Javier Quintana
Vox ya prepara su campaña electoral de cara al recién iniciado año electoral. La ultraderecha saca jugo estos últimos días a la polémica surgida de las declaraciones del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, acerca de nuevas medidas antiabortistas. El vicepresidente anunció que el gobierno autonómico pretende, entre otras cosas, obligar a los profesionales sanitarios a ofrecer a las embarazadas escuchar el latido del feto. El paquete de medidas sigue la línea de las políticas provida que la ultraderecha ha implementado en países como Hungría o Estados Unidos.
El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha desmentido que su gobierno vaya a permitir que se lleve a cabo esta “coacción” en sus hospitales. Vox amenaza con “revisar el pacto de gobierno” si no se activa el nuevo protocolo, mientras que el Gobierno se plantea recurrir a la Justicia si el plan se lleva a cabo.
El aborto vuelve a irrumpir en la agenda política. Las declaraciones de Juan García-Gallardo la pasada semana han hecho germinar el conflicto entre PP y Vox, ya no solo a escala autonómica, sino también nacional. El vicepresidente anunció que los servicios sanitarios tendrán que cumplir próximamente con la obligación de ofrecer atención psico-social a las embarazadas, invitarlas a escuchar el latido del feto y proporcionar una ecografía 4D del mismo. Asimismo, indicaron su compromiso con la defensa de la objeción de conciencia de los profesionales. Medidas, según García-Gallardo, “a favor de la vida y de la familia”.
La interrupción del embarazo vuelve a estar encima de la mesa en las vísperas de unos comicios. Ya fue un tema de relevancia en la campaña de 1996 cuando la Mesa del Senado, presidida por Alberto Ruiz Gallardón, bloqueó la tramitación del proyecto de ley orgánica de Felipe González sobre la regulación del aborto. El Tribunal Constitucional condenaría esta acción años después.
También fue un tema de actualidad durante la campaña de 2008 por el registro de varias clínicas en Madrid y Barcelona. Este episodio fue el origen de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción del Embarazo de 2010.
El PP se desmarca del vicepresidente
El presidente de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ha reiterado en una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en ningún caso pretende ejecutar las medidas anunciadas por su socio en el gobierno, García-Gallardo, respecto al aborto. “No habrá ninguna modificación en el protocolo de atención a la interrupción del embarazo, que está ajustado a la legislación nacional vigente y al criterio clínico”, ha aclarado el presidente en una misiva. Desde el Ejecutivo, sin embargo, ven insuficiente la aclaración, e instan al presidente a aclarar el asunto por conducto oficial. Mañueco acusó al Gobierno de haber emitido un requerimiento “sobre una cuestión ficticia” a través de “una propaganda sobreactuada”.
Este desmarque de Mañueco no ha gustado nada en las filas de Vox. El secretario general del partido, Ignacio Garriga, ha amenazado esta semana con “revisar” el pacto de gobierno en Castilla y León si no se aplica el protocolo que Gallardo anunció la pasada semana. Por su parte el portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que el protocolo se aprobará “en los próximos días”. El portavoz, eso sí, quiso rebajar el tono de Garriga sobre el acuerdo de gobierno, dejando claro que “revisar el pacto y romper alianzas son cosas distintas”. Asimismo, acusó al PP de temer a “la izquierda política y mediática”, e indicó que no es una novedad para ellos que el partido liderado por Feijóo “firme cosas y luego se eche atrás”.
En Génova, pese a que han sido duros con el partido de ultraderecha, tampoco han amenazado claramente con romper el acuerdo de coalición alcanzado un año atrás. Tras casi una semana de silencio, Alberto Núñez Feijóo indicó que el partido de Abascal “se equivoca profundamente” avivando esa “falsa polémica” de la que ya había hablado Mañueco y que, según los populares, solo beneficia al PSOE. El presidente del PP opina que los socialistas tratan de “desviar la atención” de la ley del `solo sí es sí´.
Feijóo también ha aprovechado para cerrar filas en torno al líder castellanoleonés. “Quien manda es el presidente, y cuando el presidente habla, los demás no tienen nada que decir”, concluyó en una entrevista a Telemadrid. El gallego, además, indicó que la única discrepancia que tiene con la actual legislación está en que las menores de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo sin el consentimiento de sus padres. Resulta curiosa esta conformidad de Feijóo con la actual norma, teniendo en cuenta que su partido mantiene hasta el día de hoy el recurso de inconstitucionalidad que emitió en 2010 acerca de la ley de plazos aprobada por el gobierno de Zapatero, aún vigente.
Este cambio de parecer del PP respecto al aborto coincide con la puesta a punto de la resolución de este recurso que prepara el Tribunal Constitucional, tras más de una década en un cajón del órgano.
Feijóo y Ayuso se borran de la concentración contra Sánchez del próximo sábado
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, también ha cargado estos días contra Vox. El mal momento que atraviesa su relación con la ultraderecha en la Asamblea le ha dado carta blanca para expresarse sin ningún tipo de filtro, afirmando que García-Gallardo busca “un conflicto interno en un Gobierno regional sobre algo en lo que no tiene competencias”. Tanto ella como Feijóo se han borrado de la concentración de la ultraderecha que tendrá lugar en Madrid este sábado (a la que en un principio pensaban acudir).
La consigna actual del PP es virar hacia el centro, tal vez tratando de atraer al electorado del PSOE descontento con la gestión de los delitos de sedición y malversación. Vox, por su parte, parece encantado con este ingreso del aborto en la agenda política.
El Gobierno se plantea recurrir al TC
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, advirtió este lunes de que el Ejecutivo necesitaba “información oficial, fidedigna” sobre las intenciones del gobierno de Castilla y León. Fruto de esta desconfianza el Ejecutivo ya ha iniciada las maniobras para llevar al Tribunal Constitucional una posible limitación a la ley del aborto. El Consejo de Ministros aprobó el martes el acuerdo por el que “se requiere de incompetencia” al gobierno autonómico para que no pueda adoptar “cualesquiera actuaciones que vulneren o menoscaben la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”. Mañueco tiene un mes para responder. De lo contrario, estaríamos ante un conflicto de competencias.
Las propuestas de Vox en Castilla y León, en línea con Hungría y Polonia
«Hungría, efectivamente, me gusta mucho porque ofrece alternativas, información y medidas en positivo para adoptar una decisión como esta con toda la información posible». Así se refirió García-Gallardo a Hungría cuando fue cuestionado sobre la política de aborto del país europeo. En el caso de los húngaros, el gobierno obliga a la mujer a escuchar el latido del feto antes de tomar cualquier decisión. El decreto promulgado el pasado mes de septiembre obliga al personal sanitario húngaro a presentar a las embarazadas las funciones vitales del feto “de una manera claramente identificable”. Asimismo, deben informar a las mujeres sobre las ayudas a la maternidad y la posibilidad de dar al futuro bebé en adopción. Las embarazadas tienen 72 horas `de reflexión´ tras recibir toda esta información y escuchar el latido para decidir si finalmente quieren abortar.
Otro país que gusta a Vox es Polonia, donde el aborto (salvo en caso de violación o riesgo mortal para la madre) está prohibido desde 2021. Tanto húngaros como polacos han visto cómo las interrupciones de embarazo de sus países caían en picado. Sin embargo, esto no ha supuesto un incremento de la natalidad.
En Estados Unidos el debate sobre el aborto también está caldeado. El Tribunal Supremo revocó este derecho el pasado verano. Sin embargo, varios estados ya se habían anticipado con su particular “ley del latido”, que prohíbe el aborto a partir de la sexta semana de embarazo, es decir, cuando se escuchan por primera vez los signos vitales del embrión.
Parecen casos muy lejanos a la realidad de nuestro país, pero es una obviedad que estamos inmersos en una corriente regresiva en cuanto a derechos sociales se refiere. En Estados Unidos, mismamente, parecía imposible que el Tribunal Supremo reculara una ley promulgada hace más de 50 años. Pero todo es viable con esta corriente neofascista deambulando por las instituciones democráticas de todo el mundo.
