Cristina Rivero.
Europa, y por tanto España, está inmersa en un proceso imparable de transformación, guiada por el objetivo de convertirse en la primera región del mundo que alcance la neutralidad climática en 2050. Este objetivo, el corazón del llamado Pacto Verde Europeo, está impactando de lleno en las políticas sectoriales existentes y deberá desencadenar aún nuevas políticas y medidas para que seamos capaces de acometer el reto.
Para ello, la Comisión Europea ha propuesto una batería de 14 medidas que constituyen el paquete legislativo más amplio de los presentados hasta la fecha. La regulación sobre energías renovables, eficiencia energética, emisiones de gases de efecto invernadero, economía circular o transporte, entre otras, deberán revisarse y tenemos ya sobre la mesa el debate sobre las medidas que nos llevarán a una mayor ambición climática y cuyo detalle estaremos definiendo en los próximos dos años.
El reto de la neutralidad climática implica cambiar radicalmente la forma en que consumimos, nos desplazamos, producimos… En definitiva, la forma en la que hemos estado viviendo. Con el objetivo de intentar mejorar la relación con nuestro entorno, frenar su degradación y adaptarnos a los cambios inevitables aumentando nuestra resiliencia. Un objetivo que acometemos desde el lugar privilegiado que nos da nuestra pertenencia a la Unión Europea, que ha optado por abanderar esta aventura.
No nos engañemos: un futuro libre de emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050 es un reto complejo, titánico, si cabe, en algunos ámbitos. No sólo serán necesarias nuevas políticas y medidas sino que este proceso nos llevará, inexorablemente, a nuevas formas de entender la colaboración público-privada, de diseñar e implementar ese marco, y a la necesidad de hacer frente a una disponibilidad de información veraz, realista y balanceada que nos permita, como ciudadanos y consumidores, tomar decisiones que estén a la altura.
Este proceso nos llevará, inexorablemente, a nuevas formas de entender la colaboración público-privada
Para conseguirlo, hay dos asuntos son capitales, desde mi punto de vista. Debe ser un objetivo compartido, un proyecto país, y, para ello, debe contar con la implicación de toda la sociedad. Tenemos que ser capaces de extraer las oportunidades que se abren para nuestro país y tenemos que poder equilibrar y acompasar las medidas menos amigables, que también las habrá, de modo que sea un balance económico, social y ambiental el que haga posible alcanzar los resultados esperados. Llevamos más de 20 años hablando de estos tres pilares y ha llegado el momento de ponerlos en el mismo nivel y diseñar el futuro sobre esa base estable.
Sin duda, el Pacto Verde y el programa de recuperación diseñado por la Comisión Europea para salir de los impactos de la pandemia son una oportunidad para avanzar en positivo.
En España, disponemos de una Ley de cambio climático y transición energética que nos ofrece el marco para actuar con objetivos a 2030 y 2050 alineados con lo que nos dicta la Unión Europea y con nuestra participación en la Convención marco de Naciones Unidas para el cambio climático.
Nuestras empresas, en todos los sectores, están a la altura del reto pero necesitan reglas claras, un marco regulatorio estable y de calidad, una apuesta decidida por la innovación, la tecnología y la digitalización como base para avanzar y un proyecto país en el que se puedan ver integradas, con sus distintas características y a las distintas velocidades que requiere el reconocimiento de una historia industrial que nos ha permitido gozar de los niveles de bienestar del que disponemos y que ha sabido adaptarse a los tiempos, como sabrá adaptarse a ese futuro que todos queremos pero que debemos construir juntos.
En CEOE, este es nuestro propósito: ayudar a hacer posible el cumplimiento de nuestros objetivos ambientales como país de la mano de una mayor competitividad de nuestras empresas.
Directora del departamento de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima de CEOE
