Destacado Económico / N.L.
El Círculo Cívico de Opinión ha publicado un duro informe como indica su título, ‘El error Escrivá’, donde se asegura que las pensiones, según el decreto ley sobre su reforma, no son sostenibles.
El Círculo Cívico de Opinión se constituyó en 2011 como foro de la sociedad civil, abierto, plural e independiente, alejado de los partidos, pero, asegura “no neutro (y menos neutral)”. Explican que su objetivo es ofrecer un vehículo para que grupos de expertos puedan identificar, analizar y discutir los principales problemas y dilemas de la sociedad española.
Entre sus socios, donde predominan los catedráticos, se encuentran: Fernando Becker, catedrático de Economía Aplicada; Victoria Camps, catedrática de Filosofía Moral y Política; Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional; José Luis García Delgado, catedrático de Economía Aplicada; Emilio Lamo de Espinosa, catedrático de Sociología; Antonio Llardén, presidente de Enagás; Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo; Elisa de la Nuez, abogada del Estado y secretaria general de la Fundación Hay Derecho; Javier Rupérez, embajador de España; José Manuel Sánchez Ron, catedrático de Historia de la Ciencia; José Juan Toharia, catedrático de Sociología, y Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política, entre otros.
Sostiene el Círculo que la última pieza de la reforma de pensiones aprobada por el Gobierno de Sánchez no es técnica ni políticamente sostenible: carece del respaldo de la comunidad de expertos en pensiones, no ha sido consensuada en la Mesa de Diálogo Social ni puede justificarse razonablemente en virtud de las recomendaciones del Pacto de Toledo, puesto que contraviene el principio de contributividad.
Éstas son sus razones
Al apostar por resolver el problema de la financiación de las pensiones fundamentalmente a través del aumento de las cotizaciones sociales, el Gobierno de coalición se ha situado a contracorriente de las tendencias de reforma predominantes, orientadas a ajustar el gasto mediante fórmulas que establezcan una relación más equitativa, en términos actuariales e intergeneracionales, entre las cotizaciones efectuadas a lo largo de toda la vida laboral y las prestaciones por jubilación.
España no está bien preparada ante la ola de jubilaciones de ‘baby boomers’ que se aproxima. Sin una nueva forma de hacer política de pensiones, las reformas que se aprueben serán insuficientes e ineficaces, conducirán a una opacidad creciente del sistema y se percibirán socialmente como injustas.
José Luis Escrivá ha dado por culminado “el proceso de modernización del sistema público de pensiones”. Sin embargo, en un intento de salir al paso de las críticas por haber decretado una disposición de semejante entidad prescindiendo del debate parlamentario, el ministro se comprometió a tramitarla como proyecto de Ley, una propuesta que recibió el respaldo unánime de los diputados del Congreso.
Con la convocatoria de las elecciones generales anticipadas, éste es uno de los muchos proyectos que han caducado, imposibilitando la discusión de su contenido, de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios y su votación. Al próximo Gobierno le corresponderá decidir si presenta de nuevo el mismo proyecto de Ley o no, y, en este último caso, si mantiene el Real Decreto Ley 2/2023, convalidado el pasado 30 de marzo sólo con los votos a favor de los partidos del Gobierno y de sus socios parlamentarios, o si inicia un proceso de elaboración de una nueva norma que lo derogue.
En opinión del Círculo, la fórmula diseñada por Escrivá no elimina el “riesgo político”, que es el objetivo fundamental de este tipo de mecanismos de ajuste automático; es más, verosímilmente acabará desembocando bien en ajustes de las prestaciones, bien en mayores aumentos de cotizaciones sociales. Piden para sustituirle una persona que, además de conocer bien la materia, tenga capacidad de escucha. / EP
Cualquiera de las opciones que tome el nuevo Gobierno tendrá que contar con el beneplácito de la Comisión Europea. En efecto, como condición para librar próximos pagos de los fondos Next Generation, la Comisión ha exigido la aprobación de medidas orientadas a garantizar la viabilidad financiera de las pensiones; es decir, a evitar que el acelerado aumento del gasto en pensiones que va a producirse en España durante el segundo cuarto de este siglo como consecuencia de la jubilación de los ‘baby boomers’ (nacidos en las dos últimas décadas previas a la aprobación de la Constitución), genere déficits públicos que comprometan el buen funcionamiento de la economía española y acaben lastrando a las economías europeas.
Contra la opinión de la mayoría de los expertos
Además de carecer del respaldo de prácticamente toda la comunidad de expertos en pensiones –incluyendo en ella a las instituciones del Banco de España y la AIReF, encargadas de velar por el buen funcionamiento del sistema financiero y la sostenibilidad de las financias públicas, respectivamente–, no ha sido consensuado en la Mesa de Diálogo Social, puesto que sólo obtuvieron el respaldo de los sindicatos.
Por añadidura, esos cambios tampoco pueden justificarse razonablemente en virtud de las recomendaciones acordadas en el seno de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo a finales de 2020, no sólo porque ninguna de ellas prefigura medidas como las adoptadas, sino también porque una parte significativa de los cambios dispuestos en el Decreto Ley contradice un principio fundamental del sistema de pensiones español que todos los acuerdos del Pacto de Toledo, desde su origen en 1995, han defendido: la contributividad (es decir, la existencia de una relación de proporcionalidad entre el esfuerzo de cotización efectuado por los trabajadores y las prestaciones que reciben como pensionistas).
La ‘reforma Escrivá’ incluye diversas normas con las que el Gobierno de Sánchez se ha propuesto cumplir los nueve objetivos relativos al sistema de pensiones que estableció en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobado por la Comisión Europea en junio de 2021.
Visto bueno de la Comisión Europea
Hasta la disolución del Congreso de los Diputados y el Senado el pasado 29 de mayo, la Comisión Europea había ido dando su “visto bueno” a las medidas presentadas por el Gobierno español en relación a los siguientes objetivos: la modificación del complemento de maternidad de las pensiones, la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, la alineación de la edad efectiva de jubilación con la edad legal de jubilación, la sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional, el impulso de los sistemas complementarios de pensiones y la aprobación de un nuevo sistema de cotizaciones de los trabajadores autónomos por sus ingresos reales.
La comprobación por parte de la Comisión del cumplimiento de estos objetivos ha posibilitado el acceso a los tres primeros tramos de financiación europea en diciembre de 2021, julio de 2022 y marzo de 2023, respectivamente. Ahora bien, el desembolso del cuarto tramo de los fondos, previsto para septiembre de 2023, depende de la evaluación satisfactoria no sólo de los dos objetivos del componente 30 todavía pendientes –la adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación y la adecuación de bases máximas de cotización–, sino también de un análisis conjunto de todos los hitos recogidos en ese componente que permita valorar su eficacia en términos de lo que más preocupa a la Comisión Europea: la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. Una evaluación negativa podría complicar la recepción del cuarto tramo, incluso plantear reservas sobre desembolsos anteriores.
El ministro Escrivá se ha empeñado a fondo para convencer a la Comisión de que la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones es posible sin emprender ajustes en los parámetros de cálculo de las prestaciones (que reducirían la relación entre éstas y los salarios percibidos antes de la jubilación; es decir, la tasa de sustitución) y, más aún, soportando el aumento del gasto resultante de la revalorización automática de las prestaciones de acuerdo con el IPC (y sin ‘cláusula de escape’ aplicable bajo circunstancias excepcionales) y la mejora de las pensiones contributivas mínimas (para aumentar su poder adquisitivo). ¿Cómo? Incentivando el retraso de la jubilación e incrementando los ingresos del sistema a través del alza de las cotizaciones sociales.
Tres cambios importantes
La clave en la que confía el Gobierno de Sánchez radica, por tanto, en que trabajadores y empresarios contribuyan más a la financiación del sistema de pensiones, alargando sus carreras laborales y aumentando sus cotizaciones.
En concreto, el Decreto Ley que pone el colofón a la reforma de las pensiones dispone tres cambios importantes sobre las cotizaciones:
1) Eleva el tipo correspondiente al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que se aprobó en diciembre de 2021 (inicialmente fijado en 0,6 puntos porcentuales) y que comenzó a operar el 1 de enero de 2023, alargando, además, su vigencia hasta 2050;
2) Alza progresivamente (también hasta 2050) la base máxima de cotización de los salarios por encima del IPC, a un ritmo de crecimiento muy superior al de la pensión máxima que concede el sistema de la Seguridad Social.
Y 3), añade una cotización a las retribuciones que superen la base máxima, a modo de “cuota de solidaridad” de los trabajadores con salarios más altos.
Ninguno de esos tres aumentos de cotización se incorpora al cálculo de la pensión, por lo que, por definición, su aplicación debilita el carácter contributivo del sistema; lógicamente lo hace en mayor medida para quienes se encuentran más lejos de la jubilación, es decir, para los más jóvenes.
De ahí que provoquen perplejidad las reiteradas declaraciones del ministro según las cuales esta reforma beneficia a los jóvenes, ya que son precisamente ellos los que realizarán durante muchos años cotizaciones adicionales que no se tendrán en cuenta en el cálculo de sus pensiones.
Supuestamente, estos ingresos adicionales por cotizaciones evitarán que cuando los jóvenes de hoy se jubilen, perciban pensiones cuyas tasas de sustitución sean más bajas que las de los actuales pensionistas. Pero esa garantía o ‘blindaje’ no la ofrece el Decreto Ley, toda vez que establece un arreglo para corregir los déficits contributivos que puedan generarse en el sistema.
En efecto, dado el interés que ha manifestado la Comisión Europea por los mecanismos de ajuste automático, el Decreto Ley incluye un dispositivo ‘semiautomático’. Se trata de un mecanismo en cuya sofisticada operativa intervienen la AIReF, el Ageing Report de la Comisión, el Gobierno y el Pacto de Toledo; una filigrana procesual que, al final, acaba reconociendo que, en ausencia de acuerdo parlamentario para aprobar medidas correctoras de las desviaciones entre ingresos y gastos del sistema de pensiones, aumentará el tipo de cotización previsto en el MEI en la cuantía necesaria para compensar el déficit contributivo.
Riesgo político
Así pues, la fórmula diseñada por Escrivá no elimina el “riesgo político”, que es el objetivo fundamental de este tipo de mecanismos de ajuste automático; es más, verosímilmente acabará desembocando bien en ajustes de las prestaciones, bien en mayores aumentos de cotizaciones sociales.
Aunque discutibles, ninguna de las anteriores piezas de la reforma de pensiones que el Gobierno ha ido diseñando y aprobando desde 2021 ha suscitado un rechazo tan amplio como este Decreto Ley. Y no sólo porque, en contra de lo esperado, renuncia prácticamente a ampliar el periodo de cómputo de la base reguladora (en línea con lo que establecieron las reformas de pensiones de 1985, 1997 y 2011, la primera y la última bajo gobiernos del PSOE), sino, sobre todo, porque en lugar de avanzar en la racionalización del gasto en pensiones en virtud de criterios demográficos (crecimiento de la esperanza de vida) y financieros (consolidación fiscal), apuesta por el aumento de los ingresos y la ampliación de las prestaciones.
Este aumento de las cotizaciones implica necesariamente un encarecimiento del empleo en beneficio, no de las rentas salariales y de los trabajadores, sino de la Seguridad Social y los pensionistas.
Supone, además, elevar una imposición sobre el trabajo que, en el texto europeo, destaca por su elevado tipo (28,3%) y por la abultada proporción de él que corre a cargo del empleador (más de cuatro quintas partes), razones por las que, desde hace décadas, ha prevalecido entre los representantes políticos y los responsables de la Seguridad Social el consenso de que los tipos de las cotizaciones sociales no debían subir; un consenso del que, por cierto, también participaba Escrivá cuando presidía la AIReF.
A contracorriente
El Gobierno de coalición ha decidido, por tanto, situarse a contracorriente de las tendencias de reforma que han predominado en España desde el decenio de 1980 –y que predominan en la mayoría de los países de nuestro entorno que cuentan con sistemas de pensiones de reparto–, orientadas a ajustar el gasto en pensiones mediante fórmulas que establezcan una relación más equitativa, en términos actuariales e intergeneracionales, entre las cotizaciones efectuadas a lo largo de toda la vida laboral y las prestaciones vitalicias percibidas durante la jubilación.
En los apenas tres meses que han transcurrido desde que se publicó este Decreto Ley, la comunidad de expertos en pensiones ha publicado un buen número de informes coincidentes en señalar que –incluso suponiendo que el alza de las cotizaciones no perjudicara al empleo, a los salarios y a la productividad– el incremento de los ingresos contributivos no podrá absorber el aumento del gasto en pensiones esperado en las próximas décadas; un aumento que el Gobierno ha intensificado al desplegar medidas tales como la revalorización automática de todas las prestaciones de acuerdo con el IPC, la subida de las pensiones contributivas mínimas o la cobertura de las lagunas de cotización.
Coinciden también los expertos en señalar que, si las proyecciones del ministro Escrivá excluyen la posibilidad de un déficit creciente del sistema de pensiones, es porque sobrevaloran el crecimiento medio del PIB y sobreestiman el efecto de los incentivos al retraso de la jubilación; es decir, porque se han diseñado con supuestos excesivamente optimistas.
Sin embargo, en lugar de escuchar y debatir la elaboración y los resultados de estos análisis, el ministro ha optado por descalificarlos y tildarlos de interesadamente exagerados, “injustificados” y “someros” (en comparación con los suyos, “robustos” y “sólidos”), llegando incluso a arrojar dudas sobre la honestidad intelectual de sus autores.
El ‘error Escrivá’ reside en su convicción adanista de que ha resuelto el problema de las pensiones para siempre, de manera que ya no hay que preocuparse por el aumento del gasto ni sus posibles consecuencias sobre el empleo, la competitividad, la equidad intergeneracional y los compromisos de consolidación fiscal del Estado.
Más aún, se muestra convencido de que ha encontrado la fórmula magistral de la sostenibilidad financiera de las pensiones, como pronto habrán de reconocer otros Estados miembros con sistemas de pensiones de reparto que sufran una presión financiera creciente.
Está muy lejos de haber conseguido el consenso mínimo necesario para asegurar su estabilidad en el tiempo; y ello, porque suscita el rechazo de actores clave en cualquier reforma de las pensiones, como son los empresarios y los expertos. Ni unos ni otros pueden ser desoídos en un proceso de reformas, como tampoco cabe desoír a los sindicatos o a las asociaciones que agrupan a pensionistas, jubilados, trabajadores mayores y ‘seniors’.
En este insuficiente consenso residió la fragilidad de la Ley 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy; y en él reside también la fragilidad del Real Decreto Ley 2/2023 del que el Gobierno de Sánchez se enorgullece.
La realidad de las pensiones se impone. Elíjase el indicador que se elija, todos certifican desde hace años el incremento del gasto en pensiones como consecuencia del aumento del número de prestaciones y de su importe medio.
El gasto en pensiones representa ya aproximadamente el 40% del gasto público en España: 190.687 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Con todo, el ‘problema de las pensiones’ no estriba en que estas prestaciones constituyen la principal partida de gasto del Estado, sino en que muy probablemente durante las tres próximas décadas esa partida va a seguir aumentando a un ritmo intenso.
Por otra parte, los pilares privados del sistema de pensiones se han impulsado sin resolución, incluso un tanto ‘a regañadientes’, cuando no ‘a hurtadillas’. Es cierto que una de las piezas de la reforma de pensiones de este Gobierno puede impulsar el desarrollo de las pensiones de empleo (el segundo pilar del sistema), pero no cabe pasar por alto que, antes de que se haya podido comprobar que la norma cumple satisfactoriamente los objetivos para los que fue diseñada (incluso bastante antes de que fuera aprobada), el Gobierno rebajó drásticamente los incentivos fiscales a las aportaciones a planes de pensiones privados, provocando así la primera caída del patrimonio del tercer pilar del sistema de pensiones desde que se creó a finales del decenio de 1980.
¿Y ahora qué?
Como se ha señalado, el próximo Gobierno tendrá que decidir el futuro del Real Decreto Ley 2/23, algunas de cuyas disposiciones comenzarán a aplicarse ya desde 2024. El Círculo Cívico de Opinión defiende como mejor opción posible que el nuevo Ejecutivo asuma la iniciativa de sustituir las disposiciones contenidas en el Decreto Ley por otras que no sólo tengan asegurado el respaldo de una mayoría parlamentaria, sino que alcancen la máxima legitimidad social posible.
La primera condición para abrir ese proceso es la de poner al frente de la iniciativa a una persona que, además de conocer bien la materia, tenga capacidad de escucha y discusión razonada y sosegada, que respete a sus interlocutores y, sin renunciar a tratar de convencerles de sus propias posiciones, esté dispuesta a estudiar y valorar otras; una persona que, ante la incertidumbre especialmente intensa de estos tiempos, actúe de acuerdo con los principios de prudencia y moderación.
El Pacto de Toledo no ha conseguido alumbrar ese consenso en casi 30 años de vida; permita, pues, que se construya fuera de él. Y que se haga sin demora, toda vez que el paso del tiempo agrava los problemas a los que se trata de dar respuesta, pero también sin establecer plazos tan estrechos que acaben condenando el proceso al fracaso.
