Elena Blasco
Aún resuenan los gritos de “No volveremos a los armarios” en la Puerta del Sol, en Madrid, donde miles de personas nos hemos manifestado en repulsa por la muerte de Samuel, del mismo modo que lo han hecho compañeros y compañeras en muchas otras plazas de nuestro país. Y, con ese eco de fondo, yo me pregunto en qué momento la violencia, entendida en su máxima expresión como un uso inmoderado e incontrolado de la fuerza de uno o varios individuos para conseguir un determinado fin, ha terminado convirtiéndose en una especie de cultura de la violencia que enferma las sociedades democráticas.
Y es que, en esta ocasión, es la brutal y mortal paliza recibida por un chaval en A Coruña que, según todos los indicios, se debió a motivos ‘LGTBIfóbicos’. Pero, desgraciadamente, hay que recordar también a las 24 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año (1.102 desde 2003), por el mero hecho de serlo.
Es muy importante que el Parlamento Europeo (con la abstención del PP español, a excepción de un eurodiputado, y los votos en contra de Vox) abra un procedimiento de infracción a Hungría por las políticas ‘LGTBIfóbicas’ que su primer ministro, Viktor Orban, ha promovido
Estas violencias físicas y mortales, pero también otras, como las emocionales o psicológicas, las sexuales, las simbólicas, las económicas, etc., hasta las más modernas e innovadoras como el ciberacoso y la ciberviolencia, no dejan de aparecer, manifestarse y aumentar en los últimos tiempos, con o sin pandemia.
El mundo tal y como lo conocemos, “civilizado”, parece ser dominado por la llamada cultura de la violencia. Somos testigos de cómo determinados individuos o colectividades ejercen, imponen y legitiman actitudes violentas u hostiles, prejuicios y estigmas por diversas causas, como la religiosa, la educación, la ideológica, la cultural, la orientación sexual, la identidad de género, la nacionalidad…
Es sorprendente pensar que, en pleno siglo XXI, en una Unión Europea con la responsabilidad de trabajar conjuntamente los 27 Estados por y para mejorar económica y socialmente y facilitar y garantizar la seguridad de todas las personas se haya tenido que discutir sobre la idoneidad de sancionar a algunos de ellos por políticas LGTBIfóbicas que invisibilizan la diversidad y atentan de manera directa contra los derechos humanos.
Del mismo modo que se me hace duro pensar que estas y otras manifestaciones violentas parten de mentiras, manipulaciones y propaganda pretendidamente moralista. Mentiras, manipulaciones y propaganda reproducida de manera constante, transcritas por algunos medios de comunicación, anunciadas y difundidas por una parte de las y los protagonistas de la escena política hasta terminar generando una posverdad que se asume en el pensamiento colectivo. Se trata de una violencia menos visible, pero letal: mata cualquier posible conducta empática que beneficie a la colectividad o al derecho universal.
La convivencia plena, la paz social, la justicia y el ejercicio de la misma, el respeto, la inclusión y la igualdad, pasan necesariamente por la toma de decisiones de las personas que dirigen los Estados y por supuesto la propia UE. Por eso es tan importante que finalmente el Parlamento Europeo (con la abstención del PP español a excepción de un eurodiputado y los votos en contra de Vox) abra un procedimiento de infracción a Hungría por las políticas LGTBIfóbicas que su primer ministro, Viktor Orban, ha promovido, invisibilizando la diversidad sexual y de género, desinformando a la ciudadanía y estigmatizando a las personas LGTBI+ vinculándolas a la pedofilia.
Son leyes que limitan y violan, claramente, los derechos humanos fundamentales, propuestas legislativas que van en contra de los valores de la UE y su legislación comunitaria, como la Estrategia de Igualdad LGBTIQ 2020-2025 del pasado mes de noviembre que recogía, en otros aspectos, la necesidad de integrar una perspectiva LGTBI+ a todas las políticas de la Unión y en su acción exterior, apoyar los programas que faciliten los objetivos de esta Estrategia, delitos de odio por discursos LGTBIfóbicos, reconocimiento y protección de las familias LGTBI+, el apoyo a la autodeterminación de género o las propuestas de garantía y asilo a las personas LGTBI+.
Esta y otras directivas europeas (como la de igualdad de género o la de igualdad de trato en el empleo o en la seguridad social, etc.), junto al compromiso internacional de cumplimiento de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre cuyos objetivos se recoge explícitamente la adopción e impulso de medidas para el reconocimiento y la protección de la diversidad afectiva sexual y de género, así como, la necesidad de trabajar disposiciones que garanticen, de manera efectiva, la no discriminación y la lucha contra cualquier tipo de violencia, hacen que nuestro país, como el resto de los países miembros de esta UE, estén obligados a velar y garantizar la igualdad, la dignidad humana y sus derechos.
Porque, como decía una de los lemas de las manifestaciones de A Coruña, “Ante el odio y la violencia, no muestres indiferencia”. Trabajemos y votemos por un país sin armarios, por un país sin miedos ni violencias.
Secretaria Confederal de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras. Licenciada en Historia y Técnica Superior de Prevención de Riesgos Laborales además de Máster en Gestión Medioambiental y en Energética de la Edificación, ha sido secretaria de Formación, de Derechos Fundamentales y de Salud Laboral de la Federación de Construcción de CC OO y vocal de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. También es actual responsable de las revistas ‘Centro 8 de Marzo’ y ‘Trabajadora’, en las que colabora asiduamente.
