José Luis Centella
A comienzos de año se materializaba por primera vez en nuestra historia democrática reciente un Ejecutivo de coalición con la entrada de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros. Medidas programáticas del Acuerdo de Gobierno, como la derogación de las principales imposiciones de las anteriores reformas laborales o el Ingreso Mínimo Vital ponían por primera vez a la mayoría social en el centro de la acción política y permitían avanzar en el proceso de profundización democrática tras años de involución, sobre todo tras la imposición de recortes económicos y de derechos sociales y políticos por la crisis de 2008.
Pero a principios de enero nadie podía prever que en menos de dos meses se produciría la crisis global por la pandemia del Covid-19. Esta crisis nos ha puesto ante un espejo que, a veces, nos devuelve imágenes de las que sentirnos orgullosos, fruto de la solidaridad popular y de la acción de miles de trabajadoras y trabajadores que, invisibles durante décadas, han demostrado que son esenciales para funcionar; otras veces, por el contrario, hemos visto cosas difíciles de asimilar, fruto de años de recortes en la sanidad pública y del desmantelamiento de la capacidad productiva y de los sectores estratégicos en nuestro país.
La experiencia sufrida ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar el sistema sanitario público, con un plan contra la precariedad del conjunto del personal sanitario
La gestión de la pandemia del coronavirus ha hecho que se vaya superando la emergencia sanitaria y que se aborden las medidas necesarias para afrontar la crisis económica, cuyas dimensiones aún se desconocen en toda su magnitud. A ello se le suma la tarea de reconstruir lo que algunos arrasaron durante muchos años de recortes y privatizaciones.
En este trabajo va a ser fundamental la cooperación entre las administraciones públicas, que deberán ponerse al servicio de los intereses de nuestro pueblo, pero también es imprescindible la implicación de la sociedad civil, los agentes sociales y los colectivos ciudadanos en una tarea común.
Desde esta base se deben plantear varias cuestiones para lograr una reconstrucción que ponga en el centro la vida y el trabajo de las personas, así como la protección de los ecosistemas, como vector de dignificación para articular la sociedad, con un impulso de la iniciativa pública y la atención de las necesidades globales.
La experiencia sufrida ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar el sistema sanitario público, con un plan contra la precariedad del conjunto del personal sanitario, el aumento de la inversión pública, revertir las privatizaciones y una adecuación entre todas las redes sanitarias y las administraciones.
Otra cuestión fundamental pasa por mejorar la capacidad productiva de nuestro país, en una perspectiva de transición ecológica verde y sostenible. Hay que hacer una apuesta contra la precariedad, se debe poner en valor el trabajo, ampliando y fortaleciendo los derechos laborales como uno de los pilares que sustentan la vida. Todo ello requiere también garantizar la protección social para el conjunto de la población.
Igual que se refuerza la sanidad hay que fortalecer al resto de servicios públicos como la educación, la justicia, la vivienda, los suministros básicos, el transporte y la movilidad, las emergencias o la diversidad funcional y el medio ambiente. Hay que garantizar la igualdad para que nadie se quede atrás y, de forma especial, hay que referirse a la necesidad de crear un sistema público de cuidados.
En todo este proceso no hay que olvidar plantear un nuevo modelo de relación de los países de Europa construido sobre mecanismos de solidaridad y apoyo mutuo. Deben primar los intereses de los pueblos y la salvaguarda de los derechos de las personas, es decir, una Europa que deje de ser una muletilla de EE UU y que tenga capacidad propia para influir en la construcción de un nuevo orden internacional de carácter multilateral.
Coordinador de la Asamblea Político y Social de Izquierda Unida y presidente del Partido Comunista de España (PCE), partido del que ha sido secretario general entre 2009 y 2018. Maestro de profesión, fue concejal en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Benalmádena, provincia donde inició su actividad política y por la que fue elegido diputado al Congreso en 1993, 1996 y 2000. En la X Legislatura (2011-2015) volvió a la Cámara Baja como diputado por Sevilla, ocupando la portavocía del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA-La Izquierda Plural.
