Julio Rodríguez López
En la última legislatura 2019-2023 la vivienda ha sido un tema de continua referencia dentro de la política económica y social. Al medio año de gobierno se modificó la norma para actualizar los alquileres. Con el gobierno anterior del Partido Popular se había rebajado hasta tres años el plazo mínimo del contrato de alquiler y no estaba claro cuál era el indicador a emplear para actualizar los alquileres. El Real Decreto-Ley 7/2019 restableció el periodo mínimo del contrato de alquiler en cinco años y se recuperó al índice de precios de consumo como indicador de referencia para la actualización de los contratos de alquiler. En dicha norma se redujo hasta los tres quintos del número de propietarios al quorum preciso para autorizar o impedir la creación de viviendas turísticas en las comunidades de propietarios.
Es importante la propuesta de Sumar de limitaciones al alquiler turístico, de habitaciones y de temporada, figuras que han reducido la escuálida oferta de viviendas de alquiler privado en España
En septiembre de 2020, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) publicó en el Observatorio de Vivienda y Suelo “Boletín Especial Vivienda Social 2020” una aproximación estadística a la situación de la Vivienda Social en el contexto de la Unión Europea (UE). En la publicación citada se recogió información sobre la dimensión del parque de viviendas sociales de alquiler en la UE. Dicho parque supone en la UE el 9,3% del parque de viviendas principales y el 8,4% del total de viviendas familiares.
En el caso de España el parque en cuestión, que asciende a 452.040 viviendas, supone sólo el 2,5% de las viviendas principales y el 1,8% del conjunto de viviendas familiares. La proporción más elevada corresponde a los Países Bajos, con el 30% de viviendas sociales sobre las viviendas principales, seguido por Austria (24%), Dinamarca (20,9%) y Suecia (19%). El bajo peso de las viviendas sociales de alquiler en España sólo es superado a la baja por los antiguos países comunistas del este de Europa, excluida Chequia, que tiene un 9,4% de viviendas sociales de alquiler respecto de las viviendas principales.
La publicación de la estadística citada ha tenido un amplio impacto en la opinión pública, lo que ha dado pie a recordar que en España, entre la segunda parte del pasado siglo y las dos primeras décadas del siglo presente, se construyeron unos siete millones de viviendas de protección oficial (VPO), que disfrutaron de amplias ventajas para su edificación, tanto de destino privilegiado del suelo urbanizable como de financiación crediticia en mejores condiciones que en el mercado.
Dichas viviendas se destinaron básicamente a hogares de niveles medios y medios-altos Las VPO no integraron una auténtica política social de vivienda. Pasado algún tiempo se descalificaron y pasaron a ser viviendas libres, vendiéndose a precios de mercado. En este momento, las antiguas viviendas protegidas están fuera del circuito de la vivienda social.
En noviembre de 2021, se aprobó un anteproyecto de Ley de Vivienda, cuya aprobación definitiva por las Cortes Españolas se ha retrasado hasta mayo de 2023. En el texto final destacan las correcciones introducidas por los partidos nacionalistas, que han limitado el marco de actuación estatal.
En los programas electorales para el 23-J del PSOE y de Sumar, la vivienda tiene un peso relevante. En el caso del PSOE se recoge la voluntad de desarrollar las posibilidades abiertas en la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda. Dicho programa establece el objetivo de alcanzar un 20% de vivienda pública de alquiler en los próximos años, en línea con la situación relativa de dichas viviendas en Estados miembros de la UE como Francia, Países Bajos y Alemania. El programa electoral en cuestión describe las piezas integrantes del denominado Plan para el Alquiler Asequible, plan apoyado en las aportaciones de suelo procedente de la empresa pública Sepes, en la financiación crediticia del ICO y en las viviendas en poder de Sareb, el ‘banco malo’ que adquirió activos inmobiliarios de las entidades de crédito afectadas por la crisis de 2008-2012. El programa socialista incentiva la rehabilitación.
El programa electoral de Sumar en materia de vivienda es, asimismo, ambicioso. Dentro del mismo destaca el compromiso de elevar de forma sustancial el gasto público en materia de vivienda hasta el 1% del PIB durante diez años (en 2023 el presupuesto estatal de vivienda equivale al 0,45% del PIB). Se propone condicionar los beneficios fiscales de que disfrutan las Socimis y los fondos de inversión inmobiliarios en función de la aportación al bienestar general que realicen. Destaca la habilitación que proponen al Estado o a las administraciones locales para instar a las autonomías que no lo hayan hecho a declarar zonas de mercado residencial tensionado en los ámbitos que establece la Ley por el Derecho a la Vivienda. Es importante la propuesta de limitaciones al alquiler turístico, de habitaciones y de temporada, figuras que han reducido la escuálida oferta de viviendas de alquiler privado en España.
El peso de la vivienda en el programa electoral del Partido Popular resulta bastante más reducido que en el caso de las dos fuerzas políticas de izquierda. En el punto 90 de dicho programa se propone un pacto genérico de Estado sobre la vivienda, en el que participen también autonomías y ayuntamientos. El punto 91 recoge la formula británica conservadora que han puesto ya en marcha las autonomías gobernadas por el PP, de avalar a los compradores de vivienda para que el préstamo hipotecario para la compra de vivienda ascienda hasta el 95% del precio de venta de las viviendas. En el punto 93 se llega algo más lejos, al indicar que se “movilizará” el suelo de titularidad pública para la promoción de viviendas en alquiler asequible, y en el punto 94 se dice que se promoverá la vivienda social, sin ninguna precisión adicional.
Respecto de Vox, propone reintroducir la desgravación fiscal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a la compra de vivienda para los adquirentes y para los arrendatarios, medidas que suelen beneficiar más a promotores y a propietarios de vivienda, respectivamente.
A la vista del serio problema de acceso a la vivienda en España y de la notable dimensión del mismo, resulta positivo que aparezcan en los programas electorales propuestas de actuación más o menos específicas. La cuestión descansa en la voluntad política posterior a las elecciones de poner en marcha las actuaciones propuestas.
Vocal del Consejo Superior de Estadística del INE. Doctor en CC. Económicas por la UCM (1977). Es Estadístico Superior del Estado, en situación de excedencia, y Economista Titulado del Banco de España, en situación de jubilación. Ha sido consejero de Economía de la Junta de Andalucía, presidente del Banco Hipotecario de España, presidente de Caja de Ahorros de Granada, presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada y gerente de la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente es miembro de Economistas frente a la Crisis y de la Plataforma por una Banca Pública.
