Bruno Estrada
“Nuestros sistemas adolecen de un grave problema de falta de ajuste entre la cualificación demandada por el mundo empresarial y la que ofrecen nuestros jóvenes”. Estas palabras, que pronunció el presidente de Inditex en la Cumbre Empresarial de la CEOE de junio de 2020, son un mantra que se repite en foros empresariales, en medios de comunicación acríticos, e incluso en palabras de algunos responsables políticos poco documentados. Sin embargo, los datos ofrecen un panorama muy diferente a este relato:
En relación con los niveles de educación superior España ocupa una buena posición, nuestra tasa bruta de matriculación universitaria es superior, desde hace muchos años, a la media de la UE-28: en 2016 fue un 49,1% frente a un 43,1%, según un estudio de la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades) de 2020. Un porcentaje similar al de Bélgica (49,2%) y Dinamarca (51%), y claramente superior al de Alemania (44,9%), Suecia (43,7%), Italia (42,3%) y, sobre todo, Francia (35,6%).
La tasa de paro universitario en España duplica la media europea y uno de cada tres licenciados universitarios desempeña puestos de trabajo que requieren menos cualificación de la que tiene
Asimismo, en 2019, un 44,7% de la población española con edades entre los 30 y 34 años tenía educación superior, tres puntos por encima de la media europea UE-28, que en ese año fue de un 41,6%.
La calidad de la universidad española en su conjunto es alta, según el World Economic Forum (WEF). Nuestro país está en el puesto 12, por encima de Suecia y Finlandia, que están en el puesto 20. El QS World University Ranking 2021, aunque reconoce que unas pocas universidades suecas que están entre las cien mejores del mundo tienen una gran calidad (p.ej. Karolinska Institute o el KTH Royal Institute of Technology), también pone de manifiesto que entre las mejores 350 universidades del mundo hay 10 españolas y 7 suecas. Por cierto, resulta interesante destacar que uno de los indicadores del QS Ranking en el que peor situadas están las universidades españolas sea en la ratio profesor/alumnos.
El propio WEF señala que el principal problema de nuestro país respecto al capital humano no está vinculado al sistema universitario, sino a nuestra capacidad de incorporar ese conocimiento al tejido productivo. Nuestro país está en el puesto 64 a la capacidad para atraer y retener el talento en las empresas, frente al 18 de Suecia y el 25 de Finlandia.
Todas estas cuestiones se indican en el tercer Informe sobre la Ciencia y la Tecnología en España 2020 que la Fundación Alternativas acaba de publicar, donde se pone de manifiesto que las causas de nuestra incapacidad de retener el talento son: los bajos salarios que pagan las empresas; lo reducido de las expectativas profesionales que se ofrecen a los trabajadores cualificados; y la escasa formación que se imparte en ellas. La mayor parte de las empresas españolas no cubren las expectativas de salarios y carrera profesional de los jóvenes licenciados, de acuerdo con el esfuerzo formativo que han realizado.
La tasa de paro universitario en España duplica la media europea y uno de cada tres licenciados universitarios desempeña puestos de trabajo que requieren menos cualificación de la que tiene. El porcentaje de población mayor de 18 años con estudios universitarios en riesgo de pobreza llegó a alcanzar el 15,3% en 2014, y en 2018 todavía era del 12,6%, por encima de la media de la UE-28 (10,9%) y muy superior a la de Finlandia (6,9%), Bélgica (8,4%) o Francia (8,5%). Ello explica el elevado volumen de universitarios españoles que emigraron a partir de la crisis de 2008-2009. Según diversas encuestas realizadas, la principal respuesta de por qué habían buscado trabajo en el extranjero era: “No veía futuro para mí en el país”.
Según Eurostat ,en la mayoría de países de la UE el ingreso mediano de los trabajadores con estudios universitarios es muy superior al de España: un 71% en Dinamarca, un 49% en Irlanda y Finlandia, un 47% en Holanda, Bélgica y Suecia, un 38% en Alemania, y un 29% en Francia.
Asimismo, en cuanto a la formación en la empresa, en España nos movemos en un rango muy bajo, una media de 17 horas por trabajador/año, mientras que en Alemania se invierten 50 horas y las empresas líderes en el mundo dedican entre 80 y 85 horas por trabajador/año.
Esta incapacidad de retención del talento en España es consecuencia de la reducción drástica de la complejidad de nuestra estructura productiva. La evolución del Índice de Complejidad Económica en España en los últimos cincuenta años es muy preocupante. En 2018 su valor fue inferior al de 1964. Esto no quiere decir que, en términos absolutos, la complejidad de las empresas españolas de hoy sea menor que la de hace cincuenta años, pero sí que, en comparación con otros países desarrollados, hemos perdido posiciones en términos relativos.
En sentido inverso, las experiencias de la República Checa, Singapur y Corea del Sur muestran cómo algunos países emergentes han impulsado inteligentes y efectivas actuaciones de política industrial durante las dos últimas décadas. La importante implicación del Estado ha permitido que sus empresas sean competidoras de primer nivel con las empresas de los países desarrollados en multitud de sectores complejos que fabrican bienes intensivos en tecnología.
Buscar una mejora de la competitividad de empresas principalmente vía precios, como han hecho gran parte del empresariado español, se ha demostrado una estrategia errónea. El resultado, que ha sido favorecido por las instituciones públicas al fomentar la precariedad laboral, es que nos hemos especializado en la fabricación de productos homogéneos y estandarizados que compiten principalmente en costes, y que generan un elevado volumen de empleo descualificado y mal remunerado.
Resulta evidente, por tanto, que no se puede responsabilizar de la baja productividad de las empresas españolas a la cualificación de las nuevas generaciones de trabajadores. Para avanzar hacia una “economía de alta productividad” resulta ineludible que los accionistas adquieran un mayor compromiso con sus empresas, esto es, que el porcentaje de beneficios que se reinviertan se incremente, de forma que se pueda incrementar su capital físico; financiar adecuadamente la imprescindible innovación tecnológica, y mejorar la formación y cualificación de los trabajadores. Si no se revierte esta situación, España será en breve un ejemplo de manual de país desarrollado en declive.
Economista, adjunto a la Secretaría General de CC OO. Es director adjunto del Programa Modular de Relaciones Laborales de la UNED. Vicepresidente de la Plataforma por la Democracia Económica. Fue miembro fundador de Economistas Frente a la Crisis. Ha publicado diversos libros, los más recientes ‘Conciencia de clase. Historias de las comisiones obreras’ (et alt.),’20 razones para que no te roben la historia de España’, ‘La Revolución Tranquila’. Autor de la obra de teatro ‘Escuela Rota’.
