Julio Rodríguez López
Las informaciones sobre el difícil acceso a la vivienda se han intensificado recientemente en España. El último factor de complicación lo han supuesto las elevaciones del Euribor a doce meses, que han creado dificultades a los hogares endeudados a interés variable. Hay cierta unanimidad en considerar que la ausencia en España de un parque significativo de viviendas sociales destinadas al alquiler está en el origen del difícil acceso a la vivienda. El aumento del empleo en 2021-2022 ha reforzado la demanda de viviendas de alquiler y ha puesto de manifiesto la estrechez de la oferta de dicho tipo de viviendas.
La ayuda fiscal a la compra de vivienda que propone Alberto Núñez Feijóo se traslada al promotor inmobiliario, que aumenta más fácilmente los precios conociendo que el comprador va a disfrutar de esa ayuda
En ese contexto, llama la atención la presencia de propuestas de solución al problema que hace tiempo quedaron arrumbadas por su comprobada inoperancia. La primera ha sido la idea lanzada por el líder del Partido Popular de restaurar la desgravación fiscal a los compradores de viviendas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La segunda propuesta se puede encontrar en una publicación de la entidad de crédito Caixabank sobre las variables básicas del mercado de vivienda. En dicho estudio se concluye algo tan poco novedoso como que la escasa disponibilidad de suelo urbano y la lentitud en la tramitación de las licencias municipales de obras son los principales factores que favorecen el aumento de los precios vivienda.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no ha sorprendido con su propuesta de reintroducir una potente desgravación a la compra de vivienda para resolver el problema de acceso a la vivienda. Se trata de una medida que todavía aplican algunas comunidades autónomas y que llegó a tener una presencia importante en las primeras décadas de democracia en España. Como consecuencia de dicha actuación, el coste fiscal de la política de vivienda llegó a ser bastante más elevado que el de las medidas de gasto publico directo destinadas a apoyar el acceso a la vivienda. La presencia de dicha desgravación fiscal ayudó a generar, junto con la abundancia irracional de crédito bancario a promotor, la burbuja inmobiliaria del periodo comprendido entre 1997 y 2007.
La ayuda fiscal a la compra de vivienda se traslada al promotor inmobiliario, que aumenta más fácilmente los precios conociendo que el comprador va a disfrutar de esa ayuda que se vuelve a proponer desde el Partido Popular. En el libro de Alejandro Inurrieta ‘Vivienda. La revolución más urgente’, página 87, (Alternativas Económicas, Barcelona, 2021) se dice sobre la desgravación fiscal a la compra de vivienda que “este tipo de ayudas han sido muy costosas para el erario público, sin solucionar para nada el problema de acceso a la vivienda para personas con bajos recursos y, además, se han generado con un grado de regresividad fiscal muy elevado”.
En 2013 se eliminó la ayuda fiscal a la compra de vivienda para los nuevos adquirentes y se ha mantenido para quienes compraron vivienda con un préstamo a largo plazo antes de dicho año. En 2023 todavía pueden disfrutar de dicha deducción fiscal en la cuota del IRPF en España unos 2,7 millones de contribuyentes. El coste de dicha ayuda es de 753,5 millones de euros, según la previsión incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2023.
Una publicación de CaixaBank Research, ‘Inmobiliario Informe Sectorial 1/2023’ recoge el artículo “Lo que revela el big data sobre la oferta de vivienda nueva y las tendencias demográficas en España”. En dicho trabajo se analiza la situación de exceso de demanda de vivienda en los municipios de España, comparando la variación registrada en el número de hogares con las viviendas iniciadas. No se explica en dicho trabajo como se obtiene la variación del número de hogares para cada municipio. El aumento de precios vendría explicado por el reducido volumen de construcción de nuevas viviendas en los últimos años. El trabajo citado no tiene en cuenta la presencia de las compras de viviendas como forma de colocación del ahorro y también con fines especulativos ante las expectativas de revalorización de los precios de la vivienda.
El trabajo de Caixabank se apoya en la proyección de hogares realizada por el INE para el periodo 2022-2037, proyección publicada en octubre de 2022. Según dicha proyección el número medio anual de hogares que se crearía entre 2022 y 2027 sería de 217.000 hogares frente a los 68.000 previstos en la anterior proyección. El INE no ha explicado la causa de un aumento tan elevado en el número de hogares previstos en la última proyección.
De la última proyección de hogares se deriva que habría que construir viviendas a un ritmo superior al del último quinquenio. En el trabajo de Caixabank está ausente cualquier consideración acerca del tipo de vivienda a construir. No se alude a la necesaria construcción de viviendas sociales para la venta y, sobre todo, para el alquiler. El mercado resolvería la cuestión del difícil acceso a la propiedad de las nuevas viviendas. Como se trata sólo de construir a toda costa, no sorprende que las propuestas de Caixa repitan los argumentos de los promotores de viviendas, como es que hay escasez de suelo y que las licencias municipales de obra tienen retrasos. En realidad, la escasez de oferta de suelo debe de referirse a los suelos urbanizables, puesto que hay suelo calificado como de urbanizable residencial como para construir en España otro parque de viviendas equivalente al existente, que asciende a unos 26 millones de viviendas. Se advierte que el moderno ‘big data’ puede servir para justificar viejas políticas conservadoras en materia de vivienda, tan viejas como la añorada desgravación a la compra de vivienda por parte del Partido Popular.
Vocal del Consejo Superior de Estadística del INE. Doctor en CC. Económicas por la UCM (1977). Es Estadístico Superior del Estado, en situación de excedencia, y Economista Titulado del Banco de España, en situación de jubilación. Ha sido consejero de Economía de la Junta de Andalucía, presidente del Banco Hipotecario de España, presidente de Caja de Ahorros de Granada, presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada y gerente de la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente es miembro de Economistas frente a la Crisis y de la Plataforma por una Banca Pública.
