Cristina Narbona
Una de las decisiones más acertadas del gobierno de coalición ha sido, sin ninguna duda, la denominada ‘excepción ibérica’, pactada con Portugal y aceptada por la Comisión Europea (CE), que ha supuesto un importante ahorro de más de 5.000 millones de euros en la factura de la luz de las familias, estableciendo un tope al precio del gas. De momento, la medida está prorrogada por la CE hasta final de este año; pero España mantiene además una intensa negociación con las instituciones europeas, defendiendo una reforma en profundidad del mercado eléctrico. Una reforma que traslade a los consumidores los costes decrecientes de producción de las energías renovables, y que permita reducir los beneficios extraordinarios ‘caídos del cielo’ de las grandes empresas del sector.
El PSOE ha recuperado peso desde 2018 –un 24,2%, cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno tras la moción de censura–, alcanzando el 31,7% en las elecciones celebradas el pasado 23 de julio, y consiguiendo una movilización del voto progresista, que ha contribuido a frenar la posibilidad de un gobierno de derecha y extrema derecha
La ‘excepción ibérica’ ha sido una de las medidas más denostadas por el Partido Popular (PP), que llegó a calificarla como el ‘timo ibérico’, mientras las autoridades comunitarias (varias, de adscripción conocida a partidos conservadores) valoraban muy positivamente la iniciativa del gobierno español. Pero no es la única ‘excepción iberica’: en estos días, España es noticia en los medios internacionales, ante un resultado de las elecciones generales muy diferente del pronosticado por la casi totalidad de las encuestas. El PSOE gana un millón de votos y dos escaños, respecto de las elecciones de 2019, a pesar de la incalificable campaña del Partido Popular y de Vox, cuya propuesta principal era la de “derogar el sanchismo”. Y al mismo tiempo cae Vox, perdiendo 19 diputados, comenzando seguramente un declive que sin duda se debe a la evidencia de sus nefastas actuaciones en los ayuntamientos y Comunidades Autónomas, donde ya gobierna con el Partido Popular.
En España y en Portugal, la socialdemocracia resiste ante los partidos de extrema derecha, que avanzan en todos los países de nuestro entorno, así como en el continente americano. En el caso de Portugal, el liderazgo de António Costa ha propiciado el aumento del peso del voto socialista desde el 32% en 2015, hasta el 41%,después de ocho años en el gobierno, aguantando el crecimiento de Chega. En el caso de España, el PSOE también ha recuperado peso desde 2018 –un 24,2%, cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno tras la moción de censura–, alcanzando el 31,7% en las elecciones celebradas el pasado 23 de julio, y consiguiendo una movilización del voto progresista, que ha contribuido a frenar la posibilidad de un gobierno de derecha y extrema derecha: aunque el PP ha incrementado 47 escaños, el retroceso de Vox impide una mayoría absoluta necesaria.
En ningún otro país de la Unión Europea (UE) los partidos socialistas llegan hoy al 30% de los votos, muy lejos de su papel hegemónico en los años ochenta del siglo XX. En algunos casos, como en Italia, se han diluido en formaciones políticas heterogéneas, difuminándose su ideario. La resistencia de los socialistas en la Península Ibérica podria deberse, además de al liderazgo de sus respectivos secretarios generales, al recuerdo de sus respectivos regímenes dictatoriales, todavía vivo en muchas personas mayores, que han transmitido a sus hijos y nietos la necesidad de defender la democracia, muy asociada a los valores del socialismo –aunque tal cosa no ha sucedido en Italia, con una historia similar… –.
En España se da una circunstancia adicional: la diversidad territorial, reconocida en la Constitución, que se refleja en la pluralidad política. El PSOE es el único partido que ha gobernado en todas las Comunidades Autónomas, y que ha demostrado capacidad de entender y gestionar dicha pluralidad política, sin ir más allá de lo establecido en la Carta Magna. Precisamente la posición ultranacionalista de Vox –que proponía en su programa electoral la devolución al gobierno de España de importantes competencias propias de las Comunidades Autónomas, así como la ilegalización de los partidos nacionalistas–, imposibilita la eventual investidura del Partido Popular con el apoyo de Vox.
Éste es mi último artículo para El Siglo. Me complace publicarlo precisamente cuando se pone de manifiesto que la ciudadanía es capaz de reaccionar ante un riesgo cierto de involución democrática. ‘El Siglo’ ha sido siempre un espacio abierto a todas las opiniones, sin el mínimo sectarismo. La profesionalidad y el compromiso con los valores democráticos de Pepe Garcia Abad y de todo su equipo, merecen hoy los mejores deseos y el agradecimiento de quienes hemos participado en el devenir de esta revista.
Presidenta del PSOE, partido del que es miembro desde 1993. Vicepresidenta Primera del Senado. Licenciada en Economía por la Universidad LUISS de Roma (1973), ha sido, entre otros cargos, secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (1993-1996) y ministra de Medio Ambiente (2004-2008), así como embajadora de España ante la OCDE (2008-2011). Desde enero de 2013, y hasta su elección como presidenta del PSOE, ha sido consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Es miembro del Global Sustainability Panel del secretario general de Naciones Unidas (2010-2012), de la Global Ocean Commision y de la Red española de Desarrollo Sostenible. También forma parte del colectivo Economistas frente a la Crisis.
