José Luis Centella
Las últimas semanas hemos asistido a un pernicioso juego de palabras por parte de una derecha política y mediática cada vez más radicalizada, donde planteaba que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos podía ser legal pero, en ningún caso, legítimo. Basaban este rechazo de legitimidad, entre otras cosas, en que el nuevo Ejecutivo cuenta con miembros de una Unidas Podemos plagada, a su juicio, de ‘comunistas peligrosos’, además de que Pedro Sánchez contó en su investidura con la abstención necesaria de ERC y de Bildu.
Es más importante que nunca que la crispación que la derecha quiere instalar como centro de la vida política se estrelle contra el muro de una mayoría social y política representada por un Gobierno de la mayoría y para la mayoría
Todo esto se escenificó en una sesión de investidura donde se recuperaron las peores maneras de una derecha extrema, que no duda en tachar de ‘radical’ un programa de gobierno que no pasa de moderada socialdemocracia, y de ‘rompepatrias’ algunos acuerdos que el propio Aznar planteaba cuando habló de ETA como de Movimiento Vasco de Liberación o pactó con Jordi Pujol las políticas lingüísticas catalanas.
Pese a la legitimidad de cualquier crítica, cuando es razonada y democrática, la realidad es que no se puede plantear que gobernar con Unidas Podemos o acordar con ERC crear mesas de diálogo sean causas para viciar de origen la legitimidad del Gobierno. Que recurran a esto, entre otros, quienes concurrieron a varias elecciones con un dopaje económico fruto de fondos ilegales provenientes de la corrupción, como todo indica que ocurrió con el PP, resulta rocambolesco.
Pero que utilicen en su relato esa falsa ilegitimidad les sirve también para abrir la puerta a vías que superan la simple confrontación política. Ahí están las declaraciones de algún cargo público de la ultraderecha cuando aludía a la posibilidad de actuación del Ejército, palabras que ningún correligionario ni socio ha querido desmentir ni aclarar.
Es evidente que la derecha española, la económica, la mediática y la política, no está dispuesta a perder los privilegios acumulados, no está dispuesta a que se ponga en tela de juicio su modelo de sociedad autoritaria, patriarcal y reaccionaria, en la que el capital dicta las reglas de juego y se cree con derecho a repartir certificados de legitimidad en función de sus intereses.
Este Gobierno tiene el reto no tanto ya de responder a la pretendida confrontación de la derecha como de demostrar que su legitimidad sólo puede ser puesta en cuestión por razones de ejercicio, dentro del marco de que el trabajo del Ejecutivo se dirige a una amplia base social que siente la necesidad de afrontar grandes cambios sociales, culturales, legislativos y sociales para conseguir tanto mejorar la vida diaria de la mayoría social trabajadora que sufre las consecuencias de la tremenda crisis vivida desde 2008, como resolver la articulación institucional de un Estado que es multicultural y plurinacional.
La legitimidad se demuestra desde el cumplimento de lo acordado, sin trampas ni dilaciones, derogando las leyes antisociales, autoritarias y patriarcales impuestas desde 2010, y poniendo en práctica medidas para recuperar el poder adquisitivo de la clase trabajadora, asegurando la calidad de vida de quien vive de su pensión, avanzando en medidas de igualdad, llevando justicia y reparación a las víctimas del franquismo o recuperando la negociación colectiva anulada por el Gobierno del PP.
Hay que ser conscientes también de que no estamos en el mejor marco internacional para aplicar políticas progresistas avanzadas, no hay que olvidar ejemplos como el de Grecia. De ahí que sea más importante que nunca que la crispación que la derecha quiere instalar como centro de la vida política se estrelle contra el muro de una mayoría social y política representada por un Gobierno de la mayoría y para la mayoría.
No hay que ser ilusos, los problemas y las contradicciones pueden ser muchas; claro que hay diferencias entre los socios del Gobierno, pero deben ser mutuamente asumidas y respetadas. La fuerza debe venir de lo que une, en este caso el acuerdo de gobierno firmado, porque en el cumplimiento de las medidas que se contemplan en él está la verdadera legitimidad.
