Cristina Narbona
Creo que no hay un honor mayor, para quienes creemos en la democracia, que el de resultar elegido por la ciudadanía para gobernar nuestra patria. Un honor que conlleva una enorme responsabilidad, que –aunque compartida con aquellos que asumen las diferentes tareas en un Consejo de Ministros– significa convertirse en la última instancia en la toma de decisiones. Y quienes ostentan este honor deberían, a mi juicio, dar siempre ejemplo en cuanto al respeto que merecen sus predecesores y sus sucesores, al margen de las lógicas discrepancias en cuanto al ideario político que cada uno de ellos defiende.
Por ello, me repugna profundamente el comentario del expresidente Aznar, que ha definido a Pedro Sánchez como el “tonto útil” de los herederos de ETA –aquella organización que Aznar definió como el “Movimiento Vasco de liberación” y con la que autorizó la apertura de negociaciones–.
Me repugna profundamente el comentario del expresidente Aznar, que ha definido a Pedro Sánchez como el “tonto útil” de los herederos de ETA –aquella organización que Aznar definió como el “Movimiento Vasco de liberación” y con la que autorizó la apertura de negociaciones–
En estos tiempos de debate sobre los riesgos de la desinformación, es importante entender en qué consiste la libertad de expresión y cuál debería ser, en este ámbito, el comportamiento de los actores públicos y de los medios de comunicación. Y, por lo tanto, dónde se sitúa la línea entre las críticas legítimas y la burda descalificación.
El Partido Popular –o al menos algunos de sus dirigentes– sólo parecen aceptar los resultados electorales cuando ellos consiguen gobernar. No es ésa, desde luego, una actitud democrática. Según el PP, las coaliciones sólo son “Frankenstein” cuando permiten a los socialistas gobernar; por el contrario, si Isabel Díaz Ayuso preside la Comunidad de Madrid –aunque no encabece la lista más votada–, gracias al apoyo de la ultraderecha, el resultado es aceptable.
Aunque Pablo Casado haya teóricamente renegado de las alianzas con Vox –con motivo de la moción de censura que mostró la absoluta soledad parlamentaria de Santiago Abascal–, esas alianzas siguen activas en varios territorios; y tendremos ocasión de comprobar cuál es su precio, de cara a la aprobación de los Presupuestos en las correspondientes Comunidades Autónomas.
Ante el injustificable comentario de Aznar, ahí está la hemeroteca para comprobar, también, la diferente vara de medir del PP, cuando su entonces alcalde de Vitoria y actual portavoz en el Senado, Javier Maroto, propugnaba acuerdos con HB “sin que le temblasen las piernas”; o cuando UPN, la marca blanca del PP en Navarra, aprobaba Presupuestos con la izquierda ‘abertzale’ –por cierto, cuando ETA todavía mataba y amenazaba–.
El PSOE ha sufrido, igual que el PP, la violencia de ETA. Muchos hemos tenido que recibir protección durante años por encontrarse nuestros nombres en las listas de objetivos de la organización criminal. Los socialistas hemos impulsado la legislación más completa en apoyo a las víctimas, y hemos trabajado desde todas las instancias hasta el final de la actividad criminal de ETA: un éxito de la democracia, y muy en particular de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la ciudadanía de Euskadi.
Ahora, casi diez años después de aquella victoria, Bildu es un partido legal, que representa a más de doscientos mil vascos cuando participa en el Parlamento de España: por supuesto, hay que seguir insistiendo en que rechacen explícitamente cualquier injustificable defensa de la violencia de ETA. Pero sus votos en contra de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado no comportan ninguna concesión inconfesable, como algunos pretenden. Aquí no hay “tontos útiles” en beneficio de los herederos de ETA; si acaso, algún “tonto peligroso”, que siembra la desconfianza hacia la acción de un Gobierno que, afortunadamente, no ceja en su empeño de disponer de unos Presupuestos Generales del Estado que alivien la grave situación sanitaria, social y económica producida por la pandemia.
Ojalá todos los grupos parlamentarios compartieran la responsabilidad de aprobar cuanto antes estas cuentas públicas, diseñadas para obtener el máximo de recursos de los nuevos fondos europeos.
Presidenta del PSOE, partido del que es miembro desde 1993. Vicepresidenta Primera del Senado. Doctora en Economía por la Universidad de Roma, ha sido, entre otros cargos, secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (1993-1996) y ministra de Medio Ambiente (2004-2008), así como embajadora de España ante la OCDE (2008-2011). Desde enero de 2013, y hasta su elección como presidenta del PSOE, ha sido consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Es miembro del Global Sustainability Panel del secretario general de Naciones Unidas (2010-2012), de la Global Ocean Commision y de la Red española de Desarrollo Sostenible. También forma parte del colectivo Economistas frente a la Crisis.
