’

En la patronal que lidera Antonio Garamendi hay inquietud, pero no están dispuestos a ‘socorrer’ al Gobierno como con la reforma laboral

En UP no ha sentado bien que se hayan abierto las conversaciones con otros grupos parlamentarios sin haber cerrado un documento previamente en el seno del Gobierno. Además, como viene sucediendo en todas las negociaciones parlamentarias en lo que llevamos de legislatura, el ala socialista apuesta por abrir el diálogo con el resto de fuerzas políticas, en la línea del acercamiento a Ciudadanos y, quizás, también al PP de Alberto Núñez Feijóo, mientras, que en UP quieren profundizar las negociaciones con los socios de investidura.

Pero, sobre todo, entre los morados llama la atención que con Pablo Iglesias el presidente sí mantuviera rutinas de comunicación, encuentros más o menos programados y periódicos, prácticamente semanales, pero que no lo haga con Yolanda Díaz. En plena crisis por la reforma laboral, a la vicepresidenta le costó varios días poder hablar con Sánchez. Y en estos días ha sucedido algo parecido. Desde que ambos se entrevistaran antes del Consejo de Ministros del martes 15, hasta este último martes, día 22, la vicepresidenta no ha conseguido que el presidente le atienda.

Eso sí, a pesar de los desencuentros que se acumulan, con el aumento del gasto militar y, sobre todo, el giro en torno al Sahara, la vicepresidenta ha confirmado la continuidad del espacio de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros. “Claro que no vamos a romper el Gobierno, porque a este país solo le faltaba tamaña irresponsabilidad”, ha afirmado. El lunes, todavía lamentaba que “tengo una conversación pendiente con el presidente del Gobierno en la que tenemos que abordar tres asuntos: la crisis económica y social de máxima gravedad en nuestro país; la crisis energética; y lo que tiene que ver con la ONU, el Sáhara y las previsibles consecuencias. Estamos siendo coherentes”. Díaz ha recordado que, cuando se produjo la fractura por la reforma laboral, a finales del año pasado, “no solamente compartí y dialogué con todos los ministerios, sino que tuvimos que hacer comisiones paralelas para ello”.

La disputa por los ‘cerebros’ económicos

Como telón de fondo a la disputa por las recetas económicas, está la reunión que la vicepresidenta mantuvo hace unos días con una cincuentena de economistas en la Biblioteca Nacional. Junto a ella, estuvieron el también economista y ministro de Consumo, Alberto Garzón, uno de sus grandes aliados en el espacio de Unidas Podemos; el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable del área de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, que ha participado en la propuesta económica esbozada por la vicepresidenta; y el asesor de cabecera de Díaz, Manuel Lago, que forma parte del equipo de Trabajo tras haber sido diputado en el parlamento gallego. Lago es un economista especializado en relaciones laborales que, entre otras cosas, se ha dedicado a la enseñanza universitaria y ha formado parte del gabinete confederal de CCOO. De hecho, ya trabajó con el padre de Díaz, Suso, cuando éste era secretario general del sindicato en Galicia.

Junto a ellos, una amplia nómina de economistas que Trabajo no ha querido desvelar. Sin embargo, el grupo se fotografió en las escaleras de la Biblioteca Nacional, antes de la reunión. En esa imagen se puede reconocer, por ejemplo, a Natalia Fabra, una experta en energía, bien relacionada con el PSOE y que, según algunas fuentes, ha colaborado con el Gobierno en el diseño de las políticas del sector. Es precisamente esta cercanía al PSOE y a los ministerios en manos de ministros socialistas de algunos de los participantes lo que ha aconsejado a Trabajo cierta discreción con la nómina de expertos que acudieron a la cita.

La CEOE se distancia y el PNV se enfada

Pero mientras se resuelve la deliberación en Europa y llega el crucial Consejo de Ministros de esta próxima semana, la sensación de pasividad y de soledad por parte de Sánchez crece cada día. Incluso sus aliados más estables parecen empezar a poner distancia. El miércoles, era la CEOE la que, al término de la reunión de su junta directiva, emitía un comunicado en el que llamaba al Gobierno a  que “clarifique y detalle con la máxima urgencia” las medidas que prevé adoptar para frenar la subida de los costes energéticos y la espiral inflacionista, así como para poner fin al bloqueo de las carreteras, “que está ocasionando ya desabastecimientos a la población y paralizando la actividad económica, y que, como resultado, amenaza con una gran crisis económica y social”.

En la patronal que lidera Antonio Garamendi hay inquietud por el escenario que se presenta, pero también se ha asentado la opinión de que esta vez no se van a avenir a ‘socorrer’ al Gobierno. De puertas para adentro, Garamendi ha recibido muchas críticas por el acuerdo sobre la reforma laboral -por no hablar de la tensión que se vivió cuando mostró su opinión favorable a los indultos a los líderes independentistas catalanes, que le llevó a las lágrimas en una reunión de la cúpula de la organización- y no tiene intención de tensar más la cuerda. El presidente de la CEOE se enfrenta a la reelección este año y no quiere correr el riesgo de debilitar su posición.

También el pasado miércoles, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, terminó muy enfadado en la comisión de Exteriores del Congreso, durante la comparecencia del ministro José Manuel Albares, criticando duramente la decisión sobre el Sáhara -en línea, por cierto, con todos los grupos, incluido UP-. Los líderes del PNV son los más pragmáticos del panorama político español, en las antípodas de los siempre volubles ERC y EH Bildu, con los que llegar a acuerdos es más complicado. Pero los jetzales ya acumulan varios agravios y su comunicación y su entendimiento con el Gobierno, como el propio Esteban viene denunciando desde hace tiempo, está lejos de ser el mejor. El enfado también fue mayúsculo tras el acuerdo de renovación del Constitucional y el Tribunal de Cuentas entre el Gobierno y el PP, del que quedaron excluidos. Con el paso de los días, cada vez son menos las formaciones políticas y sectores económicos y sociales que le quedan el Gobierno para solventar su .gestión.