Cristina Narbona.
El título de este artículo coincide con el de una novela –prohibida en España durante toda la etapa franquista– escrita en 1958 por Fernando Morán, a cuya muy notable trayectoria, como diplomático comprometido con el socialismo, rendimos un merecido homenaje hace pocos días.
Y esa coincidencia me permite arrancar esta reflexión sobre la nefasta gestión de nuestros recursos naturales, manifestando mi orgullo por haber compartido con Fernando Morán mi etapa de concejal en el Ayuntamiento de Madrid; y haber tenido entonces ocasión de comprobar su interés por las cuestiones ambientales, a pesar de pertenecer a una generación que apenas había recibido información sobre la interacción entre la ecología y el bienestar humano.
La mortandad de peces y crustáceos en el Mar Menor que algunos han querido atribuir al último episodio de lluvias torrenciales DANA en realidad se trata de la evidencia de un colapso ambiental provocado por décadas de desidia y de codicia
Sí, también se nos mueren los mares. Mucha gente desconoce que la mitad del oxígeno que respiramos procede de los océanos, que a su vez almacenan la cuarta parte del CO2 que producimos al quemar combustibles fósiles, actuando como un gigantesco mitigador del calentamiento global. Los océanos proveen de alimentos a miles de millones de seres humanos, generando empleo en muy variados sectores productivos y con un extraordinario potencial en el ámbito de la investigación científica. Pero el desconocimiento de esa enorme importancia no puede ser una excusa para quienes tienen responsabilidades públicas y deben velar por la conservación de los mares.
Durante los últimos días hemos visto imágenes terribles sobre la masiva mortandad de todo tipo de peces y crustáceos en el Mar Menor. Una mortandad que algunos han querido atribuir al último episodio de lluvias torrenciales, DANA, cuando en realidad se trata de la evidencia de un colapso ambiental provocado por décadas de desidia y de codicia. De desidia, en particular, por parte de la administración autonómica, con competencias en agricultura y en medio ambiente, que ha tolerado –incluso alentado– el aumento de regadíos en el Campo de Cartagena que han sobreexplotado y contaminado los acuíferos, contraviniendo así las correspondientes directivas europeas, en particular las relativas al uso de nitratos.
Y de codicia, sobre todo por parte de algunas grandes empresas agrícolas, lo suficientemente conocedoras del impacto que causaban con su actividad, pero con muy pocos escrúpulos al respecto. Hace ya muchos años que las organizaciones ecologistas y numerosos expertos de la propia Universidad de Murcia venían advirtiendo de la progresiva degradación del Mar Menor; y los efectos de dicha degradación han sido cada vez más visibles, afectando negativamente tanto a la pesca como al turismo. Así que, ahora sí, existe una amplia concienciación ciudadana, y por lo tanto una creciente exigencia a los responsables de todas las administraciones. La Fiscalía también ha tomado cartas en el asunto, dada la presumible existencia de delitos ecológicos. Según los informes del Seprona, entre 2012 y 2016 cuatro empresas han vertido al Mar Menor el equivalente a 1.400 piscinas de agua altamente contaminada con nitratos.
Ojalá estemos a tiempo de revertir esta situación, y, de paso, reorientar de una vez por todas ese paradigma del “agua para todos”, que en su día se utilizó como arma política contra el gobierno socialista tras la derogación del trasvase del Ebro, la gran panacea para seguir aumentando (teóricamente sin límite) los regadíos en la cuenca del Segura… Por cierto, fue la propia Comisión Europea la que se negó a financiar aquel proyecto –a pesar de las presiones del gobierno Aznar–, mientras, por el contrario, concedió financiación al Programa Agua: una alternativa basada en actuaciones para aumentar el ahorro y la eficiencia en el uso del agua –modernizando los regadíos y reduciendo pérdidas en los suministros urbanos–, mejorar su calidad, reutilizar el agua adecuadamente depurada, y construir plantas de desalación, aprovechando los avances de una tecnología en la que las empresas españolas eran ya líderes a nivel mundial. En el Programa AGUA estaba también previsto mejorar el control de nuestras aguas subterráneas, y hay que reconocer que apenas pudimos avanzar; en algunos casos, como en el acuífero que nutre las Tablas de Daimiel, el Ministerio de Medio Ambiente adquirió fincas para reducir el regadío, una medida que previsiblemente puede adoptarse en otras zonas de España ante la dificultad de una vigilancia más estricta. Durante aquella legislatura (2004-2008) pusimos también en marcha una Comisión específica para el diagnóstico y el diseño de soluciones para el Mar Menor, en la que se invitó a participar a la administración autonómica y a los ayuntamientos, a los representantes de los diferentes sectores productivos, a ONG ambientales y a expertos. Lamentablemente no se pudo ir más allá de un primer diagnóstico, dada la nula implicación de quienes mayor capacidad tenían para implementar las soluciones.
Pero vale la pena recordar que el año 2001 el gobierno regional del Partido Popular derogó la Ley de Protección Integral del Mar Menor -–a única iniciativa legislativa de esta naturaleza hasta ahora– que había sido aprobada en 1987 por el gobierno socialista –y que había sido inmediatamente recurrida y obstaculizada por el Partido Popular–.
Aquella ley pretendía frenar el urbanismo rampante y el uso intensivo de los acuíferos que ya comenzaba a constituir una amenaza para este valioso y singular ecosistema, y chocó contra los poderosos intereses económicos que han condicionado la evolución de dicho entorno. Más de 30 años perdidos por culpa de ese cortoplacismo que tanto daño nos hace a nosotros y, sobre todo, a las generaciones futuras.
Presidenta del PSOE, partido del que es miembro desde 1993. Doctora en Economía por la Universidad de Roma, ha sido, entre otros cargos, secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (1993-1996) y ministra de Medio Ambiente (2004-2008), así como embajadora de España ante la OCDE (2008-2011). Desde enero de 2013, y hasta su elección como presidenta del PSOE, ha sido consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Es miembro del Global Sustainability Panel del secretario general de Naciones Unidas (2010-2012), de la Global Ocean Commision y de la Red española de Desarrollo Sostenible. También forma parte del colectivo Economistas frente a la Crisis.
