Sin Maldad / José García Abad
Con el culebrón del Rey Emérito se está poniendo claro que los constituyentes no previeron que la inmunidad real pudiera llegar tan lejos. O si algunos lo previeron, porque no faltaban republicanos en el Parlamento, no se atrevieron a ir más lejos por cortesía, por no hacer a Don Juan Carlos el feo de establecer más clara y minuciosamente que su inmunidad no le servía para robar un banco o entrar en corrupción; en blanqueo de dinero o en cohecho. Algo que, a pesar de los pecados de los Borbones, no se había visto en la atormentada historia de España.
Ahora nos encontramos en un formidable enredo institucional, con una discrepancia bochornosa entre el Parlamento y el Tribunal Supremo. Como se sabe, el Congreso de los Diputados ha dictaminado con los votos del PSOE, del PP, y de Vox que Don Juan Carlos está absolutamente blindado de por vida por imperativo constitucional.
Con la Constitución en la mano los actos del Rey deben ser refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes. De sus actos serán responsables las personas que los refrenden
Obviamente, ni el presidente Sánchez ni sus ministros han refrendado las prácticas corruptas que se le atribuyen al Emérito, y muy concretamente el supuesto cobro de comisiones para la concesión del AVE de Medina a La Meca, el llamado ‘AVE del Desierto’ a un consorcio liderado por Juan Miguel Villar Mir, un personaje metido en numerosos charcos de corrupción a quien Don Juan Carlos concedió el marquesado que leva el nombre del empresario
Ciertamente la Constitución dictamina que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2”.
El artículo 64 establece que “los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso” y aclara que “de los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden”. Lo único que puede hacer el Rey por su cuenta es “nombrar y relevar libremente a los miembros civiles y militares de su Casa”.
O sea, que según el dictamen de los letrados del Congreso de los Diputados recogido al pie de la letra por la Mesa del mismo, Don Juan Carlos no puede ser sometido a una comisión de investigación tal como habían reclamado el conglomerado de Unidas Podemos junto a los nacionalistas e independentistas.
El Tribunal Supremo ha decidido lo contrario, de forma que el Rey Emérito no tendrá que comparecer en la carrera de San Jerónimo pero tendrá que sentarse en el banquillo de la plaza de la Villa de París. Son cosas de la división de poderes tal como recomendaba Montesquieu.
Cuando se abra el melón constitucional
Cuando se abra el conflictivo melón habrá que revisar importantes aspectos del Título II referente a la Corona. Si es que se abre el melón o si el Parlamento no decide abolir la Monarquía, algo constitucionalmente posible aunque muy complicado porque lo referente a la forma de Estado está especialmente blindado.
Como he señalado, con la Constitución en la mano los actos del Rey serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes. De sus actos serán responsables las personas que los refrenden.
Obviamente, ni el presidente Sánchez ni sus ministros han refrendado las prácticas corruptas que se le atribuyen al Emérito, y muy concretamente el supuesto cobro de comisiones para la concesión del AVE de Medina a La Meca, el llamado ‘AVE del Desierto’ a un consorcio liderado por Juan Miguel Villar Mir, un personaje metido en numerosos charcos de corrupción a quien Don Juan Carlos concedió el marquesado que lleva el nombre del empresario.
Los constituyentes y la doctrina jurídica daban por sentado que la irresponsabilidad del monarca se refería exclusivamente al plano político sin que se extendiera a los delitos comunes.
Si se abre el citado melón habrá que rectificar otros aspectos bochornosos de la Constitución, como el sistema machista en el orden de sucesión en la jefatura del Estado. En estos momentos, Don Felipe y Doña Letizia tendrán que abstenerse de engendrar un hijo varón que arrebataría la condición de princesa de Asturias que ostenta Doña Leonor ya que el varón disfruta de prioridad sobre la mujer, algo que se ha suprimido hace tiempo en las monarquías europeas.
Lleva ejerciendo la profesión de periodista desde hace más de medio siglo. Ha trabajado en prensa, radio y televisión y ha sido presidente de la Asociación de Periodistas Económicos por tres periodos. Es fundador y presidente del Grupo Nuevo Lunes, que edita los semanarios El Nuevo Lunes, de economía y negocios y El Siglo, de información general.
