José Luis Centella
Espero que cuando lean este artículo haya pasado lo peor de la situación de emergencia sanitaria y la famosa ‘curva’ de la pandemia del Covid-19 sea ya descendente, de manera que la mayor preocupación pase a ser cómo enfrentarnos a las consecuencias que esta crisis provocará en muchos aspectos de nuestra vida.
Nadie duda que España, el resto de Europa y todo el planeta saldrán dañadas de esta crisis y que se confrontarán varios modelos para atajarla. Es más, a día de hoy ya hay una disputa incipiente entre quienes defienden las medidas neoliberales, keynesianas o transformadoras, una discusión que claramente irá a más.
Si volver a aplicar medidas neoliberales sería un desastre, también sería un error activar otras exclusivamente keynesianas, es decir, aumentar el gasto público para activar la demanda y así recuperar el empleo. Es necesario un cambio de modelo productivo
La receta neoliberal ya se aplicó en la crisis de 2008 y ya sabemos sus consecuencias: poner toda la economía al servicio de salvar a la banca degradó la calidad de vida de la mayoría social con privatizaciones, recortes, precarización del trabajo y los derechos laborales, aderezado todo ello con medidas represivas contra quienes osaran rebelarse. El coste de la crisis se cargó sobre las espaldas de la mayoría.
El Gobierno de coalición parece descartar esta vía. No obstante, si volver a aplicar medidas neoliberales sería un desastre, también sería un error activar otras exclusivamente keynesianas, es decir, aumentar el gasto público para activar la demanda y así recuperar el empleo. Vuelve a ponerse de manifiesto que España necesita algo más que activar la economía. Como en 2008, vemos de cara todas las debilidades de un modelo sin capacidad productiva y sin independencia internacional.
España no puede seguir ligada casi en exclusiva a sectores tan inestables como el turismo o la construcción, con una industria prácticamente desmantelada y una agricultura supeditada a la política europea. Es obligatorio acometer un cambio de modelo productivo, lo que nos lleva a plantear transformaciones en las relaciones laborales y, sobre todo, en las internacionales. Debemos ser capaces de diseñar nuestro modelo de desarrollo y el de relacionarnos en el exterior.
A corto plazo hay que hacer frente a las consecuencias de esta grave crisis a través de un ambicioso Plan de Recuperación con varios ejes. El primero debe ser plantear un desarrollo industrial sostenible desde la soberanía energética y la integración de todo el territorio en un proyecto de reconstrucción solidario. Debe estar basado en la inversión pública, pero no sólo para activar a los sectores económicos ya establecidos, sino para crear empresas públicas y de economía social, cooperativas y bienes comunes.
Al mismo tiempo, debe plantearse un nuevo modelo de Estado, socialmente avanzado, con una nueva fiscalidad que impida que la crisis se financie una vez más a costa de la clase obrera, con una banca pública que garantice la inversión y un nuevo modelo de relaciones laborales. Se trata de fortalecer los instrumentos del Estado para garantizar una mayor protección social, más control de la economía y que la capacidad de producción y el mercado estén dirigidos al interés general.
España tiene que dotarse de un nuevo marco de relaciones internacionales de carácter multipolar. Además de las vigentes con sus vecinos europeos, debería activar otras con el eje euroasiático. La pandemia del Covid-19 ha demostrado tanto la debilidad de la Unión Europea como lo perjudicial que es nuestra total dependencia de EE UU. Es significativo ver cómo tenemos que recurrir a China para comprar los recursos para hacer frente a la emergencia sanitaria, mientras la Administración de Trump cerró no sólo sus fronteras, sino también su aporte de material contra esta crisis.
En este marco, llamo también la atención sobre la necesidad de acabar con el injusto bloqueo a Cuba. Cuando vemos a sus médicos viajar para colaborar en las zonas más castigadas por la pandemia no podemos menos que indignarnos y exigir a nuestro Gobierno que ayude a terminar con esta injusticia que dura décadas.
Coordinador de la Asamblea Político y Social de Izquierda Unida y presidente del Partido Comunista de España (PCE), partido del que ha sido secretario general entre 2009 y 2018. Maestro de profesión, fue concejal en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Benalmádena, provincia donde inició su actividad política y por la que fue elegido diputado al Congreso en 1993, 1996 y 2000. En la X Legislatura (2011-2015) volvió a la Cámara Baja como diputado por Sevilla, ocupando la portavocía del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA-La Izquierda Plural.
