El Acento/ Inmaculada Sánchez
A este Gobierno no le gustan los sueldos estratosféricos de los altos ejecutivos de la banca. Tampoco al resto de los mortales, pero en un sistema de libre mercado como el que tenemos -ya sabemos que aquello de «refundar el capitalismo» tras la crisis financiera de 2008 solo fue una frase vacía- cada empresa es libre de retribuir a sus directivos como considere. En los últimos días, sin embargo, la vicepresidenta Calviño, la ministra Díaz y hasta el presidente Sánchez han querido manifestar públicamente su desacuerdo con las altas remuneraciones de los principales ejecutivos de entidades financieras que han presentado propuestas de despido colectivo en sus plantillas a miles de trabajadores.
La espoleta de la indignación gubernamental ha sido la decisión de la flamante Caixabank, nacida de la absorción de la pública Bankia por parte de la catalana, de triplicar -sí, han leído bien: multiplicar por 3- la retribución de su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, máximo dirigente de la antigua caja madrileña hasta la fusión, llegando a sumar 1,6 millones de euros anuales. «Hay que competir en un mercado global», ha justificado el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, aludiendo al nivel de sueldos habitual en semejantes responsabilidades. El propio aludido ha señalado que sus emolumentos están por debajo de la media de su sector. Y otros interlocutores económicos recuerdan que Goiri, como se le conoce en el mundillo económico, tuvo su sueldo limitado por decisión de su principal accionista, el Estado a través del FROB, mientras reflotaba la maltrecha Bankia.
La banca española planea despedir a miles de trabajadores en los próximos meses al tiempo que sube estratosféricamente los sueldos de sus altos ejecutivos. Ambas medidas son necesarias, explican, para ser competitivos pero el coste del desempleo o las prejubilaciones de sus ‘excedentes laborales’ recaerá en el sistema público
Lo que ha resultado obsceno, incluso para la Moncloa que alentó la fusión, renunciando a mantener la titularidad pública en la antigua Bankia como le reclamaba Unidas Podemos, ha sido la coincidencia en el anuncio de la subida de sueldos con la de un histórico ERE que propone poner en la calle a unos 8000 empleados de la entidad para asegurar su futuro.
De «inaceptables» han sido calificados los sueldos por la vicepresidenta económica. «Unas remuneraciones que no se corresponden en absoluto con la situación económica de nuestro país, y menos aún en entidades que están anunciando fuertes recortes de personal y cierre de oficinas”, afirmaba Calviño hace unos días. «No son tiempos de despidos», añadía la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, después de que el FROB votase en contra de la política de remuneraciones en el primer consejo de administración de la entidad fusionada, aunque con nulas consecuencias dado su actual peso minoritario en el accionariado tras la ‘boda’.
El presidente Sánchez, tan necesitado de retomar impulso politico después del varapalo de las elecciones madrileñas, ha querido sacar pecho con este asunto criticándolo en el congreso de UGT de esta semana. Estas decisiones de la gran banca – no sólo Caixabank, sino también BBVA y Santander negocian EREs masivos para recortar plantillas- “trasladan alarma social e indefensión”, ha dicho Sánchez en el foro ugetista, criticando a estos sectores ganadores, “que pagan millonarios sueldos a sus ejecutivos, que no han dejado de crecer y de crecer durante la pandemia”.
El hecho es que, más alla de la presión pública que puedan ejercer estas manifestaciones, la Administración ha ido desprendiéndose de su capacidad para limitar o controlar semejantes desmanes. Al aceptar la absorción por Caixabank, el FROB diluyó su participación en la nueva entidad asumiendo un papel minoritario en su futuro -como quedó demostrado en la votación de los sueldos del staff directivo- a la espera de una próxima venta de sus acciones. Incluso en el caso de los despidos colectivos, el Estado ya no cuenta con la herramienta que históricamente tenía para presionar en favor del acuerdo empresa-sindicatos: la reforma laboral del PP de 2012 eliminó la autorización administrativa previa para los ERE, que ahora también, gracias a la citada reforma, se pueden plantear sin necesidad de declarar pérdidas siempre que haya reducción de ingresos en los tres trimestres anteriores.
Para colmo ciudadano, esos miles de bancarios que se quedarán sin trabajo en breve, supondrán, además, un coste importante para el sistema público de protección, vía seguro de desempleo, prejubilaciones o subsidios a los no logren reinsertarse en el mercado laboral. ¿No debería, pues, tener, al menos, algo que decir el Estado en la ‘libre’ decisión de la banca sobre cuánto paga y cuánto despide? De las cifras de su rescate mejor hablamos otro día.
Periodista y directora de El Siglo desde 2011, revista que contribuye a fundar, en 1991, formando parte de su primer equipo como jefa de la sección de Nacional. Anteriormente trabajó en las revistas Cambio 16 y El Nuevo Lunes y en la Cadena Ser. Actualmente también participa asiduamente en diferentes tertulias políticas de TVE y de Telemadrid
