Javier Quintana.
El último informe policial de la investigación sobre Mónica Oltra como sospechosa de un posible delito de encubrimiento de un abuso sexual de su exmarido a una menor tutelada ha dado un vuelco al caso. Los cuerpos policiales han concluido que Oltra no eliminó ni manipuló correos electrónicos entre la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y ella misma durante la redacción del informe de la denuncia de la menor contra su entonces marido. Así lo ha dictaminado el auto del juez del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia. El análisis de los mencionados correos había sido solicitado por la acusación popular, compuesta por la cofundadora de Vox, Cristina Seguí, (a través de su fundación Gobierna-te) y José Luis Roberto Navarro, líder del partido neofascista España 2000.
Por tanto, las pesquisas parecen confirmar que Mónica Oltra ordenó la investigación de lo sucedido, pero la exvicepresidenta en ningún momento habría manipulado estos correos electrónicos. El informe no sólo aclara la inocencia de Oltra en este sentido, sino que destaca la existencia de un correo en el que se instaba a Amparo Nogués, del Servicio de Infancia e Igualdad, a colaborar con el Ministerio Fiscal.
Así pues, la teoría sobre una posible operación lawfare de la extrema derecha para expulsar a Oltra del panorama político cobra fuerza.