“La preocupación que le trasladamos al Gobierno, y el hecho de haber elevado el tono en los últimos días, ha causado cierto efecto”. Así se expresa el secretario general de CCOO sobre cómo el Gobierno ha matizado sus posiciones y la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, ha terminado enviando un documento de reformas a Bruselas que se atiene al acuerdo de gobierno en materia laboral y que no recoge la ampliación del periodo de cómputo de las pensiones de 25 a 35 años. Unai Sordo se muestra satisfecho de que “los documentos que ha enviado el Gobierno son más razonables de lo que, en algún momento, se especuló”, pero, de cara a lo que queda de legislatura, advierte de que “es un planteamiento tramposo otorgar derecho de veto a CEOE”, porque “como a alguien se le ocurra decir que el marco laboral en España sólo se modificará si hay acuerdo en el diálogo social, ya adelanto que no va a haber acuerdo”.
¿Qué conclusiones ha extraído de las reuniones que ha mantenido con la vicepresidenta Nadia Calviño en los últimos días? ¿Salió tranquilo?
Estoy un poco más tranquilo por la reunión mantenido ayer [por el martes 19], donde se nos ha trasladado las líneas de los documentos enviados a Bruselas. Ha surtido cierto efecto la petición sindical, en materia laboral y de pensiones, de que no se llevaran a Bruselas compromisos tan concretos como para dejar sin espacio al diálogo social. Parece, por los documentos y las explicaciones que nos dan, que en materia laboral se recogen todas las materias que el país necesita abordar, perfectamente compatibles con el desmontaje de la reforma laboral de 2012. Y en materia de pensiones no hay una concreción de ningún tipo de medida paramétrica como la de aumentar el periodo de cálculo de la base reguladora hasta los 35 años. La preocupación que le trasladamos al Gobierno, y el hecho de haber elevado el tono en los últimos días, ha causado cierto efecto. Los documentos que ha mandado el Gobierno son más razonables de lo que, en algún momento, se especuló.
“Si hay una opción de que, si no hay acuerdo, se legisle, es mucho más fácil que lleguemos a acuerdos en el marco del diálogo social”
¿El Gobierno ha rectificado? Por ejemplo, sobre la reforma laboral, no había visos de abordarla a corto plazo.
Nosotros siempre lo hemos tenido en agenda. Y en la relación que hemos tenido, no sólo con el Ministerio de Trabajo, con el Gobierno en general, nunca se nos ha trasladado que no se fueran a abordar las materias que ya teníamos muy avanzadas en febrero. ¿Dónde veo yo el problema? En que la liberación de los fondos europeos de reconstrucción para España se vinculara a unas exigencias de Europa que no existen, respecto a mantener intactas la reforma laboral y de pensiones. Yo no digo que alguien del Gobierno lo haya verbalizado así. No digo que el Gobierno haya dicho que eso es así, pero eso se ha empezado a instalar en el imaginario. Esto es muy peligroso. Primero, porque no es cierto. Segundo, porque dejaría en pie reformar muy injustas y muy ineficaces para afrontar la salida de la crisis económica en la segunda parte de este año. Y tercero, porque lanzaría un mensaje de intervención externa en España que sociopolíticamente es un disparate, una bomba de relojería. Eso es lo que nos preocupaba de una manera muy intensa, porque creemos que España tiene que definir cómo mejora su modelo laboral, cómo mejora su sistema de pensiones y cómo hace una política económica con un crecimiento inclusivo en los próximos años.
¿Y por qué cree que se ha podido instalar esa idea de que Europa condicionaba ciertas cosas? ¿Desde dónde se ha deslizado?
Prefiero no especular mucho, porque es señalar a alguien y ya he dicho que nadie lo ha dicho literalmente. Pero todos sabemos cómo se mueve el mundo, a través de mensaje implícitos, que salen, que aparecen, con lecturas interesadas… El año 2010 o el año 2012 están ahí atrás, no hace tanto de ellos. Y esa idea de la intervención externa está en el imaginario de la gente, con un efecto demoledor sobre la legitimidad democrática, pero bueno, ese sería otro cantar. Yo creo que algunos mensajes que, poco menos, estábamos en esa situación. E insisto, es que no es verdad. Las recomendaciones para España que hace Europa poco o nada tienen que ver con las reformas del año 2010 o 2012.
¿Existe una atención preferente de Calviño hacia la patronal?
A mí no me gusta entrar en esas especulaciones. No por no hacerlas, sino porque más allá de los dimes y diretes, para Comisiones Obreras el Gobierno es uno. Nosotros no podemos estar especulando con si la posición de una ministra, de la otra, del vicepresidente, del presidente… El Gobierno es uno, que en cada espacio de negociación se sienta al otro lado de la mesa con las propuestas que traiga. Esto sí me interesa dejarlo claro: la posición de Comisiones Obreras es autónoma y parte de un análisis propio de la realidad, no del conflicto o de las polémicas que pueda tener el Gobierno en su interior, que con toda seguridad existen, porque han existido en todos los gobiernos.
¿El Gobierno les ha transmitido un calendario para empezar a negociar la reforma laboral, por ejemplo?
No, pero lo dijimos ayer claramente en la rueda de prensa. Una vez cerrado el acuerdo de los ERTE, queremos mesa, fecha y hora para abordar una negociación que, ya digo, estaba bastante avanzada y que se quedó parada por la pandemia y el estado de alarma.
“El Gobierno tiene que hacer políticas fiscales mucho más ambiciosas en lo que queda de legislatura”
¿Y sobre el SMI? En principio, su revisión ha quedado en suspenso y se hará a lo largo del año.
El problema de las posiciones que nos ha traslado el Gobierno es que, en este momento, el Salario Mínimo Interprofesional no se modificaba. Se derivaba al marco del diálogo social la decisión sobre el mismo, y el Gobierno, en todo caso, en función de cómo evolucionara la economía, tocaría esa pieza. No compartimos ese esquema, creemos que el Salario Mínimo Interprofesional debiera haberse subido ya. Vamos a seguir reclamando su incremento y, sobre todo, nos preocupa una trampa en este juego de negociación. Primero, se confunde el marco de consultas del diálogo social con una responsabilidad que le corresponde al Gobierno. El Gobierno tiene que negociar y consultar a los agentes sociales, pero si no hay acuerdo, el Gobierno tiene que tener propuesta. Ha hecho trampa el Gobierno, porque por un lado nos ha emplazado a la responsabilidad en esa mesa, pero por otro lado ha otorgado un derecho de veto. Ha dicho que si no hay acuerdo será señal de que no toca subirlo.
Eso le iba a preguntar, porque el Gobierno lo ha condicionado todo a que haya acuerdo en la mesa de diálogo social.
Ese es el mejor camino para que no haya acuerdos. Cuando alguien tiene el poder de vetar una decisión, es el mejor camino para no avanzar. Con el SMI, se ha empoderado a CEOE para que no acuerde nada en esa mesa. La consecuencia es que esto no se toca, de momento. Es un planteamiento tramposo otorgar derecho de veto a CEOE. Por otro lado, si en esa mesa no hay acuerdo -y no lo va a haber, porque hay una parte interesada en que no lo haya- el Gobierno no puede lavarse con agua divina, tiene que poner una propuesta encima de la mesa.
¿Qué ha cambiado en la CEOE a lo largo de este año? Hace un año parecían transmitir más predisposición a cerrar acuerdos, por ejemplo, el del SMI.
Ha mantenido una línea constante. En el plano positivo, hay que reconocer que CEOE no se ha dejado embarrar por la estrategia de crispación que han patrocinado los partidos de derecha. CEOE ha sido mucho más pragmática que todo eso y ha apostado por el marco del diálogo social. Hemos cerrado acuerdos no menores, como el de los ERTE, pero también el del teletrabajo y alguno más. En ese sentido hay que valorar su actitud. ¿Qué es lo que pasa? Lo decía en la otra respuesta, CEOE no se puede considerar imprescindible en este viaje, porque si alguien otorga esa imprescindibilidad a CEOE, los acuerdos no van a fluir. Como a alguien se le ocurra decir que el marco laboral en España sólo se modificará si hay acuerdo en el diálogo social, ya ha adelanto que no va a haber acuerdo. Si hay una opción de que, si no hay acuerdo, se legisle, es mucho más fácil que lleguemos a acuerdos en el marco del diálogo social. Conviene no seguir por la línea de otorgar capacidad de bloqueo en las mesas.
¿Las movilizaciones que preparan para el 11 de febrero allanan el terreno para una huelga general?
Hay que ir preparando la orientación de las políticas económicas, laborales y sociales en el escenario pospandemia. Yo sé que decir esto es delicado, en plena tercera ola, pero en política no se puede pensar a 15 días vista. Cuando menos, a unos cuantos meses vista, en la segunda parte del año. Lo que queremos es, desde la calle, armar un discurso según el cual, cuando salgamos de la emergencia de las políticas contra la pandemia, hace falta recuperar la agenda social. Hace falta no utilizar el factor europeo para consolidar las reformas laborales de pensiones, desempleo y fiscales del anterior proceso de devaluación del país, de las políticas de austeridad. Y hace falta que, de verdad, las mesas de diálogo social tengan todo el margen para poder funcionar y poder dar resultados. Como este escenario se está complicando, creemos que había que incorporar el elemento de una movilización que empieza el 11 y que veremos el recorrido que tiene, en función de cómo evolucionen estas variables.
¿El ministro Escrivá y su equipo, en los contactos que han mantenido, han llegado a poner encima de la mesa el aumento del periodo de cómputo de las pensiones de 25 a 35 años?
Es un tema que no se ha abordado en las mesas de diálogo social. Las mesas sobre pensiones van en fases y, ahora mismo, estamos con temas muy puntuales, como el complemento de maternidad. Luego abordaremos algunas cuestiones que tienen que ver con la revalorización de las pensiones, con sacar los gastos impropios de la Seguridad Social y garantizar que se financian con transferencias desde los Presupuestos Generales. Y a lo largo del año que viene se abriría una fase más amplia, en la que habría que abordar, según nuestra opinión, la adecuación de los ingresos, como la cotización de los salarios más altos. Ese es el esquema que se ha plantado. El ministerio no nos ha planteado ninguna propuesta que diga que pretende elevar el periodo de cálculo de la base reguladora a 35 años.
Uno de los debates que se ha iniciado últimamente, gracias a fuerzas políticas como Más País es el de la semana laboral de 4 días. ¿La ve factible a corto plazo?
Es un debate de sumo interés que se tiene que canalizar de forma preferente en la negociación colectiva. La realidad empresarial y sectorial es diametralmente distinta y, en todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, es tan importante el volumen de tiempo de trabajo como la distribución de ese tiempo y cómo se toman las decisiones sobre su distribución. Todo esto no se hace desde una norma que unifique el tiempo de trabajo y su distribución. Todo esto se hace a través de los distintos espacios de negociación colectiva. ¿Por qué digo esto? Porque se puede trabajar perfectamente 35 o 32 horas, pero si la distribución de ese tiempo es decisión unilateral de la empresa, ese tiempo de trabajo puede colonizarme todo un día vital, trabajando de una forma dispersa y atomizada. Por tanto, el sindicato apuesta por la reducción del tiempo de trabajo. El incremento de la productividad de las empresas por la vía del salto tecnológico y digital recomienda ir a reducciones del tiempo de trabajo para no incrementar el desempleo, para repartir esa productividad entre capital y trabajo. Y el sistema de incentivos monetarios para que las empresas reduzcan el tiempo de trabajo, es un tema al que hay que darle bastantes vueltas. La semana laboral de 4 días no se puede hacer sólo con cargo al erario público, tiene que hacerse también con cargo a la distribución de los beneficios y la productividad de la empresa. Es un debate mucho más complejo de como se ha planteado.
“Hay que reconocer que CEOE no se ha dejado embarrar por la estrategia de crispación que han patrocinado los partidos de derecha”
¿Qué nota le pone al Gobierno en su primer aniversario?
Cuando yo iba al colegio, las notas eran: sobresaliente, notable, bien, suficiente, insuficiente y muy deficiente. Y luego nos empezaron a dar unas notas que no entendía nadie: progresa adecuadamente y necesita mejorar. Nadie suspendía nada, porque ibas a casa, explicabas tu cartilla y tu madre te decía: “pues claro, como no vas a necesitar mejorar”. ¿A qué viene esta tontería? A que es difícil poner notas en término ordinarios cuando lo que hemos vivido este año es diametralmente distinto a lo que hemos podido vivir en otra legislatura. No hay elementos de comparación. En materia sanitaria, se ha actuado con niveles de improvisación porque no había un conocimiento previo. Los últimos tiempos, con una excesiva laxitud a la hora de entender que lo que nos jugábamos en Navidad no era salvar 10 días de vender churros y bolas de Navidad, sino una tercera ola que nos iba a meter en otra situación de dificultad sanitaria y económica. En materia laboral y económica no se puede dar una mala nota al Gobierno, desde el momento que las políticas no tienen nada que ver con lo que se ha hecho en otros momentos. Se han metido ingentes recursos públicos para evitar la destrucción de empleo, para dotar de liquidez a las empresas. Y todo muy rápido, sacando conejos de la chistera. El esfuerzo que se está haciendo es muy notable. La nota habrá que concretarla cuando vayamos recuperando periodos de normalidad. Ahí sabremos si este gobierno realmente está comprometido con una agenda socioeconómica muy distinta a la vivida en la última década.
¿Los Presupuestos aprobados para este año son suficientemente ambiciosos?
Con los Presupuestos también hago una valoración ad hoc para este año. Son unos Presupuestos expansivos, que es lo que necesita España. En ese sentido hacemos una buena valoración. Y son unos presupuestos cómodos, para que los hubiera aprobado casi cualquier partido. Son expansivos sin hacer grandes revoluciones fiscales. Como vienen 27.000 millones adicionales te permiten esa aparente contradicción. Este esquema sirve para este año. Sirve porque, por no ser demagogo, haberse metido en una gran revolución fiscal en un país en el que su PIB va a caer más de un 10% hubiera sido una temeridad. Pero en el ámbito de la legislatura, España tiene que ir pensando en que los próximos Presupuestos Generales no se pueden basar sólo en las transferencias que vengan de Europa. España tiene que ir haciendo sus deberes fiscales, mejorar sus niveles de contribución y corresponsabilidad fiscal. Europa ha suspendido las reglas estrictas del pacto de estabilidad y crecimiento, pero antes o después las recuperará. Si a España le pilla sin haber hecho los deberes fiscales, puede volver a tener un problema de sostenibilidad de las cuentas públicas que pueden conllevar recortes. Y estoy pensando no en 2030, sino en 2022 o en 2023. El Gobierno tiene que hacer políticas fiscales mucho más ambiciosas en lo que queda de legislatura. Más, incluso, de lo que venía en el acuerdo de gobierno.
¿Está de acuerdo en equiparar a los líderes independentistas catalanes con los exiliados republicanos, como ha hecho Pablo Iglesias?
Evidentemente, no. Se podía haber respondido de otra manera. Yo no estoy para hacer comentario de texto de las respuestas del vicepresidente segundo, pero no tengo ningún reparo en afirmar que no se puede, ni remotamente, comparar la realidad de Puigdemont con la del exilio republicano. Ni se me pasa por la cabeza. No tiene nada que ver, se mire por donde se mire.
¿Cómo valora la gestión, por parte del Rey, de los posibles delitos fiscales por parte de Don Juan Carlos?
Me imagino que la Casa Real está tratando de lidiar con esto de la mejor manera, porque es consciente de que en una institución que se hereda familiarmente es muy difícil distinguir las responsabilidades del anterior jefe del Estado y del actual. Más allá de la discusión sobre el modelo de Estado, la Casa Real tiene que hacer un enorme esfuerzo de transparencia y para tener algún tipo de estatuto que no le genere la sensación de impunidad que una parte de la población tiene sobre el anterior jefe del Estado. La monarquía tiene un problema, en mi opinión, que son sus defensores. Cada vez que la extrema derecha hace bandera del jefe del Estado le hace flaco favor, si el jefe de Estado quiere representar lo que tiene que representar el jefe del Estado, que es al conjunto de su país. Hay una parte de la derecha que utiliza la monarquía, con un cinismo absoluto, como un elemento de parte. Es el peor camino que puede tomar la Casa Real.
A la vista de las diferencias que han surgido en el Gobierno en torno a los temas que hemos comentado y algún otro, como la monarquía, ¿cree que conseguirá agotar la legislatura?
Tengo la impresión de que sí, aunque ya sabe cómo son estas cosas. En el último momento, se agudizan las diferencias y se provoca una ruptura pactada. Si entendemos eso dentro de la normalidad de lo que es la vida en las coaliciones -que no se han dado en el Gobierno de España, pero si en las comunidades, y casi siempre terminan así-, la legislatura tiene una estabilidad con la aprobación de estos Presupuestos Generales del Estado. No porque tengan que ser los Presupuestos de la legislatura, tiene que haber unos Presupuestos cada año, sino porque pueden armar una mayoría más o menos estable para agotar la legislatura. Mi intuición es que la legislatura va a durar. Y cualquier otro escenario sería desastroso, porque a España lo que menos le conviene es la inestabilidad política.
