El reciclaje del plástico: un circuito en cuestión

Ha pasado un año desde que Greenpeace publicó su informe “Maldito plástico: reciclar no es suficiente” sobre el reciclaje de envases de plástico de un solo uso en España. Una investigación que demostraba que tan solo el 25,4 % de los envases plásticos eran recuperados para su posterior tratamiento. El informe ya señalaba a las administraciones, central y autonómicas, como responsables del problema, por no establecer leyes que fomenten medidas basadas en la economía circular, la reutilización y la reducción en el consumo. Y, sobre todo, por no tener control y conocimiento real de los datos de generación de residuos y de los productos vendidos, recogidos, reciclados, exportados o perdidos en el medioambiente.

El único agente que se sintió públicamente aludido por nuestro informe fue la sociedad Ecoembalajes España, S.A. (a partir de ahora, Ecoembes), sobre todo en lo relativo a los porcentajes de la tasa de recogida de plásticos, a pesar que eran datos obtenidos de fuentes oficiales (ayuntamientos y comunidades autónomas). En este informe “Ecoembes Miente”, Greenpeace se plantea una pregunta ¿es realmente eficaz una entidad que lleva más de dos décadas funcionando y que, lejos de solucionar el problema de la generación y recogida de envases domésticos, nos ha llevado a una crisis ambiental sin precedentes? Esta investigación ha sido complicada debido a la falta de transparencia y a la dificultad para acceder a buena parte de la información. En primer lugar por tratarse de una entidad privada que no tiene obligación de dar información y, en segundo lugar, porque a través de patrocinios y ayudas pagan la complicidad de numerosos agentes sociales.

El presente informe no pretende contraponer, auditar, ni presentar nuevos cálculos de cifras sobre generación y recogida versus reciclaje. Esto ya supuso una tarea titánica el pasado año con la elaboración de “Maldito plástico: reciclar no es suficiente”. Fundamentalmente, por la falta de datos y la disparidad de los mismos. En ese mismo informe se utilizaron datos de 2016 y, a pesar de que el MITECO acaba de presentar los de 2017, no varían en nada la situación. Por ello, seguiremos refiriéndonos a los datos procesados en el anterior informe de Greenpeace. No queremos aquí volver a entrar en una discusión yerma desde su inicio, al no existir control real y directo de las administraciones en la puesta en el mercado de envases, recogida, reciclaje y valorización material de los mismos.

La falta de transparencia y trazabilidad

Si no conocemos, a ciencia cierta, cuántos envases se venden en España, difícilmente podremos saber cuántos de ellos son recuperados para su tratamiento/ reciclado. Esta no sería una tarea tan complicada, pues actualmente todos los envases domésticos tienen un código de barras que pasa por lectores que controlan su origen, destino y venta. Este problema fue tratado en el informe “Maldito plástico: reciclar no es suficiente”, en el que, usando datos oficiales de 2016 y 2017, se concluía que:

“Si realizamos una extrapolación mediante una media de los valores, que consideramos suficientemente representativos a nivel estatal, obtenemos que el nivel de recuperación/reciclaje de envases “de plásticos” en España rondaría el 25,4 %. Una cifra baja, teniendo en cuenta que el Sistema Integrado de Gestión (SIG-Ecoembes) sitúa el porcentaje de reciclaje de la fracción de envases ligeros (todos) en más de un 77,1 %. Por otro lado, la cifra de reciclaje de envases (domésticos, comerciales, e industriales) que el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) envía a Europa se situaría en el 70,34 %. Pero si sólo tenemos en cuenta los envases plásticos, esta cifra de reciclaje sería de un 45,46 %. Según sus datos de 2016, se habrían generado un total de 1.526.347 toneladas de envases de plástico (domésticos, comerciales e industriales) de los que se habrían reciclado 693.935 toneladas, lo que supondría ese 45,46 %. Estos datos incluirían no sólo los envases domésticos, sino también los comerciales e industriales, como ya hemos comentado”.

Después del cubo amarillo: las empresas recicladoras adjudicadas

Existe la creencia generalizada de que reciclar es tirar un envase correctamente al contenedor amarillo. Que la botella que arrojas se convertirá en otra botella o en otro envase gracias al milagro de la economía circular que tanto publicita Ecoembes. Las cifras estadísticas cuentan como “envases reciclados” aquellos que han sido separados por materiales en las plantas de clasificación y vendidos a las empresas recicladoras. Pero la realidad es bien distinta. El último eslabón, el del mundo de los gestores de residuos, es una red compleja que abarca desde el transporte y el almacenamiento hasta la selección de materiales o su tratamiento. Los residuos que salen de las plantas de selección van pasando por distintos gestores y se mezclan con otros flujos de residuos de distinta procedencia (industria, supermercados…). Cada gestor se queda con aquello que le es rentable económicamente y el rechazo va pasando al siguiente en la cadena de reciclaje. Es en este punto donde Ecoembes y las Administraciones pierden la trazabilidad de una parte importante de los residuos de envases.

“La investigación realizada por Greenpeace nos ha llevado a detectar residuos de envases plásticos españoles en vertederos del sudeste asiático”, explica la ONG

Teóricamente esta trazabilidad puede seguirse hasta las plantas de clasificación. A partir de ahí, saber qué porcentaje de los residuos plásticos acaban convertidos en materia prima para crear nuevos productos es prácticamente imposible. No existe una cifra concreta de toneladas recicladas anualmente. No todo lo que se recupera en una planta de clasificación de envases se recicla.

El material del cubo amarillo separado en las plantas de clasificación es subastado por Ecoembes a las empresas recicladoras adjudicadas. Estas empresas adjudicadas deben ser, además, homologadas por el SIG de Ecoembes. La homologación es un proceso de certificación que Ecoembes considera necesario para adjudicar el material del cubo amarillo a una determinada empresa. La empresa recicladora, una vez homologada, puede optar a esta adjudicación y comprar el material de las plantas de clasificación.

Cuando el material del cubo amarillo llega a las plantas de clasificación, éste es separado en cuatro tipos de plásticos : PET, PEAD, FILM y mixto. Los dos primeros tienen salida en el mercado (el PET de las botellas de agua, por ejemplo y el PEAD de los envases de detergentes), son los más rentables porque se reciclan mejor. Los otros tipos; el film, plásticos ligeros, bolsas, plástico de embalaje… que suelen estar mezclados o impregnados con otros residuos no son rentables, por eso en la subasta suelen adjudicarse a precio negativo. Ecoembes paga para que las empresas recicladoras se lo lleven. Estos plásticos, normalmente, acaban en el vertedero, con la excusa de ser empleado como muros de contención para sujetar la creciente montaña de basura.

Sin embargo, estas toneladas pasan a formar parte en las estadísticas como toneladas de plástico reciclado. Es decir, si calculamos que el 75 % de los envases del cubo amarillo no se reciclan… ¿dónde está esa cantidad ingente en la comunicación de Ecoembes? Una vez más, #EcoembesMiente. En los contratos de adjudicación entre Ecoembes y las empresas adjudicadas, aparece claramente la obligación de los recicladores “a acreditar las sucesivas entregas del material a los agentes integrantes de la cadena de la trazabilidad hasta su destino final de reciclado”. No obstante, este presumible control de trazabilidad, que debería permitirnos saber cuántas toneladas de envases del cubo amarillo consiguen reciclarse, o a qué productos se destinan como materia prima, o no existe o Ecoembes no ofrece esta información de manera accesible.

Adjudicaciones a empresas sancionadas

La imagen de Ecoembes como garante de la economía circular puede ser cuestionada no solo por la falta de transparencia en la trazabilidad del material vendido a las recicladoras, sino por incumplir, además, varias cláusulas de los contratos de adjudicación.

Este es el caso del depósito ilegal en Utiel (Valencia). Seis de las ocho empresas que acumularon en 2018 más de 30.000 toneladas de residuos en esas instalaciones valencias sin licencia de actividad, eran empresas homologadas y adjudicadas por Ecoembes (Cespa, Plascan –adjudicada de las Islas Canarias–, ClearPet, R Felma, Tr 2 y Saica). Estas empresas fueron sancionadas económicamente y obligadas a retirar íntegramente todo el plástico almacenado. En concreto, estas seis empresas almacenaron 29.195 toneladas.

No obstante, pese a la ilegalidad, Ecoembes volvió a otorgar a estas empresas las adjudicaciones en 2019 y en 2020. De esta manera, se incumplirían varias de las cláusulas de los contratos de adjudicación que Ecoembes establece con estas empresas: “Si Ecoembes o la/s empresa/s homologadora/s tuviera/n conocimiento de alguna irregularidad o carencia administrativa o medioambiental por parte de EL RECICLADOR, o de las empresas contratadas que intervengan en cualquier fase del proceso de valorización del material, podrá ser motivo de resolución del presente Contrato”. La noticia sobre el vertedero de Utiel fue publicada en varios medios de comunicación. Ecoembes debería tener conocimiento al respecto.

”EL RECICLADOR deberá informar por escrito a Ecoembes de los motivos de la parada, la fecha de inicio y de finalización previstas de la parada, así como el lugar y condiciones donde será almacenado el material y/o el tratamiento que se va a dar al mismo. Será causa de resolución una parada de la actividad superior a treinta (30) días naturales.” En el caso de Utiel, las empresas adjudicadas acumularon 29.195 toneladas durante más de un año, toneladas que pasaron a las estadísticas como recicladas. Asimismo, a estas empresas tampoco se les retiró la homologación, a pesar de que se cumplieron todos los requisitos de retirada, tal y como Ecoembes explica claramente en su web.

Plásticos Riaza S.L. (Segovia), es otro ejemplo de depósito ilegal que pone de manifiesto el incumplimiento de las obligaciones de estos contratos y la falta de vigilancia por parte de Ecoembes. De nuevo en este lugar se está almacenando de manera prolongada y fuera de plazos residuos plásticos. ‘Plásticos Riaza’ es una empresa adjudicada durante 2019 por Ecoembes. Los contratos de las adjudicaciones de Ecoembes obliga a la empresa recicladora “a procesar el material en un plazo máximo de seis meses” desde su retirada de las plantas de clasificación. Sin embargo, Plásticos Riaza S.L. almacenó durante bastante tiempo grandes cantidades de balas de envases en sus instalaciones.

Es en el último eslabón de la cadena –el de los gestores o recicladores–donde se extiende la mayor gran niebla misteriosa que impide seguir la trazabilidad de los residuos plásticos para saber si su destino final es el reciclado o no. Ecoembes considera como “envase reciclado” al material clasificado vendido a estas empresas recicladoras, es decir, en cuanto se entrega, se contabiliza “mágicamente” como reciclado. Pero es precisamente a partir de este momento donde se pone de manifiesto las grandes fallas del sistema de reciclaje.

Muchos de estos envases domésticos (hasta el 75 % de lo recogido en el contenedor amarillo) acaban en incineradoras, en vertederos ilegales, exportados o incluso quemados en numerosos incendios de las plantas de reciclaje.

Los fallos del sistema

Tras todo lo visto anteriormente, y teniendo en cuenta que Ecoembes no recicla ni el 25 % de los envases plásticos del contenedor amarillo, la pregunta es ¿dónde van a parar todos los demás millones de envases? Pues a vertederos, incineradoras, almacenes ilegales, a otros países… en definitiva, a contaminar el medio natural. Son los fallos del sistema que silencia Ecoembes.

La investigación realizada por Greenpeace nos ha llevado a detectar residuos de envases plásticos españoles en vertederos del sudeste asiático. Ecoembes es el responsable de la gestión de este tipo de residuos en España y debería velar para que esto no suceda.

Que en España exportamos basura plástica es una realidad. Según datos de Comtrade (Servicio de Estadística de la ONU) ocupamos el puesto 13 en la exportación de residuos plásticos en 2018, con 157.468 toneladas. En 2017, ocupamos el puesto nueve, con 302.260 toneladas.

“Estos envases domésticos (hasta el 75 % de lo recogido en el contenedor amarillo) acaban en incineradoras, en vertederos ilegales, exportados o incluso quemados”

La normativa que regula la exportación de residuos es sumamente compleja. Tanto a nivel de la UE como en la legislación española. El punto de partida es el Convenio de Basilea. Este Convenio de Naciones Unidas de 1989 regula el “control de los movimientos transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su eliminación”, y entró en vigor en España en 1994.

A través de esta enrevesada normativa, para realizar una exportación de residuos hay que tener en consideración el tipo de residuos que se va a exportar –es el exportador quien cataloga el residuo en función de su caracterización–, si su destino es la eliminación o la valorización y el país de destino. Cada país importador establece restricciones que deben ser consideradas por los Estados miembros de la UE para establecer qué requerimientos son necesarios, si de información o de autorización o, incluso, si la exportación está prohibida.

Además, dado que las exportaciones y los residuos están gestionados por diferentes autoridades y legislaciones (medioambientales y aduaneras) y que el Convenio de Basilea regula el traslado de residuos mundialmente, mientras que la UE tiene normativa propia, nos encontramos con diferentes listados de códigos para caracterizar los residuos que, ni son coincidentes, ni tienen equivalencias directas, complicando más el control. Tenemos, por ejemplo, los códigos TARIC47 o nomenclatura combinada arancelaria en la UE, los códigos LER48, de la Lista Europea de Residuos y los códigos de las listas A y B en los anexos VIII y IX del Convenio de Basilea. De hecho, ha sido necesario desarrollar reglamentos de ejecución con extensísimas tablas de correspondencia.

La dificultad en entender las exigencias de esta legislación sólo es superada por las dificultades en el control de su cumplimiento. En última instancia sólo es posible certificar el incumplimiento de la normativa controlando directamente la mercancía. Esto es, abriendo físicamente los contenedores en el puerto, cosa que, debido al elevado volumen, casi nunca sucede. El fraude más común es asignar un código diferente a los residuos, para que implique menores requerimientos y restricciones a su exportación.

Escasas autorizaciones por traslados de residuos

Greenpeace solicitó a la Subdirección General de Residuos todas las autorizaciones por traslados de residuos a países no sujetos a la OCDE realizadas en los últimos dos años. Sólo se realizaron 5 autorizaciones, un número muy bajo teniendo en cuenta la gran cantidad de transacciones realizadas en esos años (2018 y 2019), en concreto más de 4.600 exportaciones. Según datos de Aduanas extraídos de la Agencia Tributaria, la media de transacciones en 2018 fue de 259 transacciones mensualmente y, en 2019 (datos hasta noviembre), de 137 al mes.

El Ministerio para la Transición Ecológica reconoce que, en la práctica, todo depende de la buena voluntad de la empresa. Si se trata de un residuo debería contar con una autorización, pero este requisito se sortea simulando que es un subproducto para reciclar. La vigilancia queda reducida a los controles aleatorios en los puertos o bien a una indagación del Servicio de Aduanas, si tiene indicios de que alguna empresa esté cometiendo irregularidades.

Dado que la vigilancia es mínima –no alcanza al 4 % de las operaciones– es tremendamente sencillo realizar exportaciones ilegales sin ser detectado. De esta manera, enviamos a los países del sudeste asiático residuos plásticos que están tan contaminados y de tan ínfima calidad que su reciclaje se hace imposible. Esta basura plástica acaba en vertederos o saturando las incineradoras de los países de destino (ver el epígrafe ‘El caso de Malasia’).

El nuevo rumbo de los desechos

A comienzos de 2018, China aprobó su nueva política National Sword sobre residuos y reciclaje, que establecía nuevas restricciones a la importación de residuos y cerraba sus fronteras a la entrada de los residuos plásticos. Hasta ese momento, China era el principal receptor asiático de este tipo de residuos y, a partir de entonces, los flujos de residuos se desplazaron a otros países, principalmente del Sudeste Asiático. Así, países como Malasia, Indonesia, Filipinas o Tailandia se convirtieron en nuevos destinos de millones de toneladas de residuos plásticos generados y exportados desde países occidentales.

Este mismo 18 de febrero de 2020, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España manifestaba en una nota pública sus sospechas sobre el traslado ilícito de residuos: “Como resultado de estas inspecciones se ha podido detectar que una parte importante de residuos de plásticos exportados a los países asiáticos desde España no son trasladados de acuerdo a la normativa vigente, pudiendo resultar en muchos casos como traslados ilícitos.”

Esta nueva situación ha forzado a los gobiernos de estos países a imponer nuevas restricciones y a someter las importaciones a un mayor control. Las autoridades de Indonesia o Malasia ya han realizado operaciones de repatriación de contenedores rechazados por exportarse de manera fraudulenta. El objetivo es intentar frenar la entrada irregular de residuos supuestamente destinados al reciclaje.

El caso de Indonesia

En septiembre de 2019, las autoridades indonesias realizaron la devolución de dos contenedores de residuos plásticos. En octubre, el Gobierno indonesio acusaba a dos ciudadanos de Singapur de importar ilegalmente en el país 87 contenedores de residuos plásticos de varios países, entre ellos España. La empresa se llama PT Advance Recycle Technology y los residuos llegaron al Puerto de Tanjun Priok en junio de 201952.

Según la información recogida por los datos de aduanas de la Agencia Tributaria, los contenedores repatriados a España tenían como destino la provincia de Barcelona, aunque la empresa propietaria tiene su domicilio fiscal en Valencia.

El caso de Malasia

En abril de 2019, la ministra malasia de Energía, Ciencia, Tecnología, Cambio Climático y Medio Ambiente, Yeo Bee Yin, anunciaba que 24 contenedores de residuos plásticos provenientes supuestamente de España habían sido identificados al tratar de importarse de manera fraudulenta al país, a la vez que anunciaba que serían devueltos. Estos contenedores habían llegado a Port Klang (Malasia) de manera ilegal. En un comunicado de prensa del Ministerio malasio posterior, se informaba de la devolución de cinco contenedores de residuos plásticos que habían sido enviados a Malasia desde España de manera fraudulenta.

“Según datos de Comtrade (Servicio de Estadística de la ONU) ocupamos el puesto 13 en la exportación de residuos plásticos en 2018, con 157.468 toneladas”

La noticia llegó a España el 22 de mayo con este titular: Interceptado en Malasia tráfico ilegal de residuos plásticos procedentes de España. Pero no acaba ahí, en enero de este año 2020, el Ministerio malasio informaba que, hasta la fecha, se habían devuelto 10 contenedores de residuos plásticos a España, que habían sido exportados de manera ilegal. Con la información suministrada por el Ministerio malasio, se sobreentiende que, hasta la fecha, se han devuelto 10 contenedores a España, incluidos los 5 que se enviaron en mayo, y que aún quedarían varios contenedores por ser devueltos.

En España, el Ministerio para la Transición Ecológica tiene abierto un expediente sancionador a la empresa española exportadora. Greenpeace realizó una solicitud de información para tener más datos al respecto, pero fue denegada por continuar abierta la investigación. No obstante, según la información recogida por los datos de aduanas de la Agencia Tributaria, sabemos que los contenedores repatriados a España tenían como destino la provincia de Valencia.

Con estos datos sobre la mesa, Greenpeace decidió investigar la procedencia de estos contenedores que habían salido de un puerto español. Seguimos la pista a un envío que llegó a Port Klang (Malasia) el 15 de abril de 2019 (entre otros anteriores de otra compañía) de una empresa llamada “99 P Recycling (Ca) Ltd.” y que, en el documento, figura con domicilio en Valencia (España), más concretamente en el Polígono de Emchilagar del Rullo (Parcela Nº22). En la misma parcela y misma dirección que Iber Resinas S.L., una empresa recicladora homologada y adjudicada de Ecoembes. Este documento demuestra un envío de plásticos de España a Malasia a través de una empresa canadiense, pero que, casualmente, tiene la misma dirección física que una homologada por Ecoembes, y a la que adjudica, de manera habitual, residuos de envases plásticos para su gestión. Como hay un escaso o nulo control, además de una maraña legislativa, es relativamente fácil encontrar este tipo de trampas o falsedades documentales: tener varias empresas con la misma dirección física o fiscal.

Por otro lado, una fuente de confianza para Greenpeace en Malasia confirmó que la empresa Iber Resinas S.L. estaba siendo investigada en relación con los 24 contenedores enviados ilegalmente a este país en el mes de abril y que aparecía mencionada en un documento oficial como propietario de la mercancía:

Con la información que Greenpeace ha recabado, podemos concluir lo siguiente: sabemos que Ecoembes tiene homologada, y adjudica habitualmente residuos de envases, a Iber Resinas S.L.; que Iber Resinas S.L. se encuentra en Valencia y que su dirección fiscal aparece en la plataforma de información global de comercio exterior y cadena de suministro ’Panjiva’ vinculada a una operación específica de exportación a Malasia, el mismo mes que el Ministerio malasio informó de la llegada de contenedores españoles de manera irregular; sabemos que esa información ha sido corroborada, a su vez, en la documentación oficial de Malasia conseguida por una fuente de confianza para Greenpeace en el país asiático. Cabe destacar que, en ambos documentos, aparece el mismo error tipográfico en la dirección de la empresa Iber Resinas S.L, “EMCHILAGAR” en lugar de “ENCHILAGAR”. Con la información de Panjiva, Greenpeace ha podido relacionar a Iber Resinas S.L. con la empresa canadiense 99 P Recycling, que realiza envíos a Jia Hua Plastics. Esta empresa de Malasia pertenece a Megatrax, que tiene el monopolio del sistema integrado de gestión de ese país. Megatrax es una de las compañías más grandes de este sector en Malasia, que tiene un entramado que engloba a muchas empresas en todo el país y que cuyo nombre no son muy conocidos. A Malasia llegan muchos residuos de envases plásticos, muchos procedentes de Europa, y por tanto de España, aunque también se generan muchos envases del propio país. Estos residuos principalmente se incineran o bien acaban en vertederos ilegales, afectando a las comunidades más cercanas. Nuestra investigación en terreno nos llevó hasta empresas o fábricas, como por ejemplo una situada en Johor, llamado Wah Cens Plastic Industries, y comprobamos cómo todos los plásticos se incineraban en una planta de incineración denunciada por la comunidad local en Johor por su supuesta construcción ilegal.

En uno de los varios vertederos ilegales del país, en concreto el que existe en Jenjarom, en el año 2018 se encontraron varios envases plásticos procedente de marcas españolas y en el 2019, se volvieron a identificar nuevos envases. Ecoembes tiene el monopolio en la correcta gestión de los envases en España y debería de responsabilizarse de la aparición de envases en vertederos de países del sudeste asiático. A pesar de que este vertedero ha sido enterrado para ocultarlo tras las quejas y reclamaciones que recibió el gobierno, los lixiviados que generan estos residuos siguen contaminando los ríos de la zona.

Esta investigación ha sido complicada por la gran dificultad para acceder a la información, tanto aquí en España como en Malasia. Las grandes empresas de gestión tienen una gran influencia tanto a nivel político como en la sociedad. Sin embargo, los indicios encontrados nos llevan a pensar que no se está realizando una correcta gestión de los residuos de envases plásticos, aunque las empresas lo nieguen.

Tras la historía de los contenedores y la iniciativa de devolverlos por parte de Malasia, desde Greenpeace hemos observado un nuevo flujo de exportaciones españolas de residuos plásticos (con código TARIC 3915) desviándose en 2019 hacia Hong Kong, y abriéndose una nueva ruta para la basura plástica. Con este cambio de exportaciones Greenpeace denuncia cómo el sistema de reciclaje ha tocado techo de tal manera que, cuando un país cierra sus fronteras a la importación de plástico, en vez de buscar soluciones en nuestro propio sistema basándonos en reducir y reutilizar, lo que se hace es buscar otro país para exportar nuestra basura plástica.