Alba del Prado
Del “ni Flick ni Flock” de los años ochenta del siglo pasado a la Kitchen, o la Gürtel de hoy o los más recientes casos del ‘Tito Berni’ o el del FC Barcelona. La corrupción, ni es nueva, ni se pasa… España ha conocido y conoce decenas y decenas de casos de corrupción de todo tipo, de todo orden, en todos los estamentos económicos, políticos y administrativos desde hace siglos. La llegada de la democracia, lamentablemente, no ha servido para erradicarla pero, al menos sí para que salgan a la luz más casos y para que los partidos implicados se vean obligados a tomar medidas. Las citas con las urnas de este año dirán quién paga un precio más alto.
El primer sondeo del año del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) situaba en octavo lugar de las preocupaciones de los ciudadanos la preocupación por la corrupción. Como consecuencia de las rebajas de penas por malversación en el Código Penal aprobada por la coalición de Gobierno en diciembre del año pasado; la preocupación de la corrupción y el fraude como un problema crecía en 1,1 puntos porcentuales (hasta el 5% de los encuestados), aunque, se colocaba en enero como el 12º problema de los españoles.
Las bochornosas imágenes de la investigación contra un ex-diputado y ex-militante del PSOE, Juan Bernardo Fuentes, con apelativo de gánster de película de serie B, ‘Tito Berni’, coincidían con las de un ex presidente autonómico del PP, Francisco Camps, sentado por enésima vez en el banquillo de los acusados de la trama Gürtel después de ‘superar’ otros nueve juicios y llevar trece años imputado.
Rodeado de prostitutas, de los empresarios a los que estafaba con promesas de ‘arreglar’ lo que necesitaran, las imágenes del exdiputado canario pueden parecer más propias de una película de la época del ‘destape’ que de una sociedad moderna como la española. Pero la trama solo ha empezado a ser investigada y, hasta ahora, ya le ha costado el cargo al jefe de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife por irregularidades en obras de cuarteles. Un hilo que puede causar muchos disgustos al Gobierno actual.
Enfrente, la Fiscalía Anticorrupción acaba de concluir, en el llamado ‘caso Kitchen’, que desde la cúpula del Ministerio del Interior que entonces encabezaba Jorge Fernández Díaz se diseñó una «ilícita operación policial de inteligencia» dirigida a impedir que el material incriminatorio que pudiera conservar el que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas llegara a poder de los investigadores de la trama Gürtel. No obstante, y pese a ser el partido el principal beneficiado de estos trabajos, la justicia no ha conseguido pruebas suficientes para sentar en el banquillo a ningún dirigente del PP -aparte del propio Fernández-Díaz-, entonces presidido por Mariano Rajoy.
En el río revuelto de la política, cualquier motivo es bueno para lanzar campañas en contra del adversario. Que se lo digan a Felipe González cuando estalló el ‘caso Roldán’ que supuso el inicio de su caída. O se lo pueden recordar a Mariano Rajoy, al que el ‘caso Gürtel’ le costó la presidencia del Gobierno, después de una moción de censura que resultó apoyada por la inmensa mayoría del Congreso en una decisión de consenso pocas veces conocida en el palacio de la madrileña Carrera de San Jerónimo.
El primer sondeo del CIS del año situaba la corrupción en el octavo puesto de las preocupaciones de los ciudadanos, aunque crecía un 1,1 por ciento
Aunque los más escépticos piensan que en España se votan unas siglas sin importar lo que haya alrededor; la confluencia en mayo de elecciones municipales -donde los problemas más cercanos se imponen en el criterio de selección de la papeleta- autonómicas y generales -a final de año- hace más evidente un cierto cambio de actitud de los partidos afectados por este tipo de escándalos. Si se comete un error no habrá tiempo para enmendarlo o ‘enterrarlo’ antes de los siguientes comicios.
Reacción rápida
Sea por la proximidad de elecciones o porque han aprendido de los errores anteriores, el caso es que los partidos políticos españoles han aprendido que la opinión pública puede ser muy dura con su castigo. A nadie le gusta perder el poder por intentar tapar escándalos de todo tipo de irregularidades en la financiación del partido como le ocurrió al PP de Mariano Rajoy.
Sea como fuere, los partidos empiezan a tomar decisiones rápidas para intentar desmarcarse del efecto ‘contagio’ de sus ‘manzanas podridas’. La expulsión del partido de ‘Tito Berni’ al poco de conocerse el escándalo como hizo el PSOE empieza a marcar ‘estilo’. Incluso el PP, tan remiso a tomar decisiones drásticas dentro de sus filas, suspendió recientemente de. Militancia al alcalde de la localidad conquense de Villar de Cañas, por vejara públicamente a la ministra Irene Montero con alusiones, no solo carentes de la más mínima educación y respeto, sino más propias de la España de la posguerra que de un país del siglo XXI, miembro de la Unión Europea. Eso sí, la reacción del PP ha tenido que esperar un mes…
Pesan los votos
El caso es que con ‘Tito Berni’ en los medios todos los días, y el precio que la ‘Gürtel’ le cuesta todavía al PP; los partidos se afanan en mantener más fresco el ambiente de escándalo a medida que se aproxima la campaña electoral. Falta por ver si eso les cuesta votos a cada formación.
Según una encuesta realizada a finales del año pasado por la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF, adscrita a las Cortes Valencianas) y la Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública de la Universidad de Murcia, los españoles creen que hay más corrupción entre los políticos que entre los empresarios, los funcionarios o el resto de ciudadanos. Aunque, destaca el sondeo, la corrupción y el fraude aparecen en los últimos puestos de los problemas que preocupan a los encuestados, pero del estudio se desprende, según sus autores, “una insatisfacción ciudadana” con los políticos y las instituciones en el sentido de que “no cumplen con sus obligaciones”.
La celeridad con que los partidos investigan y depuran responsabilidades es clave para el votante, aseguran los expertos
Es evidente que la suavización del delito de malversación aprobada recientemente por el Gobierno no ayuda a cambiar la opinión. De hecho, tal como señalaba el director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, la nueva norma puede suponer un “retroceso” en la lucha contra la corrupción, “facilitar vías de escape”.
En esa línea, el director de Opinión Pública y Estudios Políticos de la empresa de estudios sociológicos Ipsos España José Pablo Ferrándiz, considera que cualquier acontecimiento que suceda en periodo preelectoral suele tener efecto en el voto de los ciudadanos. Y añade que la celeridad con la que los partidos investigan y depuran responsabilidades es clave para el votante. Y recuerda opiniones como la del profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, Ignacio Sánchez-Cuenca, para quien los efectos colaterales de la corrupción no se materializan inmediatamente, sino que “actúa como un óxido cuyas consecuencias sociales y políticas se vislumbran más a largo plazo”.
Escándalos, desgraciadamente no faltan. Lo que falta por ver es si la ciudadanía mantiene la fidelidad a unas siglas contra viento y marea.
