Un 2023 de vértigo para Sánchez

Ricardo Martín.

Con un balance virtuoso de la economía, que ha convertido a España en alumno aventajado de Europa en 2022, un Tribunal Constitucional que ha cambiado una mayoría conservadora por otra progresista, y desactivado el acoso político al “quemado” ministro Marlaska, Pedro Sánchez contemplaba satisfecho las encuestas publicadas en las últimas semanas de 2022, que  reflejaban un “empate técnico” PSOE-PP.

El Presidente despertó del plácido sueño con la publicación simultánea de varios trabajos demoscópicos –agriamente criticados por el Presidente del CIS, José Félix Tezanos- en los que se situaba al PSOE a cinco puntos del PP en intención de voto. En apenas unas horas, la demoscopia conservadora había desplegado sus pronósticos, otorgando una victoria segura a la suma de PP y VOX, señal inequívoca de que la campaña electoral para las autonómicas y locales del 28-M y las generales de otoño había comenzado el mismo día de Año Nuevo.

En las citas electorales de 2023 Pedro Sánchez se juega su continuidad como Presidente del Gobierno de España y líder del PSOE. Para lograr derrotarle, PP y VOX van a movilizar la calle con grandes concentraciones, utilizando la autodeterminación de Cataluña (supuestamente pactada entre Sánchez y los independentistas); y la rebaja de penas a “violadores y corruptos”, propiciada por las leyes aprobadas recientemente.

La situación económica no entrará en la ofensiva de la oposición contra Sánchez, siempre que se mantengan las previsiones moderadamente optimistas del Gobierno y de las instituciones internacionales. Sin embargo, si las cosas se tuercen, el “malestar social” –convenientemente azuzado por Feijoo- pasará a formar parte de la línea de campaña de la derecha.

Se da por cierto que la economía española seguirá comportándose mejor que la mayoría de economías europeas en el ejercicio 2023, pero lo más probable es que no será la economía la que condicione el resultado del ciclo electoral próximo, si no las movilizaciones callejeras instrumentalizadas contra Sánchez y la digestión de medidas impopulares –incluso para una parte del electorado de izquierdas-, como la revisión de penas por sedición y malversación, o las rebajas de condenas por la aplicación de la Ley del “sí es sí”.

Para las elecciones municipales y autonómicas del 28-M el “clima” social va a ser decisivo, más allá del peso de los candidatos

Los votantes de izquierda están mayoritariamente satisfechos con la gestión de Pedro Sánchez y el funcionamiento, renqueante pero efectivo, del Ejecutivo de coalición; pero una parte de los votantes, que serán decisivos para determinar mayorías de izquierda, puede quedarse en casa precisamente por cuestiones como un hipotético referéndum de autodeterminación (constitucionalmente imposible, por cierto); o la aplicación de la Ley Trans, la de Bienestar Animal, la de Seguridad Ciudadana, o la polémica Ley del “sí es sí”.

Feijoo azuza el malestar

El propósito de Alberto Núñez Feijoo para ganar elecciones es capitalizar el malestar de grupos sociales, colectivos sindicales, profesionales… que se oponen a las últimas leyes aprobadas por la mayoría de Gobierno; mientras que el reto para Sánchez es mantener fragmentada la oposición popular a esas leyes, poniendo en valor los avances sociales y políticos logrados en sus años de gobierno.

Para las elecciones municipales y autonómicas del 28-M el “clima” social va a ser decisivo, más allá del peso de los candidatos –que, sobre todo en las elecciones locales- es muy relevante. Y el “clima” social es un debe o un haber del Gobierno, específicamente del Presidente Sánchez.

La cita del 28-M será decisiva y condicionará –como casi siempre- el resultado final de las elecciones generales, de ahí la trascendencia de lo que acontezca políticamente en los próximos cinco meses.

Mientras del lado del PP los candidatos que van a disputar el ciclo de municipales y autonómicas no consideran un lastre a su líder, Núñez Feijoo, en el PSOE sí han surgido líderes regionales críticos al Presidente Sánchez, que buscan en una clara oposición a las políticas del Ejecutivo una rentabilidad electoral en sus territorios.

Dos barones se desmarcan de Sánchez

Así, Lambán y García Page, presidentes de Aragón y Castilla-La Mancha, han rechazado sin medias tintas las últimas leyes impulsadas por Sánchez y su apuesta por mantener la complicidad legislativa con los partidos independentistas y Unidas Podemos. Los sondeos internos en estas comunidades ponen de manifiesto que los electores que votan candidaturas socialistas en los municipios y en la Comunidad Autónoma respectiva podrían abstenerse o sumarse al PP para “castigar” la política de alianzas del Presidente socialista.

Mientras el PSOE saldrá a exhibir la sólida posición internacional del Presidente, su protagonismo en la Unión Europea y la eficaz gestión de la Economía, el Partido Popular va a lanzarse a desgastar al Partido Socialista alentando un “clima social” negativo y un acoso frontal en el relato: lo que se conoce como “ganar la batalla de los valores” o “batalla cultural”.

Aunque electoralmente adversarios, PP y VOX van a cooperar en el desgaste del Presidente Sánchez al estilo Ron de Santis, el polémico gobernador de Miami que trata de aunar las distintas corrientes del Partido Republicano de los EEUU precisamente con la batalla cultural contra la “cultura progre”, lo que en los estados más conservadores se llama “movimiento woke”, heredero del trumpismo y del ideario de la derecha extrema.

¿El voto moderado puede inclinar la balanza?

Alberto Núñez Feijoo se esfuerza por aparecer como un líder “centrado”, precisamente para atraer posibles electores moderados de la izquierda. Un propósito nada fácil porque, como ha ocurrido en las últimas elecciones regionales, el efecto arrastre y la posición política de una dirigente de peso como Isabel Díaz Ayuso acaban arrastrando a la dirección del PP a implicarse en la llamada “batalla cultural”, que lidera VOX desde el minuto uno de su fundación.

El reto para Sánchez es mantener fragmentada la oposición popular a leyes polémicas, como la de la malversación, poniendo en valor los avances sociales de sus años de gobierno

En su obsesión por trasladar una imagen moderada, Núñez Feijoo no rechaza en principio apoyar el tercer paquete de medidas anti-crisis del Presidente Sánchez, y vuelve a proponer un apaño para la renovación del CGPJ, aunque, simultáneamente, acuse al Gobierno de estar “desbordado” por la inflación, perder toda la Legislatura o reclamar un adelanto electoral.

Feijoo no escucha los elogios constantes de la Comisión Europea y los gobiernos de países importantes, como Francia o Alemania, ni considera positivo el control de los precios de la energía o de los transportes, o los alimentos básicos. Sin dejar de desacreditar las estadísticas oficiales, como ha hecho al conocer los datos de empleo del 2022, el desgaste que planea Feijoo va dirigido a seducir a hipotéticos electores “centristas” del PSOE identificando a Sánchez con un peligroso radical que puede llegar a avalar la secesión de Cataluña o poner en la calle a “corruptos y violadores”.

El relato electoral ya está difundiéndose desde la primera semana de enero, el PP quiere ganar la “posición”. Mientras bajaba la bola del reloj de la Puerta del Sol, varios Medios de Comunicación conservadores publicaban sondeos, sospechosamente coincidentes, que colocan al PP cinco puntos por delante del PSOE en intención de voto si hoy se celebraran elecciones generales, y de la factoría de Génova se lanzaba el dato de que 600.000 votantes socialistas ya han decidido votar al PP, sin aportar elemento empírico alguno.

Crecimiento y empleo alejan la recesión 

El Presidente del Gobierno afronta un 2023 que no será económicamente tan positivo como 2022, tras lograr el récord de 2.837.653 desempleados, la cifra más baja desde 2007; con un total de 20,29 millones de ciudadanos trabajando, y la menor tasa de temporalidad desde que hay estadísticas, un logro histórico para la estabilidad en el empleo.

El Producto Interior Bruto (PIB) español ha crecido –según datos provisionales- el 5%, y la inflación se sitúa en el 5,8% -dato provisional- en diciembre; y la percepción del consumidor es que, en efecto, la supresión del IVA de los alimentos de primera necesidad y la reducción –del 10% al 5%- en aceites y pasta está haciendo más soportable la cesta de la compra en estos primeros compases de 2023.

La confianza del Gobierno en el crecimiento del PIB le lleva a comprometer la mítica cifra de 21 millones de ocupados a finales de 2023, con una tasa de paro por debajo del 12 %

Las predicciones de los organismos internacionales son inciertas y no hay una hoja de ruta creíble hasta el momento, salvo las sucesivas subidas de los tipos de interés por parte de la FED y el BCE, que lastrarán el crecimiento de los países sin lograr un control de los precios.

En cuanto a la Comisión Europea su principal aportación para 2023, tras las intervenciones de choque en materia energética, seguirá siendo la transferencia de los generosos fondos Next Generation a los países miembros, ayudando así al crecimiento de sus economías, lastradas por la pandemia y el colapso energético e industrial provocado por la invasión rusa de Ucrania.

España gozará, en comparación con las grandes economías europeas, de una situación ventajosa, tanto en crecimiento como en creación de empleo. Mientras los grandes estados –como Alemania- pueden entrar en recesión técnica, al menos hasta el verano, España mantendrá un crecimiento débil, pero crecimiento al fin y al cabo (1,3% según la OCDE; 2,00%, según las previsiones del Ejecutivo).

La confianza del Gobierno en el crecimiento del PIB le lleva comprometer la mítica cifra de 21 millones de ocupados a finales de 2023, con una tasa de paro por debajo del 12% (12,7% en diciembre 2022).

En cuanto a la inflación, lo previsible es que siga reduciéndose a lo largo del primer semestre, mientras el consumo y la inversión se enfriarán paulatinamente, provocando un déficit fiscal elevado (cercano al 4% del PIB) y una reducción testimonial de la deuda pública que en estos momentos supone el 115% del PIB.

Las familias y el poder adquisitivo

Además de la inyección de ingresos de los Fondos europeos, el Estado cuenta con el saneamiento de los bolsillos familiares, que van a percibir a lo largo de los próximos meses importantes recursos, empezando por la revalorizacón de las pensiones contributivas del 8,5% y de las no contributivas del 15%; el incremento del Ingreso Mínimo Vital, con una subida del 15% o el SMI, que se actualizará este mes de enero con una horquilla de entre los 1.046 y los 1.082 euros.

La economía española gozará, en comparación con las grandes europeas, de una situación ventajosa, tanto en crecimiento como en creación de empleo

Los empleados públicos percibirán una subida del 2,5% y tanto los autónomos de sectores como el transporte, como las familias vulnerables, tendrán un tratamiento fiscal específico que mejorará sus ingresos.

Los institutos independientes y servicios de estudios de la Banca consideran improbable que los españoles podamos ahorrar, y en cuanto al comportamiento de los consumidores es difícil hacer previsiones. Prácticamente todo va a verse afectado por subidas moderadas, desde los combustibles a la energía, los bienes duraderos, los viajes, el ocio, la telefonía, incluso la vivienda (por el encarecimiento de las hipotecas), la cultura o el tabaco.

En el cortísimo plazo, este mismo mes de enero, los analistas están expectantes por el impacto sobre la inflación subyacente (6,9% en diciembre 2022) que pueda tener la supresión y la reducción del IVA en determinados alimentos de primera necesidad.

CGPJ y arreón legislativo

El curso político alumbra dos escenarios en estas primeras semanas de pre-campaña electoral: el eterno debate sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),  que seguirá enquistado y sin avances; y la aprobación de leyes que han permanecido varadas durante meses por el desacuerdo entre el PSOE y sus socios de Gobierno.

Para dar velocidad a la Ley de Vivienda, la Ley de Eficacia Organizativa del Servicio Público de Justicia, la Ley de Bienestar Animal o la Ley de Seguridad Ciudadana, se habilitará enero como periodo de actividad parlamentaria a efectos de reuniones de ponencias y comisiones. En el primer trimestre del año deberían estar aprobadas las cuatro leyes mencionadas para alcanzar la campaña electoral de municipales y autonómicas sin desavenencias entre PSOE y UP.

La configuración de las mayorías que apoyan al Ejecutivo de Sánchez garantiza –a priori- la aprobación de los textos legislativos, pero será fuera del Hemiciclo donde se constaten los verdaderos problemas para el Gobierno de coalición.

PP y VOX, junto a colectivos y organizaciones del espectro radical y ultra, van a convocar movilizaciones muy agresivas contra el Ejecutivo, basándose en el imaginario de un referéndum de autodeterminación en Cataluña; la modificación legislativa de los delitos de malversación y sedición y las lesivas consecuencias de la Ley del “sí es sí”.

En el primer trimestre deberían estar aprobadas leyes como la de Vivienda, Bienestar Animal o la reforma de la ‘Ley Mordaza’ para llegar a la campaña de municipales y autonómicas sin desavenencias entre PSOE y UP

Asimismo, la tramitación parlamentaria de la Ley de Seguridad Ciudadana, que los sindicatos de Policía y asociaciones sindicales de la Guardia Civil consideran un ataque directo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, va a desatar una campaña de grandes movilizaciones en la calle.

Otros sectores de la sociedad, tradicionalmente vinculados al Partido Popular, van a sumarse a la ola de movilizaciones que se desarrollarán a lo largo de los próximos meses, incluso en plena campaña electoral del 28-M.

Garamedi duda

El Gobierno observa con recelo y preocupación la actitud que pueda adoptar CEOE en este período turbulento para el Ejecutivo. Una posición beligerante de su Presidente, Antonio Garamendi, vendría a sumarse a la ofensiva de sectores estratégicos, como las eléctricas o el sector Financiero, que tienen “cuentas pendientes” con el Ejecutivo, tras decisiones atrevidas  como el innovador “impuesto a los ricos” y otras medidas fiscales “ad hoc”.

Garamendi ha subido el tono de su crítica al Ejecutivo, sin mencionar expresamente al Presidente del Gobierno, centrándose en la vicepresidenta Yolanda Díaz, alarmado por los cambios legislativos (vía Ley de Empleo) sobre el control de la Inspección de Trabajo de las causas en los despidos colectivos (ERE), una cuestión que fue aparcada en el curso de las negociaciones de la Reforma Laboral, finalmente apoyada por la CEOE.

El deterioro de las relaciones de la CEOE y el Gobierno también incluye al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, muy criticado por su última propuesta para la segunda fase de la reforma del sistema de pensiones.

Por último, es sabido que un acuerdo de rentas en año electoral es prácticamente imposible, por lo que la negociación colectiva puede contribuir a generar un clima de enfrentamiento entre los agentes sociales, que dañará -sin duda- la imagen del Gobierno.

Sánchez, obligado a seguir marcando la agenda política

Dando por supuesto que la economía española se mantenga a flote y supere el desempeño del resto de economías del entorno, en Moncloa consideran imprescindible neutralizar el relato de la derecha y lanzar nuevas iniciativas políticas que trasladen a los votantes que el Gobierno sigue llevando la “manija” y es capaz de condicionar la agenda pública.

Como primera medida de la hoja de ruta del Presidente hacia las autonómicas, locales y generales podría lanzarse una revisión de la Ley del “sólo sí es sí”,

Por un lado, Sánchez va a reiterar su respuesta al independentismo catalán, rechazando cualquier posibilidad de pactar un referéndum que contemple la autodeterminación de Cataluña, coordinando su línea argumental con el líder del PSC, Salvador Illa, que ha vuelto a advertir al Presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que la secesión ya es una opción minoritaria en Cataluña y que el “momento 1-O” es cosa del pasado.

La reforma del delito de malversación –como bien advertía el presidente de Castilla-La Mancha, García Page- puede ser una bomba de relojería si deriva en la revisión de penas de políticos condenados por corrupción: “Si pasa con la malversación lo mismo que con los violadores, nos daremos un tiro en el pie”, advirtió el barón socialista castellano-manchego.

Precisamente, una de las decisiones que esperan como “agua de mayo” los barones socialistas de la España interior es la modificación de la Ley del “sí es Sí”, que ha provocado que el delito de agresión sexual absorba al de abuso sexual, lo que significa que un delito que hasta ahora recogía una conducta más grave incorpore una de menor gravedad.

El resultado es que entre revisiones de sentencia y rebajas de pena, no menos de un centenar de delincuentes se han beneficiado de la interpretación jurídica de la nueva Ley, avalada –además- por la sentencia del caso Arandina del Tribunal Supremo.

Como primera medida “estrella” de la hoja de ruta del Presidente hacia las autonómicas, locales y generales podría lanzarse una revisión de la Ley del “sí es sí”, según han avanzado fuentes gubernamentales. Sólo resta encontrar el momento idóneo para poner en marcha algún mecanismo legal que impida el goteo de violadores que ven rebajada su pena.

En Ferraz, la sede de los socialistas, con la omnipresente “número dos”, María Jesús Montero, al frente, ya está cocinándose el programa-marco electoral para las elecciones del 28-M, y los materiales de campaña y sloganes están prácticamente aprobados.

Pero lo urgente –admiten tanto en Ferraz como en Moncloa- es que el incombustible Presidente Sánchez, un luchador en estado puro, les ponga deberes a partir de la segunda quincena de Enero, impulsando nuevas medidas legislativas y políticas, compatibles con la frenética actividad internacional que desplegará el Presidente en las próximas semanas.