Empar Pablo
Nos hallamos en el inicio de un proceso electoral de gran importancia. La ciudadanía debería sentirse interpelada por los acontecimientos. Desde los ámbitos autonómicos y municipales se deciden las políticas que determinan la vida de los ciudadanos y ciudadanas, en sanidad, educación, cuidados o vivienda. Las personas trabajadoras nos jugamos mucho en estas elecciones porque muchas cosas de la vida cotidiana pasan por esos servicios.
Coincidiendo con este 1º de Mayo, y a las puertas de iniciar un crucial ciclo electoral que tiene una primera parada en las elecciones municipales y autonómicas de este mismo mes y que concluirá con las generales que se celebrarán a partir de noviembre, quiero proponer, si me lo permitís, el siguiente ejercicio. Consiste en saber quién ha propuesto y quién ha apoyado las principales medidas, logros y cambios legislativos en apoyo de la mayoría social, aquellos que en mayor medida están sufriendo los efectos de la inflación, de la Guerra de Ucrania, el alza de tipos de interés por el Banco Central Europeo, la desestabilización de la cadena global de suministros o subida de los precios de la vivienda y el alquiler. Menciono circunstancias que contribuyen a proyectar una tremenda incertidumbre sobre la renta disponible de millones de hogares en España. Todo ello está lastrando especialmente las rentas modestas, pero también las de la mayoría social. Por ello, conviene centrar el objetivo e identificar quién rema a favor del aquello que convendría recuperar cuanto antes: el bien común. Con el eslabón débil de la cadena se debe acertar siempre al repartir pesos y contrapesos. Méritos y deméritos.
Las empresas han repercutido el coste de las subidas de los productos energéticos en el precio final de los bienes y servicios, especialmente en los productos alimenticios y de primera necesidad
Para empezar, las principales conquistas sociales y laborales se han conseguido a través del diálogo social y una serie nutrida de acuerdos. Son conquistas que suponen ganar derechos y mejorar la vida de las personas trabajadoras. En todos estos elementos, indiscutiblemente han sido protagonistas los sindicatos de clase. Pusieron contenido a cada medida y pujaron incansablemente por alcanzar acuerdos. También el primer Gobierno de coalición –y progresista– de la historia de nuestra democracia. ¿De qué hablamos? Los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO sobre pensiones y salario mínimo suponen la protección de las rentas de aproximadamente 13 millones de personas. En el primer caso, se ha mantenido el poder adquisitivo de más de 10 millones de personas pensionistas con un incremento del 8,5%. En el segundo, la subida del 8% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para este año, que acumula ya una subida del 47% durante la legislatura, y mejorará la vida de alrededor de 2 millones de personas trabajadoras. Situar el SMI en 15.120 euros anuales, supone instalarlo en la senda de la Carta Social Europea, es decir en el 60% del salario medio del país. Igualmente se han incrementado las prestaciones por desempleo tanto contributivas como asistenciales.
Además, se han firmado seis acuerdos en defensa del empleo para hacer frente a la situación inédita que originó la COVID-19, la laboralización de los llamados ‘riders’, la ley del teletrabajo, la nueva regulación de las relaciones laborales para quienes prestan servicios en el ámbito del hogar familiar, con el reconocimiento del derecho a las prestaciones por desempleo; el desarrollo reglamentario de los planes de igualdad entre mujeres y hombres y el registro salarial en las empresas. Enumero medidas necesarias para acabar con las desigualdades en el mercado de trabajo y con la brecha salarial; resaltando las dos grandes reformas: la reforma laboral y la reforma de la Seguridad Social y las medidas sociales y económicas tomadas para afrontar las crisis vividas.
Este conjunto de medidas ha contribuido de forma decidida a luchar contra la pobreza y la desigualdad social, y ha reducido la brecha salarial de género. Me pregunto ahora mientras lees esto: ¿Estarás tú entre estas personas? ¿No conocerás a nadie que esté entre ellos y ellas? Aseguraría que sí, como me pasa a mí.
En este punto creo que no sobran algunos interrogantes acerca de quién se bajó de esos acuerdos, votó siempre en contra o de quién se manifestó recurrentemente frente a todas las mejoras destinadas a facilitar el día a día a quienes lo están pasando peor: la derecha política, económica y mediática que, por oponerse, se ha posicionado en contra de la subida del SMI, la reforma laboral u otras medidas sociales como la excepción ibérica para fijar el precio del gas. En fin.
Pero queda mucho por hacer si pensamos en las trabajadoras y los trabajadores, las personas autónomas y las que resisten como pueden en medio de la precariedad sistémica. La reforma laboral está dando sus frutos y hay que seguir trabajando en esta línea. Para ello, es necesario aumentar de forma importante las plantillas de la Inspección de Trabajo. Igualmente es preciso reforzar los servicios públicos de empleo y las políticas activas para hacer frente al problema del paro que, aunque se ha reducido en los últimos años, seguimos teniendo casi tres millones de personas que no encuentran un empleo y ese sigue siendo el principal problema del país.
La respuesta pública para hacer frente a la subida de los precios ha sido importante, pero aun así, está mostrando limitaciones para hacer frente al deterioro de las rentas reales de millones de personas, y por tanto es necesario evaluar las medidas implementadas y los efectos reales de las mismas, para reforzarlas y dotarlas de eficacia, pues no siempre han tenido las consecuencias deseadas.
Además una parte muy importante de la subida de los precios viene determinada por el exceso de beneficios empresariales, cosa del todo indecente, más después de la respuesta que pactamos en periodo pandémico que salvó millones de puestos de trabajo y de empresas en este país. Las empresas han repercutido el coste de las subidas de los productos energéticos en el precio final de los bienes y servicios, especialmente en los productos alimenticios y de primera necesidad.
Queremos negociar un acuerdo de salarios con la patronal, pero ante su escasa voluntad no vamos a esperar indefinidamente. Si no hay acuerdo en las próximas semanas, intensificaremos el proceso de movilizaciones convenio a convenio. En aquellos sectores donde hay organización sindical, cultura negocial, vínculo de la clase trabajadora al convenio, y se fomenta la participación directa de las trabajadoras y los trabajadores en los procesos de negociación y, llegado el caso, de movilización, los convenios colectivos han sido mejores. Han mantenido el poder adquisitivo y han sentado las bases para seguir avanzando en la mejora de las condiciones laborales, revitalizando a su vez el papel de la negociación colectiva. Un acuerdo salarial daría cobertura a los sectores más débiles y precarizados.
Y tenemos claro que en nuestro país aún es demasiado fácil y barato despedir. Tenemos que avanzar hacia un coste del despido suficientemente disuasorio, justo y adecuado a las circunstancias sociales, vitales y de reempleabilidad de las personas víctimas de decisiones injustas y aleatorias, de acuerdo con la doctrina del Comité Europeo de Derechos Sociales.
¿A quién no le gustan las medidas que proponemos? Seguir construyendo en la dirección marcada en esta legislatura depende mucho del resultado de estos procesos electorales. Las personas trabajadoras nos jugamos el seguir avanzando en la mejora de la calidad de vida. Sabemos quién es quién. Expresémoslo este primero de mayo en las calles.
Diplomada en Relaciones Laborales por la Universitat de València. Máster en Prevención de Riesgos Laborales (técnica superior en Ergonomía y Psicosociología) por la Universitat Politècnica de València. Máster en Género y Políticas de Igualdad por la Universidad Rey Juan Carlos I. Community Management por la Fundación UNED. Formadora Ocupacional por FOREM PV. Vinculada a CCOO desde 1996 de forma militante en la Secretaría de Juventud de CCOO PV. Se incorpora como miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO PV en el 8º Congreso como secretaria de Juventud del País Valencià. En el 9º Congreso asume la Secretaría de Comunicación y Política Lingüística en CCOO PV. En el 10º congreso se incorpora a la Dirección Confederal estatal de CCOO como secretaria de Movimientos y Redes Sociales. En el 11º Congreso es nombrada secretaria de Comunicación, cargo que mantiene actualmente en el 12º Congreso de CCOO.
