Manuel Capilla.
Ximo Puig ha pasado de apoyar a Susana Díaz a colocarse como el dirigente territorial que mejor se entiende con Pedro Sánchez, en un grupo de barones socialistas no especialmente alineados con Moncloa. Principal heredero del maragallismo, el presidente de la Generalitat valenciana está consolidando una corriente federalista capaz de hacer frente a los barones mesetarios y más críticos con la visión plurinacional de España y de hacer valer su peso político en discusiones como la financiación autonómica o la armonización fiscal, frente a la siempre insurgente Isabel Díaz Ayuso.
“Es una buena ventana de interlocución con Moncloa”. Así definen a Ximo Puig fuentes cercanas al presidente valenciano y conocedoras de los entresijos del PSOE, “y eso es un valor”. Las cosas han cambiado mucho desde que Puig apoyara a Díaz en las primarias que devolvieron a Sánchez a la secretaría general del PSOE, tras el infausto comité federal de octubre del 16. Como prácticamente todos los barones gobernantes en sus respectivas comunidades, él se puso del lado de la gran favorita. Pero el presidente valenciano ha sabido reconducir la situación y tomar posiciones en el PSOE pilotado por Pedro Sánchez. Hasta el punto de que “Puig se ha convertido en el factor moderador de los presidentes socialistas”, la persona a la que dirigirse “cuando otro presidente quiere algo, porque saben que es mejor hacerlo de la mano de Puig”, explican estas fuentes.
Sobre esta sintonía, Puig ha conseguido apuntarse algunos tantos políticos en los últimos tiempos. Por ejemplo, ha conseguido que el ministerio liderado por el otro gran líder del socialismo valenciano, José Luis Ábalos, acelere las obras del corredor mediterráneo, una infraestructura largamente demandada, o que liquide el peaje de la autopista AP-7. También consiguió un avance muy importante para lo que queda de legislatura: que en el reparto del fondo de recuperación para las autonomías acordado en junio, se diera prioridad al criterio de reparto por población. La infrafinanciación valenciana y la necesidad de primar el criterio de población sobre el territorial es una de las banderas del relato político que Puig ha forjado desde que llegara a la presidencia en 2015. Y lo sucedido en junio manda una señal de por dónde puede ir la reforma pendiente de la financiación autonómica.
El pacto pendiente con el abalismo
Es precisamente el sector del PSPV liderado por Ábalos el único que puede disputar el liderazgo del partido a Puig, que tiene pendiente renovar su cargo como secretario general en este 2021, que arranca en pocos días. Eso sí, gracias a la entente entre Moncloa y el Palau de la Generalitat valenciana, el escenario es muy diferente al de 2017, cuando el sanchismo resucitado intentó cobrarse la revancha del apoyo de Puig a Díaz. Con Ábalos como autor intelectual de la candidatura, los partidarios del presidente del Gobierno se pusieron detrás del alcalde de Burjassot, Rafa García. No ganó, pero recabó el apoyo de más del 40% de los socialistas valencianos. Y algunas informaciones apuntan a la posibilidad de que estaría meditando presentarse de nuevo.
Sin embargo, a pesar de estas informaciones y del runrún en algunos círculos del socialismo valenciano, hoy por hoy parece una opción lejana la construcción de una candidatura alternativa que cuente con el apoyo del ministro de Transportes. Pero movimientos, haberlos haylos. O así se interpretan, al menos, en los círculos mediáticos y políticos valencianos algunos de los nombramientos que se han efectuado recientemente. Es el caso, por ejemplo, de Jorge Alarte, antecesor de Puig en la secretaría general del PSPV –llegó a derrotarle en 2008-, como nuevo director general de Relaciones con las Comunidades Autónomas y de Representación Institucional. Alarte será una especie de embajador en Madrid con el que Puig intentaría cimentar sus relaciones con el entorno de Pedro Sánchez y con el resto de presidentes autonómicos. Al mismo tiempo, el abalismo habría movido ficha con los nombres del ex secretario general del PSPV de Valencia capital Rafael Rubio como subdelegado del Gobierno, o el de Vicent Bufort como jefe de gabinete de la delegada del Gobierno, Gloria Calero. En disputa, la nueva generación de alcaldes no especialmente alineados ni con unos ni con otros.
El propio Puig confirmaba en una entrevista en Les Notícies del Matí de À Punt que tratará de renovar su cargo. Sobre Ábalos, afirmaba que “siempre ha sido una relación personal magnífica aunque políticamente alguna vez hemos tenido discrepancias, pero es la lógica democrática. El respeto, afecto y amistad con él es una cuestión de hace muchos años”. Antes, en otra entrevista concedida a Canal 9, el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE subrayaba que “lo que funciona, no hay que tocarlo”, cuestionado sobre el liderazgo de Puig.
Freno al soberanismo de Compromís
Puig ha quedado como el gran referente en el PSOE –y casi único- del federalismo que en su día lideró Pasqual Maragall. Un federalismo entendido como la mejor forma de “coser España”, según sus propias palabras, en un momento histórico de auge de los movimientos identitarios y frente a las posiciones recentralizadoras que priman en las derechas y con las que simpatizan algunos barones socialistas. Con este relato político, Puig ha conseguido enterrar la herencia del zaplanismo -de honda raíz anticatalana- y poner coto a los discursos presoberanistas que bullen en algunos sectores de Compromís y que tuvieron su ventana de oportunidad en los años más duros de la crisis y de auge del procés independentista.
Esta pugna por un espacio político similar es un ingrediente más de los roces que Puig está viviendo con su vicepresidenta, Mònica Oltra. Ambos intentan mantener una correcta relación institucional sobre la que se sustente el gobierno valenciano, pero hace tiempo que las diferencias son obvias y que la afinidad personal entre ambos no es la mejor. Este mismo miércoles, los dos se reunían, a solas, para tratar de limar las diferencias que han hecho chirriar los engranajes del Ejecutivo valenciano en los últimos tiempos. El ‘armisticio’ contempla recuperar la cogobernanza que Compromís echaba de menos y que incluirá a varias de sus consejerías en la toma de decisiones acerca de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia.
La batalla fiscal que marcará la legislatura
Fue precisamente Maragall -a quien Puig trató ampliamente en los años en los que estudiaba periodismo en Barcelona- quien publicó dos artículos en El País de los que muchos se están acordando estos días, ‘Madrid se va’ -en 2001- y ‘Madrid se ha ido’ -en 2003-. Dos textos en los que el expresident catalán alertaba del papel que Madrid empezaba a jugar en la globalización y de la subordinación del resto de territorios españoles hacia una metrópolis que absorbe sin medida población, recursos económicos y atención política y mediática.
Fue precisamente Maragall quien publicó dos artículos en El País de los que muchos se están acordando estos días, ‘Madrid se va’ -en 2001- y ‘Madrid se ha ido’ -en 2003-. Este elemento madrileño es la gran novedad que ha introducido Puig en su denuncia del «procés invisible»
Este elemento madrileño es la gran novedad que ha introducido Puig en su demanda de armonización fiscal, la pieza clave de lo que debe ser el nuevo sistema de financiación autonómica. No hay que olvidar que la armonización fiscal la estudió Cristóbal Montoro en su día, cuando todavía ocupaba la cartera de Hacienda. Y hace tres años, ejerciendo aún como presidenta de la Junta de Andalucía, la reclamó Susana Díaz, con el visto bueno de los dirigentes territoriales del PSOE y la gestora que por aquel entonces pilotaba el partido, con Javier Fernández al frente. La actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ocupaba esa cartera en el Ejecutivo andaluz. La misma Montero que ha cerrado un acuerdo presupuestario con ERC que recoge la promesa de la armonización fiscal entre las comunidades.
Puig ha vuelto a poner el foco en el tema, bautizándolo como “un procés invisible” y subrayando que “el efecto capitalidad” ha convertido Madrid en una “gran aspiradora que absorbe recursos, población, funcionarios estatales y redes de influencia”. Así se expresaba Puig el pasado mes de septiembre, en un discurso-manifiesto que va a sentar las bases de la cuestión central de la legislatura. Porque lo que está en discusión es el régimen fiscal de Madrid, sí, pero también su estatus político y el modelo territorial de España. Una batalla que Isabel Díaz Ayuso está encantada de dar y en la que, en principio parece contar con casi todo el PP. Sólo el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que no le disgustaría la creación de unas horquillas de máximos y mínimos.
Los argumentos del presidente de la Generalitat valenciana se basan en las conclusiones de un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), en el que se señala, por ejemplo, que el 29 % de los trabajadores públicos estatales se concentra en Madrid, que 9 de cada 10 contratos estatales se gestionan desde Madrid y que casi el 60 % de adjudicaciones se hacen a empresas residenciadas en Madrid. Por cuestiones como estas, Puig sostiene que “Madrid puede permitirse dejar de ingresar 4.100 millones anuales con rebajas fiscales fruto de su dopaje por el ‘efecto capitalidad’, lo que supone la emigración fiscal de personas y empresas hacia dentro de la M-50 y la pérdida de ingresos hacia fuera”. “Todo esto no es ni racional, ni justo, ni sostenible” y demanda una “profunda reforma territorial”.
La reconstrucción del eje Barcelona-Valencia
No pierde ocasión Puig de poner de manifiesto sus tesis contra la fiscalidad madrileña. Lo hacía esta misma semana ante el Círculo de Economía, la flor y nata del empresariado catalán, aprovechando su viaje a Barcelona para entrevistarse con el president en funciones de la Generalitat catalana, Pere Aragonès. Un Aragonès que parece decidido a implicarse a fondo en la gobernabilidad del Estado y que ha encontrado una forma de comparecer ante el electorado catalán el próximo 14 de febrero matizando que ya no es España la que expolia a los catalanes, que es Madrid.
La reconstrucción de la entente Barcelona-Valencia, que el propio Puig ha denominado esta semana la «Commonwealth mediterránea», ya ha comenzado. El primer paso ha sido la firma de un convenio entre ambos gobiernos en materia de memoria histórica. El segundo, dar la batalla por una armonización fiscal que ERC ha conseguido introducir en la negociación presupuestaria. En una entrevista concedida a La Vanguardia, Aragonès reclama que “se haga con la Comunidad de Madrid lo que la UE ha hecho con Luxemburgo”. “No estamos pidiendo que se castigue a la clase trabajadora madrileña, sino que los ricos que están residiendo fiscalmente en Madrid paguen lo que toca”, porque para el vicepresidente de la Generalitat, “la mejor forma de proteger nuestra soberanía fiscal es hacer que no haya nadie que utilice el hecho de ser capital de un Estado para conseguir una ventaja desleal”.
Puig ha apostado buena parte de su capital político a un debate que va a remover los cimientos de la política española. Ya hay quien observa que, si se pone el foco en Madrid, ¿por qué no se pone el foco también en el régimen foral de Euskadi y Navarra? Una reflexión que no sólo viene de las derechas, sino de algún otro barón socialista. Es el caso de Javier Lambán, sobre el que fuentes cercanas a Puig destacan que es otro barón que está reconstruyendo con éxito sus relaciones con Moncloa. Daría cuenta de ello el hecho de que el presidente aragonés haya rebajado notablemente el tono de sus críticas al Ejecutivo, a diferencia de un Emiliano García Page que sigue llevando la voz cantante de la oposición interna en lo que suponga cualquier acercamiento a ERC y EH Bildu.
Lambán afirmaba hace pocos días que a la hora de abordar los “desequilibrios fiscales que producen efectos poco recomendables, de lo primero que habrá que hablar es de la potestad que tienen los gobiernos del País Vasco y de Navarra para modular el impuesto de sociedades, teniendo en cuenta que es el que puede determinar las decisiones de inversión de las empresas”. Algunos se están moviendo deprisa para tomar posiciones en la batalla que marcará la legislatura.
