Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia de José María Aznar, se ha cruzado en el proceso de diálogo impulsado por Pedro Sánchez y Pere Aragonès. Será ella quien decida en primera instancia sobre el uso irregular de fondos públicos para la financiación de las delegaciones de la Generalitat en el extranjero. Las perspectivas del proceso -que con los recursos puede alargarse varios años- no son buenas para el independentismo. Este es el tercer procedimiento que el Tribunal de Cuentas, controlado por consejeros designados por el PP, abre contra exaltos cargos del Govern. Y el Supremo acaba de confirmar la condena a Artur Mas y a varios exconsellers al pago de 4,9 millones de euros por el primero de ellos, la consulta del 9-N, en 2014.
En una casualidad cuanto menos llamativa, la misma semana en que Pedro Sánchez recibía a Pere Aragonès en Moncloa, el Tribunal de Cuentas anunciaba a 34 exaltos cargos de la Generalitat que tienen 15 días para depositar una fianza solidaria de 5,4 millones de euros. Una cifra que el Tribunal de Cuentas impone para garantizar la reparación del daño a las arcas públicas que estas personas habrían provocado con la red de oficinas de la Generalitat en el extranjero y el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.
La mayor suma se le atribuye precisamente al ex secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex conseller de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el ex presidente Artur Mas por 2,8 millones; y el ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones. Para Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros. Mientras, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont aparecen con una responsabilidad contable de 1,9 millones.
El aznarismo se cuela en el proceso de diálogo
En primera instancia, la decisión recae sobre la exministra del PP Margarita Mariscal de Gante y, en caso de recurso, será revisada por un consejero del sector conservador y dos del progresista. Sólo después pasará a la jurisdicción contencioso-administrativa, donde el proceso puede alargarse varios años. Para los malpensados que se malician por la coincidencia de fechas de esta semana: el hecho de que la encargada del expediente sea Mariscal de Gante es fruto de los turnos a los que está sometido el tribunal.
El mandato de la inmensa mayoría de los consejeros caduca este mismo mes de julio, con lo que el Tribunal de Cuentas se añade a la lista de órganos constitucionales en los que el PP ha bloqueado su renovación
Sin embargo, no era difícil que le tocara a un consejero designado por el PP, ya que, en este momento, los populares cuentan con la mayoría de los 12 consejeros del órgano. Los miembros del Tribunal de Cuentas son elegidos para un mandato de 9 años por el Congreso y el Senado –seis cada uno– por mayoría de tres quintos entre censores jurados de cuentas, magistrados, abogados o economistas de reconocida competencia y con más de 15 años de trayectoria profesional. Uno de ellos es el hermano de Aznar, Manuel Aznar. Otra, la mujer del exministro Federico Trillo, Maria José Molinuevo
El último proceso de renovación tuvo lugar cuando Mariano Rajoy tenía mayoría absoluta en el Parlamento, en julio de 2012, de ahí que el Tribunal de Cuentas refleje un equilibrio político que ya no existe y que Pablo Casado no tiene intención de alterar. El mandato de la inmensa mayoría de los consejeros caduca este mismo mes de julio, con lo que el Tribunal de Cuentas se añade a la lista de órganos constitucionales en los que el PP ha bloqueado su renovación.
Ante la polémica y las presiones públicas, el Tribunal de Cuentas ha difundido una nota en la que defiende su “independencia en el ejercicio de sus funciones”. El órgano recuerda que ejerce una “función jurisdiccional dirigida a enjuiciar responsabilidades contables para obtener la restitución de los fondos públicos ante usos indebidos de los mismos”. El problema para el Tribunal de Cuentas es que su prestigio ha conocido tiempos mejores, antes de que se conocieran los casos de financiación ilegal de los partidos políticos, con el PP a la cabeza, que han marcado la última década.
Las fianzas, sufragadas por la caja de resistencia independentista
Este procedimiento no es el primero que el Tribunal de Cuentas abre a los responsables del procés. De hecho, el Supremo acaba de rechazar, en un auto fechado a mediados de mes, los recursos de Artur Mas y otros tres exconsellers y cuatro exaltos cargos de la Generalitat, contra la sentencia que les condenaba a pagar 4,9 millones de euros por los fondos públicos destinados a la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. La decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo llega dos años y medio después de la sentencia del Tribunal de Cuentas. Según el Supremo, los recursos de Mas y el resto de altos cargos no tienen “fundamentación suficiente” para ser admitidos.
El Supremo acaba de confirmar la sentencia del Tribunal de Cuentas sobre el 9-N, que condena a Artur Mas y otros tres exconsellers a pagar 4,9 millones
Mas y el resto de acusados consiguieron cubrir buena parte de ese dinero gracias a los 2,9 millones de euros que la ANC y Òmnium Cultural consiguieron recaudar a través de la conocida como ‘caja de solidaridad’ que pusieron en marcha. Para cubrir el resto, se aportaron varios inmuebles como garantía. El expresident y los otros exaltos cargos pueden recurrir a la justicia europea. Por cierto, la autora de esta sentencia fue, precisamente, Mariscal de Gante. Su voto y el de otro de consejero designado por el PP sirvió, en julio de 2019, para librar a Ana Botella y a otros siete exaltos cargos del Ayuntamiento de Madrid de pagar 25,7 millones de euros, a raíz de la venta de 1.860 viviendas públicas protegidas a un fondo buitre.
En enero de 2020, el Tribunal de Cuentas también imponía una fianza de 4,1 millones de euros a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otras 26 personas, exconsellers y exaltos cargos, por los gastos del 1-O. La cantidad se consignó y los acusados evitaron el embargo, gracias a los 2,1 millones procedentes de las fianzas que algunos ya habían depositado ante el Supremo –en el marco del proceso por el 1-O-. El resto, como en el proceso sobre el 9-N, fue aportado por la caja de solidaridad del independentismo.
De momento, la Abogacía del Estado se ha retirado del procedimiento relacionado con el Diplocat, bajo el argumento de que, una vez efectuada la liquidación provisional, no hay fondos del Estado comprometidos en la causa. Un movimiento habitual en este tipo de procesos, según se ha transmitido desde Justicia, que no va a alterar el curso de un procedimiento que va a añadir más ruido a un proceso de diálogo ya de por sí tremendamente complicado.
