Alba del Prado
Los resultados del 28-M han dejado claro, entre otras cosas, que el ‘lavado de cara’ del post-fascismo, funciona. Los resultados electorales dejan una foto con dos caras: mientras los movimientos sociales que dieron lugar al nacimiento de Podemos se han diluido, la ultraderecha de Vox consigue una proporción de votos que le da la llave de muchos gobiernos locales y autonómicos. La ‘famosa’ ola conservadora y ultraderechista salta de las urnas a los pactos con los que formar gobiernos. Aunque PP y Vox ya tienen una base de acuerdo sobre la que asentar sus alianzas: impedir que el PSOE y la izquierda gobiernen. El equipo de Alberto Núñez Feijóo mantiene la euforia de la noche electoral, convencido de que las urnas de los comicios locales y regionales marcan tendencia.
De momento, Abascal y Feijóo se han emplazado al cierre de las elecciones generales del 23 de julio próximo para cerrar los pactos definitivos. Ambas formaciones quieren aprovechar la sorpresiva decisión del presidente Sánchez de convocar a las urnas para formar un nuevo Parlamento para conocer su fuerza real y, a partir de ahí, negociar pueblo a pueblo, gobierno regional a gobierno regional y Diputación a Diputación.
Por ahora, Abascal y Feijóo sientan unas bases mínimas hasta sentarse a negociar. Ambos parten del mismo objetivo: desalojar a los gobiernos de izquierda allá donde puedan. Un acuerdo del tipo ‘no nos vamos a hacer daño’ para no dejar ni un gobierno a la izquierda siempre que sus votos sumen. Y, al mismo tiempo, dejar sus diferencias al margen. Vox quiere evitar que el PP ‘cerque’ a los ‘barones’ ultras con el argumento -ante la campaña de las generales- de «o nos votáis o entregáis el gobierno a la izquierda».
La experiencia en el gobierno castellano-leonés de la pasada legislatura es apreciada desde el Partido Popular, donde la nueva cúpula considera que la alianza con la ultraderecha «no genera el rechazo de antes». Aunque en las generales intentará mantener las distancias ante su electorado más moderado.
Quizá por ello, el líder ultra, Santiago Abascal, ya plantea las futuras negociaciones «en clave nacional». Quiere meter presión a su socio natural para aumentar el valor de su apoyo en las comunidades autónomas donde los populares lo necesitan. Basta escuchar al segundo al mando de la formación ultraderechista, Ignacio Garriga, cuando aseguraba que “Vox va a estar a la altura de las circunstancias y la gran pregunta es qué va a hacer el PP”.
La nueva cúpula del PP considera que la alianza con la ultraderecha «no genera el rechazo de antes». Aunque en las generales intentará mantener las distancias ante sus votantes más moderados.
Los post-fascistas han tardado muy poco en fijar posición. Y eso, ante una inminente campaña electoral, parece clave, ya que Alberto Núñez Feijóo y su equipo deberán moderar todo lo posible sus mensajes contra el único partido que les quita votos.
Para el PP, sin embargo, la opción de contentar a sus socios de gobierno no es la más beneficiosa para captar los votos que necesita para gobernar en solitario. Para ese segmento de su electorado, propuestas como la suspensión de la autonomía catalana, la derogación de las leyes de violencia de género, la supresión de las policías autonómicas, acabar con las autonomías, instaurar el ‘PIN parental’ en los colegios e institutos y establecer exámenes de control a nivel nacional (como los antiguos ‘exámenes del Ministerio’), recogidos en su último programa electoral no serán tan fáciles de ‘vender’.
Ganar poder
La consigna de Vox es ganar poder a toda costa. Los gobiernos de Baleares, Cantabria, Extremadura, la Comunitat Valenciana y Aragón están en su punto de mira más inmediato. Los ultras quieren estar en las instituciones. Quizá para intentar prohibir el ejercicio de derechos básicos, como la operación ‘disuasoria’ en contra del aborto, como hizo en Castilla y León. Algo recordado recientemente por la lideresa in pectore del partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras la renovación de su mayoría absoluta.
El líder de la oposición, sin embargo, se encuentra en una posición más difícil de la que el PP parece dispuesto a reconocer: no puede presentarse ante sus electores reclamando su particular ‘voto útil’ porque eso le puede costar que el mapa gubernamental autonómico no se tiña tanto de azul como parece ahora. Vox ha dado muestras suficientes de ‘romper la baraja’ cuando la autodenominada ‘derecha democrática’ no acepta sus pulsos.
De forma que, lo quieran o no, los populares son socios y rehenes de la ultraderecha. Apretar demasiado el argumento le podría costar, incluso, la investidura al candidato Feijóo… Pero no hacerlo le aleja de la toma de poder en cinco comunidades autónomas.
Una mano a Dios y otra al diablo
Quizá por ello, el PP juega la baza de trasladar la presión al PSOE. Su última, aunque no nueva, propuesta de pedir la abstención socialista en aquellas circunscripciones en las que pudiera gobernar Bildu busca aligerar a ‘factura’ a pagar a la formación de Abascal.
Dicen desde el PP que se aliará con otras candidaturas minoritarias (locales y regionales) que le permitan gobernar. Aunque la llamada al PSOE no es sino la forma de intentar apropiarse del mensaje ‘anti-etarra’ de Vox, pese a los doce años de paz que se disfruta desde la disolución de la banda en 2011.
De forma que, con los pactos de investidura asegurados con la ultraderecha, la cuestión es rebajar la deuda con el post-fascismo.
Feijóo, pues, juega la baza de la dilación a la espera de conocerse los resultados de las elecciones generales del próximo 23 de julio.
La idea es conocer el estado de fuerzas real en la derecha de cara a ocupar La Moncloa. Pero, también, en Génova saben que el voto de centro es muy sensible al extremismo de los de Abascal. Por tanto, los populares intentan evitar, en plena campaña, una foto de acuerdo entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, ya que consideran que eso les restaría votos, precisamente, en el caladero que da el sillón presidencial.
Con los pactos de investidura asegurados con la ultraderecha, la cuestión es rebajar la deuda con los de Abascal. Feijóo juega la baza de la dilación a la espera de conocerse los resultados de las elecciones generales del próximo 23 de julio.
Vox por su parte, intentará forzar la aceleración de los acuerdos. Los plazos para la formación de los gobiernos autonómicos varían entre las diferentes comunidades; aunque los parlamentos regionales deberán constituirse antes del 27 de este mismo mes de junio.
Según lo previsto, la Asamblea Regional murciana se constituirá el 14; la de Cantabria el 22; al día siguiente, la de Aragón. El Parlament de la Comunidad Valenciana, se constituirá el 26 de junio.
En Extremadura y Baleares, donde el PP también está en condiciones de sumar con Vox, aún falta por fijar fecha.
Si en el primer intento no hay acuerdo, los parlamentos autonómicos tienen un plazo máximo de dos meses para forzar una segunda investidura, para la que cada candidato solo necesitará una mayoría simple para acceder al cargo.
Foto en solitario
De ahí el interés del Partido Popular por posponer las negociaciones con la ultraderecha. Eso deja muy poco margen para evitar una foto -necesaria aunque poco recomendada por los responsables de campaña – de acuerdo antes de las elecciones generales.
Quizá por ello, el líder popular insiste ya en que intentará gobernar en solitario en todos los ayuntamientos y parlamentos autonómicos. La precampaña de las generales está en marcha y los ultras han de hacerse a la idea de que es el discurso que oirán las próximas semanas.
En declaraciones a Onda Cero, Alberto Núñez Feijóo subrayaba su convicción de que puede conseguir la mayoría absoluta el 23-J. Aunque, pocos días antes, ante el Cercle d’Economia, evitaba aludir a pactos con la ultraderecha con el espurio argumento de «explicar lo que no quiero hacer no tiene sentido». El PP quiere ampliar su cota de poder y la llave la tienen los de Abascal… Y esa es una oportunidad que ningún político se resiste a coger. Menos aún el ‘centro-derecha’ español para el que planteamientos como el de los partidos democráticos franceses (de izquierda y derecha) para frenar el acceso al poder de los post-fascistas del Frente Nacional de Marine Le Pen son, simplemente, cosas de otro mundo.
