La Quincena Judicial / José Mariano Benítez de Lugo
1) Todo empezó allá en el año 2012 cuando la voracidad de ‘buitres’ internacionales poseedores de fondos especulativos coincidió con los reprobables deseos de los gestores de bienes públicos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) de desprenderse de propiedades municipales, despreciando el “pequeño dato” de que se trataba de las viviendas protegidas alquiladas a 1.890 modestas familias. El que esos inmuebles estuviesen ocupados a la EMVS le daba lo mismo que si los ocupasen vacas o cerdos, lo que les interesaba era vender ESOS inmuebles para obtener ingresos ya que ‘papá’ (el Ayuntamiento de Madrid del PP) no los suministraba; y a su vez los ‘buitres’, aprovechándose de ello obtener un más bajo precio de compra.
Al poco tiempo de firmarse tal ominosa operación de compraventa, las viviendas vendidas perdieron la protección oficial que tenían y el aprovechado comprador (Blackstone), ofreció renovar los contratos de arrendamiento con fortísimas subidas de renta, y en caso de negativa del inquilino a ello, iniciar acciones de desahucio
2) Sí, todo empezó con aquel aciago contrato de compraventa concertado en el año 2013, tras un aparente concurso público al que sólo se presentaron aquellos que antes de ser publicado el concurso ya estaban en relaciones con la vendedora (la EMVS)
3) Sí, todo empezó cuando poco después, por encargo de la Asociación de Afectados, presenté una querella contra todos los partícipes del entuerto, que correspondió al Juzgado de Instrucción de Madrid núm. 38, que con empeño digno de mejor causa, sobreseyó las actuaciones por tres veces, hasta que tras nuestros recursos, la Audiencia Provincial le obligó a seguir con el proceso adelante.
4) Sí, todo empezó cuando al poco tiempo de firmarse tal ominosa operación de compraventa, las viviendas vendidas perdieron la protección oficial que tenían y el aprovechado comprador (Blackstone), ofreció renovar los contratos de arrendamiento con fortísimas subidas de renta, y en caso de negativa del inquilino a ello, iniciar acciones de desahucio.
5) Sí, todo lo empezado ha comenzado a terminar tras las numerosas sesiones del juicio penal (finalizadas hace 10 días) seguido contra los lamentables artífices de aquella operación por la que les he acusado de prevaricación, fraude, malversación y de sustraer un bien público -viviendas protegidas- a su utilidad social (su alquiler a familias modestas), al amparo del nunca aplicado por nuestros Tribunales art. 289 del Código Penal.
6) Sí, estamos ya al borde del final de un largo y tortuoso camino, ahora que ya sólo estamos pendientes de la sentencia penal que se dicte sobre el caso, y me desvela que el Tribunal no considere que aquella venta de viviendas protegidas fue una horrible y sancionable (penalmente) operación, y por ello confío que de forma semejante a lo que ha sucedido con lo decidido por Tribunales de otra jurisdicción que han anulado similares ventas (caso IVIMA), en éste y frente a la obligada postura de los letrados de la defensa (¡qué buenos abogados para tan lamentables clientes!), el Tribunal atienda mis postulados. Sí, como he venido diciendo en este artículo, largo ha sido el recorrido, pero, ¿cómo acabará?
Ha declarado para la prensa la presidenta de la Asociación de Afectados, que yo era su “Angel de la Guarda”, pero no, soy el prisionero de ellos y sólo conseguiré mi libertad si hay condena… de los acusados naturalmente.
Es miembro del Colegio de Abogados de Madrid desde 1963 y Medalla de Honor de dicha institución concedida en 2016. Está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort por méritos a la Justicia y es presidente honorario de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y patrono de la Fundación Justicia y Paz.
