
José Luis Centella
Atravesamos tiempos de convulsión y de incertidumbre en los que algunos cuestionan y atacan importantes avances conseguidos tras décadas de lucha. Son tiempos en los que la extrema derecha intensifica su actuación contra cualquier valor o libertad cívica que cuestione el patriarcado sobre el que se ha construido la llamada ‘civilización occidental’, que no es otra cosa que la sociedad.
Hace unos días comprobamos, por ejemplo, cómo países que consolidaron las conquistas del colectivo LGTBI corren peligro de vivir una involución política, social y económica, porque las garantías que nos dan los derechos refrendados en legislaciones positivas pueden sufrir un revés que nos retrotraiga a tiempos más difíciles que ya creíamos superados para siempre.
La extrema derecha, el populismo conservador y todo ese soporte mediático que buscan conseguir una hegemonía ideológica fascista apuntan ya sin rodeos ni disimulos al feminismo y al colectivo LGTBI entre sus blancos favoritos. Criminalizan los valores de libertad e igualdad que defienden. Buscan presionar en todos los frentes sociales, políticos e institucionales para acabar con los derechos conseguidos.
No es casualidad que uno de los ministerios que soporta mayores ataques de la extrema derecha sea el de Igualdad, ni que quieran demonizar el 8 de marzo
En los últimos 30 años han sido muchos e importantes los logros tanto del movimiento feminista como del colectivo LGTBI, ambos muchas veces ocultados y estigmatizados. Pero debemos ser muy conscientes de que falta un gran trecho para lograr la plena igualdad.
Aquí, al igual que en otros campos, se ha abierto una etapa difícil, muy dura, más si cabe debido a la incertidumbre sobre cuál será el final de la crisis sanitaria del Covid-19 y cómo se resolverá la crisis económica que acarrea. Los proyectos en marcha en materia de igualdad y de visibilidad pueden verse comprometidos por el ascenso de fuerzas contrarias a la dignidad y los derechos humanos, por un peligroso fascismo de corte moderno.
Un reciente estudio elaborado por el sindicato UGT para conocer las discriminaciones en el ámbito laboral pone sobre la mesa las discriminaciones que sufren lesbianas, gais, bisexuales y transexuales en el ámbito laboral, así como la mayor falta de oportunidades que deben soportar y cómo se ha condicionado históricamente su desarrollo personal, social y laboral.
Los resultados de este estudio plasman una realidad preocupante, pero también muestran el largo camino que queda para lograr la igualdad real. Queda mucho por hacer para que se garanticen los derechos de todas las personas trabajadoras, y no vamos a permitir los ataques a quienes pertenecen a colectivos a los que se pretende marginar de nuevo para que vuelvan al armario en su entorno laboral.
Todo lo expuesto sirve para reafirmar que son tiempos de alianzas sociales, políticas e institucionales entre sectores que están siendo amenazados por las presiones del pensamiento reaccionario y conservador. Se necesita más que nunca construir una solidaridad para defender una sociedad más justa e igualitaria, que arrincone y derrote a los grupos de interés involucionistas.
No es casualidad que uno de los ministerios que soporta los mayores ataques de la extrema derecha sea el de Igualdad. Tampoco es fortuito que desde hace meses quieran demonizar el último 8 de Marzo, pretendiendo ligar para siempre esta fecha con el origen de la grave pandemia por el coronavirus que sufre nuestro país. No podemos despistarnos con sus maniobras. Como ha ocurrido con el reciente Día del Orgullo, debemos seguir teniendo las cosas muy claras para impedir que nos arrebaten celebraciones de esta naturaleza, por mucho que lo intenten. Tienen que ser jornadas de unidad en la reivindicación y de lucha en defensa de una sociedad más justa, más libre y más igualitaria.
Coordinador de la Asamblea Político y Social de Izquierda Unida y presidente del Partido Comunista de España (PCE), partido del que ha sido secretario general entre 2009 y 2018. Maestro de profesión, fue concejal en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Benalmádena, provincia donde inició su actividad política y por la que fue elegido diputado al Congreso en 1993, 1996 y 2000. En la X Legislatura (2011-2015) volvió a la Cámara Baja como diputado por Sevilla, ocupando la portavocía del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA-La Izquierda Plural.