Destacado Económico / N.L.
Antonio Garamendi, nacido en 1958 en Getxo (Vizcaya), licenciado en Derecho, que ganó las elecciones como presidente de la CEOE en noviembre de 2022, en un segundo y último mandato, pues está limitado el ejercicio del cargo a dos periodos de cuatro años, trabaja para cambiar el estatuto de la patronal que limita sus facultades.
Puede permitirse cambiar los estatutos para mantenerse en un cargo que –en su primera elección tras la conclusión del mandato de Rosell consideró que “no tocaba”–, además de proporcionarle un gran protagonismo le proporciona un sueldo de 380.000 euros al año. / EP
Garamendi, que se mostró partidario de mantener la limitación de mandatos cuando ocupaba la presidencia el catalán Juan Rosell, a quien sucedió en el sillón de la madrileña sede de la calle Diego de León cuando éste se retiró en 2018, ha cambiado ahora de opinión para mantenerse indefinidamente en la poltrona de la confederación empresarial.
A Garamendi, lo mismo que a los demás presidentes de la CEOE, con excepción de Gerardo Díaz Ferrán –Carlos Ferrer Salat, José María Cuevas, y Juan Rosell– se le ha criticado en el mundillo empresarial porque no es un verdadero empresario, no pasando de la categoría de consejero salvo su periodo como CEO de Bankoa.
Su carrera se ha limitado al ámbito de las asociaciones industriales, en el País Vasco de donde es oriundo donde presidió la patronal de jóvenes empresarios Ceaje, y fue vocal de la Cámara de la Propiedad de Vizcaya. Y en Madrid como presiente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) y de la Federación Española del Metal (ConfeMetal).
Controla la organización
En las pasadas elecciones para presidir la CEOE, el vasco ha demostrado que controla la organización al obtener 534 votos, el 83% de los emitidos, frente a la otra candidata, la vicepresidenta de Foment del Treball, Virginia Guinda, que obtuvo 87 votos.
Puede, pues, permitirse cambiar los estatutos para mantenerse en un cargo que –en su primera elección tras la conclusión del mandato de Rosell consideró que “no tocaba”–, además de proporcionarle un gran protagonismo le proporciona un sueldo de 380.000 euros al año.
Garamendi ha iniciado su proyecto de “modernización” con la reunión de los vicepresidentes –a la que no asistieron ni el presidente de la Cepyme, Gerardo Cuerva, ni sus adversarios, el presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre –que aplaudieron la propuesta, como lo hicieron en la junta directiva del 21 de junio y como lo harán en la asamblea general del 19 de julio–.
Garamendi se propone también que se le aplique la norma prevista para los presidentes que sean elegidos por aclamación, que no tienen que pasar por la votación de la Asamblea General del nuevo presidente. Se evita de esta forma los votos en contra, secretos, de los vocales que enturbiaría la aceptación del nuevo presidente.
CEOE no es política, pero adopta posiciones que si lo son
“Nos ocupamos de los convenios –explicó Garamendi en una entrevista para este periódico– pero como institución que entiende que su principal función es la defensa de los intereses de los empresarios también nos consideramos una institución de la sociedad civil empeñados en el bienestar de todos los españoles.
De hecho, estamos convencidos de que el interés de los empresarios es el bienestar de todos, empezando por la paz social. Por eso hablamos no sólo de convenios, sino también de medio ambiente, de energía, de política industrial, de estabilidad política, de educación y sostenemos que hay que poner a las personas en el centro de todas las políticas”.
Insiste Garamendi en que la CEOE no es política, pero no puede abstraerse de lo que afecta al interés general e insiste en la necesidad de pactos de Estado por encima de los intereses partidarios. “Cómo no vamos a interesarnos por las pensiones y lamentar que el Pacto de Toledo haya saltado por los aires, una cuestión de largo alcance que hay que afrontar dialogando con serenidad. O de cómo gestionar la inmigración. O de la necesidad de llegar a un consenso para una reforma profunda de la educación abordando seriamente la formación dual, la formación continua… E incluso debemos abordar otros aspectos que parecen ajenos a la economía pero que repercuten en la confianza ciudadana como la renovación del Tribunal Constitucional, la CNMC, el Consejo General del Poder Judicial…
Insiste en que en CEOE no son políticos, pero tienen mucho que decir y que aportar siempre desde tres grandes requisitos que expresa de la siguiente forma: “Primero: independencia para ser libres y decir lo que queremos. Segundo: con sentido de Estado. Nos podemos equivocar pero que nadie pueda decir que lo hemos hecho con mala fe. Y tercero, lo que es un punto clave que está faltando en España y que yo lo pongo siempre encima de la mesa: lealtad. Somos leales al presidente del Gobierno sea quien fuere, el que decidan los españoles. Nuestra obligación como institución que representa una parte fundamental de la sociedad civil es ser leal con el Estado”.
